Para el secretario adjunto de ADUL, Oscar Vallejos, debe distinguirse a los modos de pensar el sistema educativo del rol docente. Mientras que el primero puede ser público o privado, los trabajadores deben considerarse integrantes de un mismo sector. La apuesta pasa por defender el rol de las universidades públicas y crear convenios colectivos de trabajo dentro de ellas.
La educación está sentada nuevamente en el banquillo oficial de los acusados. Bajo el cargo de “inservible”, es el propio gobierno nacional quien le imputa cargos de extrema gravedad como el lograr que generaciones enteras prefieren un .38 a leer El Principito. Asimismo, y lejos de ser visto como la primera víctima de esta inutilidad crónica del sistema educativo, el docente es tildado de actor responsable por su actitud entre extremadamente holgazán y peligrosamente política (de parar para exigir mejores salarios y condiciones laborales dignas).
Oscar Vallejos, secretario adjunto de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL), tiene otro diagnóstico al respecto. Aunque comparte muchos de los síntomas problemáticos, sostiene que la debilidad se debe a un virus instalado desde los 90: el neoliberalismo. En este marco, cree que la cura no pasa por aumentar las dosis de este veneno, razón por la que ve con preocupación la supervivencia de la educación pública misma.
–¿Cómo ves la política educativa de la Argentina?
–El neoliberalismo está presente en las universidades y en las escuelas desde los 90. Se trata de una idea de universidad enmarcada por lo dictado en la ley de educación superior (LES), siendo algo que durante la última década tampoco se desactivó. Porque incluso fue Daniel Filmus quien planteó la idea de que la educación siempre es pública, mientras que lo particular de cada caso es la gestión (que puede ser estatal o privada), construyendo un paraguas que permitió financiar a la educación privada como si fuese pública.
Una consecuencia: el Conicet, que es el principal empleador de investigadores en la Argentina, permite desde hace rato que sus investigadores se radiquen en instituciones privadas. Entonces el Estado no solamente dispone dinero para las universidades de elite, sino que también les permite a sus investigadores que cobren un salario para mejorar las instituciones privadas.
–¿Qué cambios sufrirá el modelo educativo bajo el nuevo proyecto de país?
–El gobierno actual busca profundizar el modelo de educación actual. Por un lado, se realizan enormes esfuerzos para vincular a las universidades con las empresas. Por otro, se están cortando políticas estatales gestadas durante el kirchnerismo, como el crecimiento presupuestario en materia de ciencia y tecnología y en materia de construcción de edificios. Además la Coneau, principal órgano de la institución neoliberal, tiene cada vez mayor injerencia. Por eso sostenemos que la educación pública está en riesgo.
–¿Pero las cúpulas universitarias no lucharán por sostener la educación pública?
–Si se repiten las mismas estrategias que en los 90, se dará un proceso de disciplinamiento de las voluntades políticas adversas al gobierno mediante programas presupuestarios. De hecho, ya se vio un ejemplo cuando los rectores aceptaron un presupuesto de 75 mil millones de pesos, diez mil millones por debajo a lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Por qué lo hicieron? Porque fueron cooptados por recursos presupuestarios especiales. Lo que muestra además que no es verdad la idea de que el Estado debe desaparecer bajo el neoliberalismo, sino que cumple un rol súper eficiente en destruir lo público para construir hacia lo privado.
–¿Cuál es el parámetro que divide a la educación pública de la privada?
–Lo que determina su calidad es el modo de acceso a ella. Para que sea pública debe garantizarse su acceso libre y gratuito. Entonces, si una universidad es privada, su educación también lo es. Sin embargo, no sucede lo mismo en relación a las modalidades de trabajo, porque no hay diferencia entre ser trabajador público o privado.
–¿Cómo debe pensarse al trabajador de la educación?
–El sindicalismo universitario introdujo una novedad sobre este respecto. Por la reforma de 1918 pensamos que las universidades deben ser autónomas y cogobernadas. Pero agregamos que el cogobierno no alcanza para entender el mundo universitario, porque no contempla que es también un lugar donde se trabaja. Por ello la autonomía debe estar por debajo de un convenio colectivo de trabajo, para evitar que consejeros superiores, decanos o estudiantes integrantes del gobierno, sean patrones de los docentes. Pero es una perspectiva en proceso, difícil de entender incluso para nuestros propios compañeros.
