Sindicatos de todo el país, universidades y organizaciones de derechos humanos reclamaron que el Congreso trate los proyectos para sostener la vigencia de la Ley 12.908. La norma regula las condiciones laborales específicas de la actividad periodística.

Con la consigna «No vendan el Estatuto del Periodista», trabajadores y trabajadoras de prensa de distintos puntos del país se movilizaron esta semana frente al Congreso de la Nación para exigir que el Senado avance con el tratamiento de los proyectos que buscan proteger la actividad periodística. El reclamo apunta a evitar que el próximo 1° de enero entre en vigencia la derogación de la Ley 12.908, una normativa histórica que establece derechos y garantías específicas para quienes trabajan en medios de comunicación.

La convocatoria fue impulsada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), y reunió también a representantes de carreras universitarias de comunicación, organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

Durante la jornada, las organizaciones desplegaron una bandera frente al Congreso con un mensaje dirigido a los legisladores: «Senadores, diputados: no vendan el Estatuto del Periodista, la libertad de expresión y el derecho a la información». Además, presentaron un pedido formal ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por Carmen Álvarez Rivero, para reclamar una convocatoria urgente que permita discutir las iniciativas parlamentarias.

El secretario general de SiPreBa, Agustín Lecchi, cuestionó la falta de actividad legislativa y sostuvo que la comisión no volvió a reunirse desde la sanción de la reforma laboral. "Las y los senadores que muchas veces hablan de la regulación laboral no están haciendo su laburo", afirmó.

Por su parte, la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi, vinculó la discusión con el escenario de ataques a la libertad de expresión y las condiciones de trabajo en los medios. La dirigente advirtió que la derogación de la ley deja al sector más expuesto frente a las presiones políticas y económicas de las empresas periodísticas, en un contexto en el que la libertad de prensa en el mundo cayó a su nivel más bajo de los últimos 25 años.

Qué protege el Estatuto del Periodista

La Ley 12.908 fue sancionada en 1946 y constituye el marco normativo específico para el ejercicio profesional del periodismo en Argentina. Su alcance comprende a trabajadores de diarios, revistas, agencias de noticias y también al personal que realiza tareas periodísticas en medios audiovisuales.

Entre sus disposiciones establece categorías profesionales, regula aspectos de la jornada y las condiciones de trabajo, contempla mecanismos de estabilidad laboral y fija indemnizaciones especiales ante despidos injustificados. También incluye garantías vinculadas con la libertad de pensamiento y el ejercicio profesional: su artículo 5 establece que no puede negarse ni retirarse la matrícula profesional como consecuencia de las opiniones expresadas por un periodista.

Uno de sus puntos centrales es la protección frente a los despidos arbitrarios. El artículo 38 considera la estabilidad del periodista profesional como una base esencial de la normativa, mientras que el artículo 39 establece un régimen de indemnizaciones que contempla, además de la compensación por antigüedad, una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo en los casos de despido injustificado.

La derogación de este marco específico fue incorporada a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero de 2026. El artículo 197 dispone la abrogación de la Ley 12.908, aunque establece que la medida tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2027.

La discusión, por lo tanto, no se limita a la continuidad de una norma antigua. Para los sindicatos, eliminar el Estatuto sin reemplazarlo por una regulación específica implica dejar a los trabajadores de prensa sin protecciones construidas a lo largo de décadas, en un contexto de precarización, despidos y concentración empresarial.

Los proyectos para sostener la protección

El reclamo sindical se articula con distintas iniciativas legislativas presentadas durante este año. En septiembre ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto 4953-D-2026, impulsado por el diputado Sebastián Galmarini junto a otros legisladores de Unión por la Patria. La propuesta busca derogar los artículos de la reforma laboral que eliminaron los estatutos especiales del sector y restablecer la vigencia de la Ley 12.908, además de las normas que protegen al personal administrativo de empresas periodísticas y de agencias de noticias.

La iniciativa también propone crear una mesa de actualización de los estatutos del trabajo periodístico para discutir una regulación adaptada a las transformaciones tecnológicas y laborales de la actividad, entre ellas el teletrabajo, las plataformas digitales y la inteligencia artificial.

En el Senado, la discusión ya había tenido instancias previas. En septiembre, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión recibió a representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) para debatir sobre la elaboración de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional. En junio, representantes de FATPREN, SiPreBa, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) y la Asociación de Prensa de Santa Fe, entre otras organizaciones, habían participado de la presentación de una propuesta normativa.

Una defensa que excede a los sindicatos

El reclamo reunió adhesiones de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, la comunicación y la libertad de expresión. Entre ellas estuvieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), Periodistas Argentinas, la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), la Red de Carreras de Comunicación Social (REDCOM) y la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.

También acompañaron la jornada los senadores Mariano Recalde, Marcelo Lewandowski, Jimena López, Ana Inés Marks y María Teresa González, el diputado nacional Esteban Paulón y el legislador porteño Gabriel Solano.

Desde las organizaciones convocantes sostienen que la defensa del Estatuto no es una demanda sectorial aislada. Las condiciones laborales de quienes producen información, plantean, también inciden en la posibilidad de investigar, informar y publicar sin condicionamientos económicos o políticos.

Con menos de dos meses para la fecha prevista de entrada en vigencia de la derogación, los trabajadores de prensa buscan que el Congreso discuta una salida legislativa.