Se presentó en la Legislatura un proyecto de ley provincial de alquileres que busca proteger a los inquilinos y regular el mercado inmobiliario. Fue elaborado por el diputado socialista Rubén Galassi, presidente del bloque oficialista en la Cámara Baja provincial.
La norma, que le pondría tope a las comisiones que cobran las inmobiliarias por celebrar los contratos, plantea que estos honorarios sean compartidos por dueños e inquilinos y regularía la cantidad y calidad de las garantías que deben presentarse a la hora de alquilar. Además, establece que sean los propietarios quienes paguen el impuesto inmobiliario.
La nueva ley, de ser aprobada, fijará comisiones con un máximo del 4% del valor del contrato y en caso de renovación entre los mismos titulares, 2%, o sea la mitad del porcentaje estipulado para el primer contrato. Estos honorarios serán pagados en partes iguales por inquilinos y propietarios. Actualmente las comisiones no están reguladas, sino que quedan libradas a lo que pacten las partes, lo que puede derivar en situaciones abusivas del locatario.
Además, las garantías quedarán establecidas en un máximo de dos inmuebles (garantía propietaria) o tres codeudores que acrediten ingresos periódicos (garantía vía recibos de sueldo). Las propiedades que se presenten como garantía podrán estar ubicadas en cualquier localidad de la provincia, no necesariamente donde está emplazada el inmueble a alquilar.
A esto se suma la gratuidad del trámite de consulta de la situación dominial por parte de jubilados y ciudadanos que destinen el inmueble a vivienda y cuyos ingresos familiares no superen el sueldo de un empleado de comercio.
Por otra parte, el proyecto de Galassi establece que el impuesto inmobiliario estará a cargo de los locadores y no podrá ser transferido a los inquilinos. Sobre este punto, el legislador del Frente Progresista afirmó que “a diferencia de los servicios, como la luz o el gas, que claramente debe abonar quien utilice esos servicios, el impuesto inmobiliario es una tributación al patrimonio y lo debe abonar el titular de ese patrimonio, o sea el propietario, nunca el inquilino”.
“Buscamos proteger a los inquilinos, estableciendo criterios más justos”, resumió el diputado Galassi.
