El gobierno provincial prevé cambios impositivos para 2018. El martes 5 los ministros Gonzalo Saglione (Economía) y Pablo Farías (Gobierno) dieron detalles en una conferencia de prensa desarrollada en la Casa Gris. El proyecto, girado a la Legislatura para su tratamiento y aprobación, establece aumentos en el impuesto Inmobiliario y algunos retoques en Ingresos Brutos. En tanto, Sellos y Patente no sufrirán cambios.
En primer lugar, el gobierno provincial busca mejorar la recaudación propia en concepto de impuesto Inmobiliario. En el caso del Inmobiliario Urbano se prevé una suba progresiva del 25% para las menores categorías, un 28% para las categorías intermedias y un 30% para las propiedades de alto valor. Según Saglione, en 2018 el 71% de las partidas van a tener aumentos menores a 33 pesos por mes y solo el 8% de las partidas, que corresponden a las propiedades de alto valor, van a tener aumentos mayores a los 125 pesos mensuales.
En cuanto al Inmobiliario Rural, también se proponen aumentos progresivos de entre el 25 y el 30%. “Esto apunta a empezar a corregir, muy gradualmente, las inequidades que tiene el impuesto Inmobiliario a su interior, que lleva a que dos propiedades que tienen el mismo valor de mercado no estén pagando lo mismo una que la otra”, explicó Saglione. El 45% de las partidas del Inmobiliario Rural van a tener aumentos de menos de 50 pesos por mes, un 29% va a tener aumentos mensuales de entre 50 y 208 pesos y el 26% de las partidas tendrá un incremento superior a 208 pesos mensuales.
En tanto, los cambios que se implementarán en Ingresos Brutos se dan en el marco del Pacto Fiscal firmado el 16 de noviembre por la Nación y 23 provincias, incluida Santa Fe. Por un lado, la provincia quiere eliminar la alícuota diferencial que pagan los contribuyentes que no están radicados en territorio santafesino. “Aquellos que teniendo actividad comercial en la provincia de Santa Fe pero no tienen aquí su domicilio, tributaban una alícuota mayor hasta este momento. Ahora se propone la eliminación de ese concepto que se conoce como aduanas interiores”, detalló el ministro de Economía.
El proyecto también establece la prevalencia de la llamada Ley Pymes: “En todos aquellos casos en los cuales la modificación tributaria pueda dejar al contribuyente en una situación de mayor presión, eso no entrará en vigencia en tanto y en cuanto la Ley Pymes le garantiza estabilidad tributaria. Por ello, todas las Pymes van a pagar igual o menos que lo que venían pagando en términos de Ingresos Brutos hasta el momento”.
La iniciativa no contempla cambios en cuanto a los rubros que hoy están exentos de Ingresos Brutos, como la industria (hasta una facturación anual de 150 millones de pesos) y el sector agropecuario.
Nuevo endeudamiento
Uno de los puntos centrales del proyecto de Ley de Financiamiento de la Inversión Pública Provincial apunta a obtener un endeudamiento por 500 millones de dólares, correspondiente el segundo tramo del monto solicitado en 2016 por 1.000 millones para la realización de obras públicas.
El ministro Pablo Farías explicó que “tal cual lo anunciáramos el año pasado, en el momento en que la Legislatura autorizó al Ejecutivo a emitir títulos por 500 millones de dólares, planteamos que existía un muy ambicioso plan de obras públicas en la provincia para el cual esos recursos no serían suficientes, de hecho ya está el 100% comprometido en diferentes obras que están en distintas etapas de ejecución”.
“Por ello –siguió Farías– recurrimos nuevamente a la Legislatura para extender el segundo tramo de la solicitud originaria del Poder Ejecutivo, que era de 1.000 millones de dólares”.
Fondos para pavimento
El proyecto de Financiamiento de la Inversión Pública incluye la solicitud de autorización a la Legislatura para que la provincia tome un préstamo del Banco Mundial por 300 millones de dólares para financiar obras de pavimento urbano en los 363 municipios y comunas de la bota santafesina. El proyecto propone que los recursos sean canalizados a favor de los municipios y comunas de forma tal de anticiparles lo que deberían cobrar una vez que la Nación cancele la deuda generada con la provincia a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 24 de noviembre de 2015.
