Fue impulsora clave de la anulación de las leyes de impunidad para represores. Era la hija del histórico periodista Rodolfo Walsh.

La dirigente de izquierda Patricia Walsh falleció este jueves luego de haber padecido problemas respiratorios por los que estuvo internada durante los últimos días. La exdiputada e hija del histórico periodista Rodolfo Walsh tenía 74 años y dejó varios hitos en la lucha por la defensa de los derechos humanos.

Como diputada nacional durante 2001 y 2005, Patricia fue autora e impulsora de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían sido dictadas para garantizar la impunidad de los represores de la última dictadura cívico-militar argentina.

La caída de esa legislación fue concretada durante el gobierno de Néstor Kirchner en agosto de 2003 y contó con el apoyo de varios sectores. Al final de la sesión, diputados de distintos sectores hicieron fila en el recinto para saludar a Walsh en su banca y reconocer su lucha.

Desde hacía varios días Patricia estaba internada en la clínica Suizo Argentina, donde había sido operada de un pulmón. Según se informó, tras la cirugía devinieron complicaciones que desataron una neumonía que produjo el desenlace.

Fue periodista y psicóloga social. Nació en 1952 y su vida estuvo marcada por el compromiso político y conciencia de clase que desde temprano heredó de su familia. Su padre, ícono del periodismo argentino, y su hermana María Victoria fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Como dirigenta de izquierda, Patricia Walsh promovió la unidad de ese sector al que representó como candidata a presidenta de la Nación en dos oportunidades. Luego fue diputada nacional y legisladora de la ciudad de Buenos Aires.

Este último cargo lo ocupó entre 2007 y 2009 porque compartió el período de cuatro años con otro dirigente de ese mismo armado político.

La historia de su padre, autor de Operación Masacre, la marcó. Acusó a los represores responsables del secuestro y crimen de Rodolfo, declaró en las causas abiertas por ello y en las que también se activaron por la muerte de su hermana Vicki.

Patricia tenía 24 años cuando Vicki fue asesinada y 25 cuando desaparecieron a su padre. Sufrió la persecución. Tras el retorno de la democracia, reimpulsó su actividad pública de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Denunció los crímenes en su familia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y años después, en 1999 fue candidata a presidenta de la Nación por la alianza Izquierda Unida, integrada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Comunista (PC).

En su plataforma siempre estuvieron la defensa de los derechos humanos, el respeto por los derechos de los trabajadores y la oposición a las políticas económicas neoliberales, de ajuste permanente y exclusión.

En 2000 volvió a presentarse como candidata a jefa de gobierno porteño por la Alianza de Izquierda y en 2003 volvió a aspirar a la Presidencia de la Nación. Su mayor protagonismo había comenzado en 2001, cuando fue electa diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

“En el Congreso, mi primer proyecto va a ser pedir la nulidad absoluta de las leyes de impunidad y del indulto. Porque yo soy una militante por los derechos humanos. Ese es mi compromiso más importante”, dijo por entonces.

Encabezó el bloque unipersonal de Izquierda Unida, integró las Comisiones de Educación; Derechos Humanos y Garantías y Libertad de Expresión, y desde siempre mantuvo un estrecho vínculo con los organismos de derechos humanos.

También estuvo ligada a distintas reivindicaciones sociales, los derechos de las mujeres los derechos civiles de los sectores más postergados. En 2011 integró Proyecto Sur, el espacio pensado por el fallecido cineasta y diputado Pino Solanas. Años después apoyó el Frente Camino Popular, que aglutinó a referentes de la vida gremial.

En mayo pasado, Patricia declaró en el juicio por la masacre de la calle Corro. En la sala de Comodoro Py contó cómo había reconstruido lo que pasó con su hermana y otros cuatro militantes montoneros que fueron asesinados el 29 de septiembre de 1976. Habló de la conmoción que le produjo enterarse de que las fuerzas represivas se habían llevado a su sobrina, la “Tolita”, quien finalmente fue devuelta a sus abuelos paternos.

Con voz firme, les dijo a los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 7: “Un país sin justicia es un país sin futuro”. Por los tiempos de los tribunales, Patricia ya no llegará a escuchar la sentencia que tanto esperó.

Con información de Página 12