Lucha docente
–A grandes rasgos, ¿cómo ves el panorama de lucha sindical actual?
–Cuando surgió, la CTA intentó adecuar la estructura sindical al desastre producido por el neoliberalismo durante la década del 90. La falta de pleno empleo hizo necesario contener a quienes no poseían una renta regulada por el salario. Es decir, reunir dentro de un mismo sector a quienes necesitaban mejorar sus condiciones materiales, sean o no asalariados, trabajen para el Estado o para un privado. Luego, por situaciones entre partidarias y no partidarias, se rompió la CTA en dos. Esto obligó a los trabajadores a tener que elegir entre una u otra alternativa. Pero estas divisiones quedaron desactualizadas, porque enfrente tenemos un gobierno que unificó y articuló todas las fuerzas políticas y aspiraciones de derecha. Por ello, hoy las bases exigen a los dirigentes sindicales que transiten procesos de convergencia. El gran problema político es cómo se acomodarán los liderazgos. Es decir, quién capitalizará la energía social del reclamo. La apuesta es que los dirigentes dejemos de lado el cálculo respecto a quién se va a quedar con los votos, porque es una forma espuria de plantear la convergencia.
–¿Por qué se da esta exigencia desde las bases?
–Porque el sector trabajador presiente que ciertas luchas históricas están en riesgo, como mejoras salariales, conseguir que la inflación no coma el salario, o que el Estado garantice condiciones de vida digna para todos. El tarifazo fue un claro ejemplo de una política orientada nuevamente a privatizar los servicios públicos, hecho que genera de manera automática una exclusión grande de la ciudadanía.
–¿Cómo se da esta convergencia en nuestra provincia?
–En Santa Fe tenemos que plantear una estrategia lo más englobante posible. Es decir, superar las segmentaciones como universitarios/no universitarios y públicos/privados. Hay que generar una convergencia a partir de temas vinculantes, donde la educación pública esté en su totalidad abarcada.
–Los paros docentes suelen ser duramente criticados, ¿qué significan estos para ustedes?
–Desde Conadu Histórica sostenemos que no sirven los paros aislados. Deben ser gestados en el marco de un plan de lucha que marque el horizonte, y serán efectivos siempre que contribuyan a esa mejora prevista. Pero puede suceder que consideremos que el paro no construye a la meta final, entonces se levanta esta medida y se construye otra alternativa. En todo caso la atención debe ponerse sobre nuestros horizontes, que son mayor presupuesto e implementación de un convenio colectivo de trabajo en las universidades nacionales, y la derogación del impuesto a las ganancias.
–¿Se consiguieron avances a estos respectos?
–Las medidas de fuerza realizadas durante el primer semestre del año permitieron elevar el techo del aumento salarial de un 25% a un 35%. Esto se consiguió mediante un plan de lucha intenso, con 22 días de paro y una intensa discusión pública sobre la conveniencia y lo legítimo de nuestras acciones. Pero estamos desarrollando una nueva medida de fuerza porque desde el gobierno se dijo que no iban a mejorar nuestros salarios, en un contexto donde nuestra pauta salarial quedó por debajo de la inflación.
–¿Un paro es la forma más correcta de llevar adelante la protesta?
–Lo incorrecto e inmoral es pedir a un docente que no proteste por cobrar cinco mil pesos mensuales, luego de que la vicepresidenta dijera que apenas llega a fin de mes con su sueldo de 160 mil. Además debe recordarse que Mauricio Macri se subió el sueldo en un 31%.
–¿Pero los paros no afectan la calidad educativa?
–Los rectores y el gobierno nacional son los responsables de garantizar un proceso eficaz de aprendizaje, producción y circulación de conocimientos. Porque para cumplir estas metas lo principal es garantizar buenos salarios. Nuestro pueblo se merece las mejores universidades pero, ¿se puede dar lo mejor en estas condiciones? No. Por eso es ficticio decir que el paro afecta a la calidad educativa.
