La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción a la adhesión a la Ley Nacional de Trabajo Social, que jerarquiza la profesión y amplía incumbencias. Charlamos al respecto con Desiré Stival, presidenta del Colegio Profesional de Asistentes Sociales de la Provincia de Santa Fe.

El pasado 4 de junio la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia dio media sanción a un proyecto de ley para adherir a la Ley Nacional Nº 27.072 de Trabajo Social, sancionada en diciembre de 2014.

El proyecto fue presentado por el diputado Rubén Galassi en coautoría con los diputados José Corral, Celia Arena, Carlos Del Frade y Alejandra Rodenas y obtuvo media sanción con 32 votos positivos y 14 de rechazo.

Esa normativa nacional a la que busca adherir ahora la provincia tiene como objetivos promover la jerarquización de la profesión de trabajo social por su relevancia social y su contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales; establece, además, un marco normativo de carácter general para la profesión de trabajo social en Argentina, sin perjuicio de la aplicación de las normas locales que regulan la matriculación, fiscalización y control del ejercicio profesional; y determina las incumbencias profesionales de los/as trabajadores/as sociales en todo el territorio nacional.

"El escenario en el que nos encontramos hoy es el resultado de un proceso de construcción profesional, técnico y político que lleva más de una década de trabajo, donde las gestiones institucionales precedentes han impulsado la adecuación normativa en la provincia a partir de conversaciones y consensos con los distintos actores involucrados", explica en diálogo con Pausa la presidenta del Colegio Profesional de Asistentes Sociales de la Provincia de Santa Fe (1° Circunscripción), Desiré Stival.

- A casi 12 años después de la sanción de la ley nacional, Santa Fe está cerca de conseguir la adhesión a la normativa. ¿Qué trabajo vienen haciendo desde los colegios profesionales de Santa Fe y Rosario en este sentido?

- El Proyecto de Adhesión Provincial a la Ley N°27.072 no es nuevo sino que se han presentado otros dos proyectos con anterioridad. El primero en el año 2019 mediante el Expediente N°36.375 y luego en 2024 con el Expediente N°53.721. Estos antecedentes muestran la insistente lucha profesional e institucional de los colegios profesionales en la búsqueda por promover la jerarquización del Trabajo Social en los diferentes espacios ocupaciones y ampliar las incumbencias y derechos de las y los trabajadores sociales matriculados. Siguiendo ese camino, y en el marco de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), celebrada en la ciudad de Santa Fe el 24 y 25 de abril, las comisiones directivas de ambos Colegios convocamos a un plenario estratégico que reunió a diputados y diputadas de diferentes bloques, representantes directivos de las unidades académicas de Rosario y Santa Fe, referentes de colegios profesionales de otras provincias que ya han logrado las adhesiones provinciales a la Ley Federal. Este encuentro fue un hito clave para consolidar los argumentos técnicos, profesionales y políticos que fundamentaron la necesidad de la media sanción primero y renuevan la necesidad de la sanción definitiva.

Protejer el trabajo y a sus trabajadoras/es

Consultada sobre los principales puntos de la ley y los vacíos que viene a cubrir en cuanto al ejercicio de la profesión, Stival comenta: "La ley instituye un marco de jerarquización institucional al redefinir los alcances de la profesión a través de la reserva y ampliación de las incumbencias profesionales. En primer lugar, la normativa supera la visión operativa del Trabajo Social al establecer la competencia académica y técnica de las y los trabajadores sociales para el asesoramiento, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como para la dirección de instituciones y la producción de conocimiento científico a través de la investigación y la docencia de grado y posgrado".

"En segundo lugar, la ley delimita con claridad la exclusividad profesional en la elaboración de informes sociales, sociosanitarios, socioambientales y periciales lo que permite resguardar la especificidad del saber técnico-profesional en ámbitos comunitarios y en la administración de justicia y garantiza que ninguna otra figura sin la titulación universitaria de grado pueda suplantar esta intervención", señala la profesional, y agrega en ese sentido: "Asimismo, la norma promueve que la formación de Trabajo Social se consolide en el nivel universitario superior, facilitando la igualdad de condiciones en el acceso a trayectorias académicas y de posgrado".

