Tres referentes del movimiento de inundados reflexionan sobre las enseñanzas que dejó el histórico proceso judicial por la inundación de 2003. Lo que se logró y lo que falta, según María Claudia Albornoz, Graciela García y Jorge Castro.
El movimiento de inundados tomó con mucha cautela la decisión del gobierno de Santa Fe de no apelar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en las causas vinculadas a la inundación de 2003, decisión que le pone a los reclamos económicos de los damnificados y le permitirá al Estado avanzar en las indemnizaciones a favor de las personas que hicieron juicio contra la provincia.
Referentes de las organizaciones de inundados coincidieron en señalar que la lucha por memoria y verdad está ganada y que todavía falta lograrlo en materia de justicia. La sentencia del año 2019, que determinó la responsabilidad del Estado provincial e impuso condenas penales contra los ex funcionarios Edgardo Berli y Ricardo Fratti, sumada a la nueva decisión del gobierno de allanarse al pago de las indemnizaciones correspondientes a la causa civil, no terminan de convencer a los inundados.
La referente de la Carpa Negra de la Dignidad, María Claudia Albornoz, dijo en diálogo con Pausa que en los últimos 21 años de lucha “los inundados aprendimos a sostener la memoria, algo que es tan fuerte en el país, porque también seguimos lo que fueron los tres legados en las causas de lesa humanidad contra los derechos humanos: memoria, verdad y justicia”.
“La memoria la pudimos sostener en la plaza, en los actos, en cada una de las cosas que hacíamos: yendo a las escuelas hablar con la pibada sobre lo que había pasado... y también la terminamos de construir cuando logramos que la Legislatura de la provincia de Santa Fe declare al 29 de abril como el Día del Pueblo Inundado”, agregó Albornoz.
“Creemos que una de las mayores enseñanzas es que solo la lucha en los tres elementos que conforman el andamiaje de los derechos humanos, que son la memoria, la lucha por la verdad y la lucha por justicia, ha sido la persistencia de estos 21 años en la causa penal”.
Jorge Castro: “La inundación es el gobierno de los incapaces”
Inundación y memoria
El actor civil (querellante) de la causa inundación, Jorge Castro, coincidió con Albornoz: “Fue la causa penal el factor que aglutinó lo social, lo ideológico, lo político y, en ese sentido, es una lucha en la que nunca estuvimos solos. Hubo acompañamiento de todo tipo y nosotros siempre vamos a estar agradecidos, pero la lucha en sí no ha terminado. La única lucha que está ganada es la lucha por la memoria”.
En cambio, continuó Castro, “la lucha por justicia y por verdad todavía tienen un marco de tensión muy profundo y creemos que se pueden dar algunos pasos, pero los pasos tienen que ser completos. No puede haber medias tintas”.
En el mismo sentido, Graciela García, de la Marcha de las Antorchas, señaló que “el poder fue ganando voluntades y la conformación del Poder Judicial es la misma, con un presidente de la Corte (Rafael Gutiérrez) que sigue protegiendo a los culpables”.
“La herida es muy profunda, pero estamos orgullosos de haber parido un mojón en la historia de nuestra ciudad. Con la reacción del pueblo, hemos aprendido que entre muchos se consigue más fuerza que cada uno en la suya y llorando en su casa”, añadió García.
Justicia que tarda no es justicia
Por varios motivos, la sentencia penal de 2019 nunca conformó a los inundados. Por un lado, el tiempo que llevó el desarrollo de la causa, casi 16 años, en los que hubo un sinfín de apelaciones y dilaciones judiciales. Pero también porque el máximo responsable político de la inundación, el ex gobernador Carlos Reutemann, nunca estuvo en el banquillo de los acusados. Su muerte en 2021 consagró una larga historia de impunidad nacida de los fusilamientos de diciembre de 2001 y coronada con la inundación de abril de 2003.
Por todo ello, los inundados sostienen que la lucha por justicia debe seguir adelante. “Lo que nos queda pendiente es la justicia, porque no somos nosotros y nosotras los que la impartimos desde una institución, como es la Corte Suprema, que siempre nos estafó”, agregó María Claudia Albornoz. “Y la última estafa estuvo dada en este fallo de la Corte en donde dice que la provincia es responsable de lo que nos pasó aquel 29 de abril, pero no va a pagar ningún tipo de indemnización porque nos engañan nuevamente diciéndonos que la reparación o la indemnización que se va a pagar es a los que hicieron juicio, pero no cobraron la ley de reparación del gobierno de (Jorge) Obeid” en el año 2004.
“Y ahora ¿qué dice la Corte después de 21 años? Dice que la provincia es responsable, pero si vos hiciste juicio y cobraste la ley de reparación excepcional (en 2004), no vas a cobrar un peso de indemnización. Y si no hiciste juicio de la provincia, no vas a cobrar absolutamente nada. Es otra estafa la Corte y esa es una de las enseñanzas que más duele”, completó Albornoz.
Sobre la reparación que llevará adelante el gobierno, Jorge Castro se mostró escéptico: “Esta es una lucha del pueblo santafesino, más allá de que nosotros, como organismo de derechos humanos, fuimos lo que pusimos el cuerpo, pero es indudable que no nos vamos a prestar a ninguna farsa ni a ninguna estafa. Seguiremos luchando como decimos desde el primer día. Esa es la mayor enseñanza que nosotros le queremos dejar a nuestros hijos”.
En la misma línea, Graciela García opinó que “cómo todos los abriles, muestran la propuesta de pagar a quienes hicieron juicio al Estado. Lo que nos propusimos, la memoria y la justicia, no han sido motivos atractivos para los que luchan por el dinero. Punto que respetamos. Lo pendiente es la justicia, que al día de hoy el caso está cerrado impunemente”.
“La Justicia siempre le da la espalda a los a los damnificados, a aquellos que sufrimos esa inundación, y los que la sufrimos con pérdidas de vida, con pérdidas materiales, con pérdidas de historias de cada uno de nuestros barrios, porque el agua arrasó con todo”, concluyó Albornoz.
