Los problemas más comunes son el desconocimiento de sus derechos y las dificultades para criar a sus hijos, sostiene un informe de la UNL.
Los programas de extensión de la UNL Delito y Sociedad y Género, Sociedad y Universidad, presentaron los resultados del informe sobre “Mujeres y niñas y niños encarcelados y prisión domiciliaria en la ciudad de Santa Fe. Problemas y desafíos”. Elaborado por las abogadas Natacha Guala y Paula Spina con la colaboración de Evelyn Defagot, Agustina Stavole, Ximena García, Frank Froschke y Juan Pablo Molineris, el informe se refiere a la situación de las mujeres alojadas en el Instituto de Recuperación de Mujeres Unidad Nº 4 y surge de una investigación exploratoria realizada durante el proceso de formulación del Proyecto de Extensión de Interés Social “La perspectiva de género en contextos de encierro: el acceso de las mujeres privadas de libertad a la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.
“En la primera reunión de formulación del proyecto, en la que nos encontramos con la directora de la cárcel de mujeres y el equipo de profesionales que allí trabajan, surgió como una problemática urgente la situación que atraviesan aquellas mujeres detenidas con sus hijos en la unidad o que tienen hijos menores de cinco años y no han podido acceder al arresto domiciliario contemplado en la ley 26.472. A la falta de condiciones infraestructurales adecuadas para la permanencia de los niños en el establecimiento, la ausencia de dispositivos específicos para su acompañamiento y contención, se suma la falta de información respecto a la tramitación legal de las alternativas al encarcelamiento previstas normativamente para estos casos y las dificultades para el acceso al sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes vigente en la provincia”, explicaron las autoras del informe.
[quote_box_left]“Generalmente entre lágrimas y culpas afirman que sus hijos a diario pagan por lo que ellas hicieron”, destacaron las investigadoras. [/quote_box_left]
En este sentido, repasaron que las mujeres detenidas “nos contaron sus historias, describieron su situación personal y familiar y proyectaron sus deseos e intereses a futuro; además hablamos en profundidad sobre el impacto que tiene para los niños y adolescentes el encarcelamiento como así también la separación producto de su detención. El informe es el resultado de esas conversaciones, y tiene como objetivo brindar un análisis integral de la compleja problemática observada, así como también de contribuir al diseño de estrategias integrales para su superación, ya que consideramos que la situación actual vulnera los derechos de los niños y de las mujeres contenidos en el bloque de constitucionalidad y convencionalidad argentino”, añadieron.
En la cárcel de mujeres de Santa Fe actualmente hay 45 mujeres privadas de libertad. El recorte del estudio fue realizado en función de las madres de niños menores de cinco años, “lo que no obsta a que el resto de los niños y adolescentes tengan los mismos derechos. Por lo tanto, la problemática analizada involucraría a cientos de niños y adolescentes. Esto requiere que nos interroguemos sobre la compatilibilidad del interés superior del niño y un sistema que de manera hegemónica impone penas privativas de libertad en instituciones carcelarias”.
Ante la pregunta acerca de cómo es la vida en la cárcel con sus hijos, las mujeres entrevistadas coinciden en que no están dadas las condiciones necesarias para el desarrollo de los niños y niñas, “generalmente entre lágrimas y culpas afirman que sus hijos a diario pagan por lo que ellas hicieron, que no tienen libertad ni la posibilidad de vivir como otros niños, que aprenden a caminar entre las rejas, que no conocen lo que es salir a una plaza, o que sus madres les cocinen, que no pueden elegir si dormir con la luz prendida o apagada, cerrar o abrir una puerta, no conocen lo qué es la intimidad de una familia. Además, viven expuestos a constantes violencias, producto de los conflictos acaecidos en el contexto de encierro”. En la mayoría de los casos, la situación de los niños se resuelve informalmente. Otro dato a tener en cuenta es que ninguno de estos niños pudo efectivizar su derecho a ser oído en el marco de las decisiones que se tomaron para la separación de su madres o hermanos. Asimismo, muchas de las mujeres no han solicitado asistencia por temor a que sus hijos sean institucionalizados.
Los niños y adolescentes que son separados de sus madres, especialmente en aquellos casos de hogares monoparentales, tras el encarcelamiento muchas veces abandonan la escuela. En algunos casos por no existir un adulto a cargo que pueda hacerse cargo de trasladarlo a la escuela escolar, en otros porque deben garantizar el trabajo doméstico y el cuidado de sus hermanos, y en muchos casos por trabajo infantil. Otro aspecto a considerar es el estigma que recae sobre los hijos de las personas privadas de libertad, la falta de acompañamiento y estrategias individuales y comunitarias para atravesar esta situación en la escuela.
Publicada en Pausa #167, miércoles 16 de diciembre de 2015