Para Stival, la necesidad de la adhesión provincial a esta normativa nacional, es más urgente que nunca: "En la compleja coyuntura actual signada por la agudización de las desigualdades, la precarización en las contrataciones, despidos de colegas y reformas que impactan en las prácticas institucionales, la adhesión provincial a esta ley se constituye como una herramienta de protección colectiva indispensable".

Y agrega otro aspecto central e innovador de la legislación: "Introduce una perspectiva de cuidado hacia los propios equipos profesionales; al incorporar el derecho a la formación continua, los espacios de supervisión de la práctica y el reconocimiento del desgaste laboral como una problemática colectiva, la ley protege activamente la salud mental de quienes sostienen cotidianamente el diseño y la ejecución de las políticas sociales en las comunidades".

El Trabajo Social en Santa Fe

En la provincia, tanto la Universidad Nacional del Litoral como la Universidad Nacional de Rosario tienen la carrera de Licenciatura en Trabajo Social. En la UNR hay actualmente 674 estudiantes y en la UNL unos 2522.

Estas carreras de grado coexisten con dos institutos de formación terciaria, en Reconquista y en Venado Tuerto, que otorgan títulos de asistente social y cuyos egresados se encuentran actualmente habilitados para matricularse en el Colegio profesional.

El mismo día en que se logró la media sanción en la Cámara de Diputados, otro proyecto ingresó para su tratamiento. El texto, presentado por un grupo de legisladores del norte provincial, busca crear un marco normativo propio para los graduados de institutos de educación superior no universitaria.

Estos legisladores plantearon sus reservas respecto del proyecto que finalmente tuvo media sanción (que exige el título universitario para ejercer la profesión) porque consideran que, de aprobarse, corren riesgo los terciarios.

Sobre esto, Stival señala: "Nuestra posición como colegios profesionales es clara: coincidimos plenamente con los legisladores en que ninguna localidad puede quedar relegada, y es precisamente por esa razón que defendemos con firmeza el Proyecto de Adhesión a la Ley Federal N° 27.072. Creemos que sostener una fragmentación de la matrícula o propiciar un marco regulatorio que promueva la ambigüedad en las titulaciones no representa una solución; por el contrario, funciona operativamente como una estrategia de dilación del proceso de adhesión histórica, desdibuja la identidad profesional y genera una regresión en materia de derechos profesionales adquiridos. Para los Colegios, la matriculación no es un mero acto administrativo, formal o de carácter individual, sino una garantía colectiva, un respaldo ético-técnico y un control público que asegura una intervención competente. De hecho, el proyecto presentado por Galassi presenta un principio progresivo en tanto reconoce los derechos de las y los colegas que cuentan con titulación terciaria y que se han matriculadas/os con la Ley N°7754/76".

La profesional también aclara que el Trabajo Social no es equivalente a profesiones de otra índole donde las competencias de un título técnico y uno de grado se pueden dividir de manera lineal. "Nuestra práctica interviene directamente sobre la vulneración de derechos y la vida de las personas en situaciones críticas. Incluso, el andamiaje jurídico-institucional vigente en nuestra provincia y a nivel nacional —expresado en leyes de vanguardia como la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley Provincial N° 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñeces y Adolescencias, o la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, entre otras— ya exige explícitamente que las prácticas profesionales específicas y los equipos de atención interdisciplinaria estén conformados por Licenciados/as en Trabajo Social", explica.

Por todo esto, desde los colegios profesionales entienden que el proyecto de los legisladores del norte provincial "plantea funciones auxiliares supervisadas por licenciadas/os en Trabajo social, reduciendo las oportunidades laborales de los propios egresados terciarios y atentando contra el criterio de equidad territorial que debe regir en Santa Fe. No estamos ante una disputa sectorial, sino ante un proceso de jerarquización colectiva que busca igualar las oportunidades de formación de toda la provincia".

- ¿Pudieron tener algún acercamiento con los legisladores que presentaron ese proyecto para plantearles sus inquietudes?

- Luego de la presentación de este proyecto en la Legislatura hemos iniciado conversaciones con los autores del proyecto con el propósito de vehiculizar nuestras observaciones técnico-políticas y esclarecer las implicancias de la Ley Federal.