Por Julián Martínez, concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe
El 29 de abril de 2003 la mañana arrancó como era habitual en mi rutina. Fui a tomarme el 8 para ir a la escuela Pizarro y cuando apenas llegué me mandaron nuevamente a casa porque: “en los barrios del norte está entrando agua en las casas”. Pasaron 21 años, pero el recuerdo de ese día y lo acontecido en todo su transcurso permanece como una película imborrable en mi cabeza, donde en cada aniversario se proyecta como un film ininterrumpido de imágenes, sonidos, olores y dolores.
Aquel día marcó un antes y un después en la vida de miles de santafesinos y santafesinas, incluyendo la mía. Un día que comenzó con falsas promesas y terminó convirtiéndose en una pesadilla interminable.
El entonces intendente, Marcelo Álvarez, aseguró que no había motivo para alarmarse, que las crecidas del río no representaban un peligro para los barrios del sudoeste. Mi mamá, confiando en esas declaraciones oficiales, nos tranquilizó a mis hermanos y a mí, repitiendo las mismas palabras que escuchó en la radio. Mentiras que pronto se desvanecerían ante la furia desatada del agua.
En cuestión de horas, un torrente incontenible invadió nuestro barrio, las casas, los departamentos y los recuerdos. Todo lo que se había construido con esfuerzo y dedicación durante años se derrumbó ante nuestros ojos por la corriente sin piedad alguna. El caos se apoderó de todo, con gritos desgarradores y llantos desconsolados resonando en la oscuridad que nos envolvía.
Aquella supuesta "catástrofe hídrica" no fue un evento inesperado como quisieron hacernos creer. Las advertencias estaban ahí, pero fueron ignoradas por quienes juraron protegernos. Recuerdo también la siguiente anécdota: cuando finalmente se acudió al Estado en busca de ayuda, nos encontramos con una realidad aún más cruel: el Fonavi San Jerónimo no existía en los registros catastrales, figurando como un simple terreno baldío. Fue como si nos hubiesen borrado del mapa. Eso fue el mensaje oficial.
No obstante, en medio de esa oscuridad, brilló una luz de esperanza. La solidaridad de las vecinas y los vecinos dispuestos a tendernos una mano, a abrigarnos y a darnos el apoyo emocional que tanto necesitábamos fueron el motor que nos impulsó a seguir adelante.
Lamentablemente, muchos de los responsables de esta tragedia evitaron enfrentar las consecuencias de sus actos, gozando de impunidad hasta el final de sus días. Pero después de 21 años de lucha incansable, de marchas, de pedidos de justicia se ha tomado una decisión acertada, un pequeño acto justo, que no es poco en los tiempos que vivimos.
El gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, ha decidido no apelar la sentencia de la Corte Suprema que determina la responsabilidad y culpabilidad del Estado Provincial en aquellos eventos. Un fallo que, si bien no borrará el dolor y las pérdidas sufridas, al menos reconoce la responsabilidad de la provincia por su negligencia y falta de previsión.
Este fallo, aunque tardío, no se trata solo de una reparación material, sino también de un reconocimiento a la lucha e insistencia. A pesar de los intentos de silenciarnos, nuestras voces nunca se apagaron, alzándose incansablemente en busca de justicia.
La memoria no se inunda, y este capítulo oscuro de nuestra historia quedará grabado para siempre en nuestros corazones. Pero ahora, con la reparación en camino, quizás podamos encontrar algo de paz, sabiendo que el reclamo alguna vez pueda ser escuchado.
