Los derechos que no avanzan en la Legislatura

En 2018 obtuvieron media sanción los proyectos de paridad de género, educación sexual y cupo trans. Pero luego quedaron cajoneados en el Senado.

La política argentina tiene composición y sesgo machista y Santa Fe no es la excepción: en el gobierno provincial, las mujeres ocupan apenas el 27,6% de los cargos ejecutivos y la participación baja a 9,3% en los gobiernos municipales y comunales. En la Cámara de Diputados hay solo 18 mujeres sobre un total de 50 bancas (36%). En el Senado provincial, de las 19 bancas, apenas una es ocupada por una mujer: Cristina Berra (PJ), representante del departamento San Martín.

La composición machista del poder político explica la falta de avances concretos en legislaciones que son demandadas por un amplio colectivo, como la paridad de género, el cupo laboral trans y la educación sexual integral (ESI).

El año se va con esos tres proyectos cajoneados en el Senado provincial. La ley de paridad, que establece la representación igualitaria entre varones y mujeres para los cargos provinciales, las empresas del Estado y los partidos políticos, tiene media sanción desde el 24 de mayo y desde entonces los senadores no lograron llegar a un acuerdo para sancionarla, a pesar de que el bloque mayoritario del PJ (en una maniobra que resultó contradictoria) ingresó su propio proyecto en marzo, en el marco de las actividades por el Día de la Mujer.

“Es una decepción más de parte de los varones senadores de la provincia”, sintetizó una de sus autoras, la diputada Verónica Benas (Pares).

Si la norma no se vota en febrero, no se podrá aplicar en las elecciones provinciales del 16 de junio (el cierre de listas es el 22 de febrero). Pero para ello, antes el gobierno debe habilitar el tema para el período extraordinario, algo que no ocurrió en diciembre.

Tampoco hubo avances en el Senado para establecer el cupo laboral trans, proyecto que tiene media sanción de la Cámara baja desde el 28 de septiembre. La iniciativa elaborada por Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) apunta a la inserción y estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgénero. Para ello se establece que los tres poderes del Estado, sus órganos descentralizados y autárquicos y las empresas públicas deberán ocupar en su planta de personal permanente, transitoria o de contratados a personas travestis, transexuales y transgénero. El proyecto propone asignarles una proporción que no podrá ser inferior al 10% del total de personas que hayan procedido al cambio de su sexo, nombre e imagen en el Registro Civil de acuerdo a la ley nacional de Identidad de Género.

Del mismo modo, el Senado dejó pasar la oportunidad de aprobar este año la educación sexual integral (también con media sanción) que se aplica en la provincia desde 2008 a través de un programa del Ministerio de Educación, que no tiene fuerza de ley. El programa está en línea con la ley nacional del año 2006 y es resistido por las jerarquías religiosas y por grupos antiderechos que llevan adelante la campaña “Con mis hijos no te metas”.

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