Por decreto, la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete se hizo de los datos personales de todas las personas inscriptos en Anses y en Pami. Esta inédita centralización de la información, sin control, ya generó presentaciones de amparos y denuncias penales. Hablamos al respecto con la especialista Natalia Zuazo.
–Ellos dicen “nosotros lo queremos usar para mantener a la ciudadanía informada más detalladamente”.
–Suena razonable.
–Pero sabemos que en la práctica existe una voluntad de tener una base de datos centralizada. En la ciudad de Buenos Aires, como vecina, he hecho un pedido a través del mail para que me resuelvan un bache en mi cuadra, pero después me empezó a llegar información de otras agencias del Estado, sobre la que no tenía interés, y luego propaganda electoral de Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña. Entonces, si ya sucedió en la ciudad de Buenos Aires, no hay por qué pensar que no puede suceder. Lo más peligroso es que el organismo que pide utilizar los datos es el que hace la comunicación política del gobierno.
Listas negras a partir de los perfiles en las redes sociales. Campañas electorales super sucias. Cambio de manos en las bases de datos. Falta total de controles. Aceitados vínculos con gigantes publicitarios, aspiradoras continuas de tus datos, como Facebook o Google. Y el habitual respeto por la ley que implica el gobierno por decreto. La Secretaría de Comunicación firmó un convenio con Anses para hacerse de una base de datos de 32 millones argentinos, lo mismo hizo con Pami. Los datos cedidos no sólo fueron entregados por los ciudadanos con otros fines, sino que además ofrecen un mapa detallado de quién es quién: podés averiguar desde cuántas veces te mudaste hasta cuántas te despidieron, quiénes fueron y son tus empleadores, cuánto cobrás y, sobre todo, cómo te llamás, dónde vivís y cuál es tu e-mail. Una papa para cualquier tipo de campaña.
“Teniendo esa base de datos ¿qué te impide no hacerlo? Esa es la pregunta”, explica Natalia Zuazo. “El año pasado decían que el Estado tenía los datos de la SUBE. Los datos de la SUBE quedan como un poroto al lado de esto. El problema ni siquiera es si este gobierno usa los datos. Ya quedaron en manos de un poder determinado, es difícil volver atrás. Mañana puede estar en manos de otro gobierno. Pero, también, sabemos que este gobierno, apenas asumido, hizo listas negras de empleados del Estado cruzando sus perfiles de redes sociales. Lo hizo. Me consta. Ha sucedido”, repite Zuazo.
Zuazo es especialista en tecnología y política. Su libro Guerras de Internet ahonda en estos temas, que también trabaja en Le Monde Diplomatique, Brando y Radio del Plata. En diálogo con Pausa en el Aire (FM 96.3 y radioeme.com.ar), Zuazo ofreció detalles sobre la nueva medida de comunicación, o inteligencia, del macrismo: “Estas cuestiones, cuando avanzan, son casi imposibles de detener. Es tan fácil como mandar un mail. La característica fundamental de cualquier objeto digital, cualquier información digital, es el copy y paste. Todo objeto digital, lo que lo caracteriza, es que es copiable y pegable. Cualquier archivo. Así circula la información en internet: se copia y se pega infinitamente desde el emisor hasta el destinatario. Por eso es tan peligrosa la información. Toda información digital es replicable infinitas veces. Cuando sale del servidor ya está. Por eso las leyes tienen que ser muy estrictas y los organismos muy cuidadosos”.
Sin embargo, el gobierno alega que la Dirección de Datos Personales dio el visto bueno al convenio. Y que, además, se enmarca dentro de la ley.
“Hay una ley nacional de datos personales que se sancionó en el año 2000, que dice una serie de cuestiones que buscan proteger la privacidad de los datos. Para lo que se cedió el dato tiene que ser el motivo por el que se use el dato. Yo no le puedo dar un dato a un supermercado y que después el supermercado le venda la base de datos a otro negocio, para que utilice esos datos. Que se hace, se hace, pero es ilegal y es pasible se sanción si eso sucede. La ley permite que los organismos del Estado compartan bases de datos. Uno puede hacer una interpretación amplia de esa ley, que es lo que se hizo cuando se firmó este convenio entre la Anses y la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete. Se hizo una interpretación maximalista de la ley, porque la ley misma dice que uno cede el dato para una función determinada del Estado, sea recibir una jubilación, un plan social o la Asignación Universal por Hijo, pero si quisiera alguien más del Estado utilizar este dato uno tendría que hacer un consentimiento. ¿Se puede interpretar la ley para que no sea así? Sí, de hecho es lo que se hizo”, afirmó Zuazo, para luego completar: “Con la excelente relación que tiene este gobierno con Facebook vos además podrías, si tenés el mismo mail en Anses y en tu cuenta de Facebook, podés cruzar y saber dónde vive alguien, cuánto dinero gana, quién es el empleador, qué político te gusta, qué medios lees, qué noticias publicás…”.
