Todos somos inundados

“De alguna forma estamos construyendo lentamente la memoria, nos estamos dando la posibilidad de escribir la otra historia, la propia, la verdadera”. Esa es una de las consignas que mueve a la Marcha de las Antorchas, un grupo de inundados que llevan 308 manifestaciones públicas pidiendo juicio y castigo para los responsables de la peor inundación que sufrió la ciudad de Santa Fe, que afectó en forma directa a 130 mil personas y que se llevó más de 150 vidas, contando las 23 que reconoció en su momento el Estado provincial y las que se registraron posteriormente por las secuelas.

El martes 29 de julio (sí: justo un 29) no será un día cualquiera para la Marcha: ese día cumplen cinco años resistiendo y exigiendo. Y una vez más, la Plaza 25 de Mayo será el escenario del habitual ritual de los inundados en reclamo de justicia. Como lo fue otro 29 de julio, pero de 2003, cuando trascurridos tres meses del ingreso de las aguas del Salado a la ciudad un importante grupo de vecinos inundados provenientes de diferentes barrios y de diversos sectores sociales desembarcó en la Plaza, frente a Casa de Gobierno, con el objetivo de “poner freno a la impunidad”.

Primero habían sido las asambleas barriales en el Club República del Oeste, luego un encuentro interbarrial en el ex Ferrocarril Mitre, que finalmente derivó, aquel 29 de julio, en la instalación del Museo y de la Carpa Negra de la Memoria y la Dignidad en la Plaza 25 de Mayo.

Con el surgimiento de la Carpa Negra, casi en simultáneo, el grupo comenzó a marchar cada martes –porque fue el día que ingresó el agua a la ciudad– con velas en sus manos. Con el tiempo se transformaron en antorchas. Desde entonces, la Marcha de las Antorchas se convoca cada martes y cada 29 a caminar por la plaza central de la ciudad –núcleo de la vida política e institucional–, para realizar un homenaje a las víctimas y reclamar, ante los Tribunales y la Casa Gris, “Justicia en todo y para todos” y “Juicio y castigo a los culpables”. Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Roberto Rosúa, Martín Balbarrey, Horacio Rosatti, Marcelo Álvarez, Edgardo Berli, Ricardo Fratti, Claudio Tibaldo, Adriana Cavutto, Juan Carlos Mercier, Mario Esquivel, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco son algunos de los señalados como responsables políticos de la inundación y de que no avance la causa judicial.

JUSTICIA Y TRABAS. La ocupación del espacio público se mantiene en forma sistemática desde hace un lustro, a pesar de los sucesivos obstáculos impuestos. La historia del movimiento se nutre de actos y manifestaciones inéditas para la ciudad, que incluyeron escraches a funcionarios municipales y provinciales, reclamos a la Justicia y presentaciones ante organismos nacionales.

En estos cinco años, los inundados clavaron en el corazón de la Plaza de Mayo las cruces de los muertos que dejó la inundación: “Son un grito de no al olvido”, sostienen. Esas cruces fueron robadas en tres oportunidades y repuestas otras tantas veces.

Pero no son el vandalismo infantil de algunos sectores políticos ni la nula respuesta de la Justicia las únicas trabas que debió sortear la Marcha: también existen ciertas características culturales del “ser santafesino”, si tal cosa existe. “Aprendimos a decir las cosas por su nombre y a ponerle cuerpo”, explican. “El aprendizaje de la Marcha fue empezar a salir a la Peatonal a desestructurar y romper con ese silencio de la sociedad santafesina, para poder gritar y decir, nombrar y señalar en la Peatonal a los responsables”.

Los integrantes del movimiento destacaron siempre que su reclamo trasciende la reparación material por las pérdidas de bienes y de vidas. Lo que se persigue es la recuperación del valor de la justicia. “A medida que pasaba el tiempo, nos fuimos fortaleciendo en la idea de culpabilidad de los gobernantes de entonces. Fuimos consiguiendo cada vez más pruebas de esa responsabilidad y cada vez más muestras de su perversidad”, señalan los inundados.

LA RESISTENCIA. Cuando se instaló la Carpa Negra de la Memoria y Dignidad en Plaza de Mayo, era uno de los momentos de mayor conflictividad social y participación en las movilizaciones de los inundados. La convocatoria lograba llenar la plaza. En esos días se inició una de las primeras instancias judiciales contra los inundados, cuando el juez Correccional Orlando Pascua ordenó el allanamiento de la Carpa fueron detenidos un grupo de afectados bajo el cargo de “robo de energía”.

Unos meses más tarde, los roces con el poder llegarían a uno de sus picos más tensos. El 29 de enero de 2004, en el acto por los nueve meses de la inundación (comienzo de la gestión de Jorge Obeid) hubo destrozos en el frente de Casa de Gobierno. Los inundados denunciaron la presencia de infiltrados, señalados como responsables; a la indiferencia frente a la denuncia siguió una Plaza rebosante de policías. En los meses siguientes, muchos vecinos regresaron a sus barrios atemorizados, en un abandono lento pero paulatino.

