La investigadora Virginia Aparicio se enfrenta a un sumario administrativo que podría hacerla perder el cargo e impedir su reingreso a organismos estatales por investigar los residuos de plaguicidas en distintos elementos.

La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet en la Estación Experimental Balcarce, enfrenta un sumario administrativo por su rol como coordinadora argentina del Proyecto SPRINT, que midió residuos de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas.

Según el abogado de Aparicio, Mario Bolla, el expediente propone su exoneración, la sanción más grave del empleo público nacional, que implicaría perder el cargo e impediría reingresar a organismos del Estado.

Aparicio lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Balcarce y cree que esta sanción puede haber surgido con los primeros datos de su investigación.

“Tenemos algunos plaguicidas que aparecen contundentemente en todas las matrices, en todas las muestras, tanto en suelo como en la sangre de los individuos, en la materia fecal, en la orina, en los hisopos nasales, en las pulseritas que les pusimos para usar, pero también en las matrices biológicas animales”, explicó la investigadora al sitio especializado Bichos de Campo.

“Estamos conviviendo con plaguicidas. Y no es Argentina: conviven también los italianos, los de Países Bajos, los españoles”, añadió.

El proyecto SPRINT del que forma parte la investigadora

El proyecto SPRINT fue aprobado dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea y comenzó en septiembre de 2020, con Argentina como único país extracomunitario. La primera etapa buscó 209 plaguicidas en muestras de once países; en el país participaron 73 personas de ciudades, pueblos y establecimientos agropecuarios.

Los resultados estuvieron disponibles en 2023 y ese año el vínculo se quebró. Según reconstruyó Bichos de Campo, en junio el INTA le prohibió a Aparicio difundir las mediciones y frenó una reunión para devolver los resultados a los participantes.

Además, en diciembre, el organismo se retiró del proyecto. El INTA y el sector agropecuario cuestionan enfoque europeo y temen a que los datos afecten a la agricultura convencional.

El sumario

Según la investigadora, a fines de 2024 hubo consultas internas sobre sus funciones en SPRINT y a comienzos de 2025 fue citada a declarar. Bolla detalló que se le imputan ocho hechos, entre ellos un supuesto perjuicio material grave para la administración pública, que la defensa rechaza al recordar que el financiamiento fue europeo.

Aparicio atribuye el proceso a la aparición de los datos y describe un clima de aislamiento: “parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”. Ella y su abogado creen que la sanción ya está decidida por la conducción actual del organismo y sostienen que casi no tuvieron oportunidad de defensa.

El INTA está presidido por Nicolás Bronzovich, designado con vigencia desde el 3 de septiembre de 2025 (Decreto 684/2025), tras el rechazo del Congreso a reestructurar el organismo.

La defensa sindical a la investigadora

La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) difundió un comunicado en el que expresó “preocupación” por la situación de la investigadora del organismo y denunció que atraviesa una situación de “persecución, censura y silenciamiento” dentro del organismo.

“La investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional”, sostuvo la organización gremial, que planteó que los investigadores deben poder desarrollar sus trabajos, comunicar sus resultados y aportar conocimiento a la sociedad.

En otra pieza difundido bajo el título “Basta de persecución en el INTA”, APINTA volvió a referirse a Aparicio y sostuvo que los resultados del proyecto SPRINT fueron adversos en relación con la salud pública, particularmente para el sector productivo.

El gremio lanzó una campaña para juntar firmas en apoyo a Aparicio.

Con información de elDiarioAr