En los actos públicos y en cualquier instancia en la que pudieran presentarse los funcionarios públicos señalados como responsables de la inundación y de la represión de la protesta, los inundados se trasladan para expresarles sus reclamos cara a cara. Dos veces, incluso, hicieron lo propio ante el entonces presidente Néstor Kirchner: “¡No olvide la inundación presidente!”, le gritaron. Lo cierto es que, desde entonces, no hizo otra cosa que consolidar sus vínculos políticos con el senador Reutemann, con quien sólo rompería lanzas hace poco tiempo, lock out mediante. Mas esos vínculos se reforzaron lejos de la ciudad. “Hay una urgencia que nos mantiene unidos”, dicen desde la Marcha, “y es que se haga justicia. Por eso logramos que Reutemann no vuelva a Santa Fe”.

Y LA INSISTENCIA. A mediados de 2004 el empresario José Mustafhá, directamente afectado por las aguas del Salado, presentó en la Oficina Anticorrupción de la Nación un escrito para que el organismo investigue si se cometieron irregularidades en el uso de los fondos que la provincia de Santa Fe recibió del gobierno nacional durante 2003, para paliar las consecuencias de la inundación.

Pero el hecho que marcó el 2004 se produjo el 23 de octubre, en la vereda del actual Ministerio de la Producción, entonces conocido como Magic. Ese día hubo una reunión cuyo eje era la distribución de la cuota Hilton. Los inundados se enteraron por los medios de la presencia del senador Reutemann: era la primera vez que aparecía en la ciudad desde que dejara la Casa Gris, en diciembre de 2003. El “gran regreso” del Lole se convirtió en un escándalo: hubo desmanes e incidentes y al final fueron detenidos tres inundados. Entre ellos, el propio Mustafhá.

La Marcha otra vez debió sobrellevar, unos meses más tarde, los arbitrios del poder. El 15 de abril de 2005, en Tribunales, se realizó un escrache contra el juez de Instrucción de la 7° Nominación, Diego de la Torre, a quien se acusa de dilatar la investigación de la causa inundación. Fue una protesta relámpago, duró apenas unos minutos. Bastó para que los pesados engranajes de la Justicia se movieran rápidamente: el juez de Faltas Héctor Valli resolvió indagar a dos de los manifestantes, Héctor Sanagustín y Graciela García, por “incumplimiento de normas legales y de seguridad en edificios públicos”. La causa, que derivó en detenciones, fue impulsada por el secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia. Graciela García resume aquel episodio en pocas palabras: “Estuvimos detenidos por manifestarnos y los máximos responsables de lo que nos pasó siguen sueltos”.

LA CAUSA. El 19 de abril de 2006 el juez de Instrucción Jorge Patrizzi elevó a sentencia los procesamientos de tres ex funcionarios: Marcelo Álvarez (intendente cuando la inundación), Edgardo Berli (ministro de Obras Públicas) y Ricardo Fratti (director provincial de Obras Hidráulicas). En el mismo escrito, Patrizzi sobresee de culpa y cargo al ex gobernador, que ni siquiera declaró. Así se dio por cerrada la investigación. Ningún recurso presentado luego por los denunciantes prosperó.

Recién en marzo de este año la causa fue elevada a juicio, por decisión del fiscal de Distrito Nº 2, Norberto Nisnevich. En la presentación inicial se exige la investigación de los presuntos delitos de abandono de persona, daños patrimoniales, morales y pérdidas de vidas humanas, incumplimiento de los deberes de funcionario público; en los papeles, Patrizzi invoca “estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas”.

En abril la Corte provincial denegó un recurso extraordinario de apelación. Ahora los denunciantes interpusieron una queja ante la Corte Suprema de la Nación por “denegación del recurso extraordinario federal”. “Creíamos que la causa podía llegar a resolverse a través de la justicia, pero hoy entendemos que quienes la administran son los mismos que protegen esa impunidad y la reproducen”, dicen hoy los inundados.

NUEVOS INTERLOCUTORES EN LA CASA GRIS. El primer gesto de Hermes Binner, luego de asumir como gobernador, fue quitar las vallas que separaron, a lo largo de seis años, la Casa de Gobierno de la Plaza de Mayo. Luego, el secretario de Justicia, Roberto Vicente, convocó a los integrantes de la Marcha de las Antorchas a una reunión. Casi de inmediato –en la marcha del 29 de enero– el propio Binner charló con los inundados, pero esa vez fue en la plaza.

También estuvo en el lugar el 29 de abril, participando primero como oyente y luego como orador, en el acto en que se conmemoraron los cinco años. Una semana más tarde, convocó a los integrantes de la Marcha de las Antorchas –y también de otras organizaciones sociales y de derechos humanos– a “conformar una mesa de concertación” para “empezar a trabajar” con el propósito de abordar los problemas de la ciudad aportando información que permita que “la Justicia actúe”, según remarcó el propio Binner.

Sin embargo, los inundados de la Marcha reiteraron la necesidad de traducir esos gestos en acciones concretas. “Aprendimos a relacionarnos con las autoridades, a entender lo que dicen y a no ceder, a relacionarnos con otros grupos sin ser cooptados por ello”, explican desde la Marcha. “Marchamos para que en cada paso quede la necesidad de verdad y justicia. A cada paso una consigna. A cada paso una sentencia a los culpables. La insistencia, más que la resistencia, es lo que sostiene la existencia de la causa inundación. Y la sensación de que al irnos queda una letanía que espera cada martes y cada 29 para renovarse”.

Publicado en Pausa #11, 25 de julio de 2008.

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