El Ministerio de Ciencia y Tecnología logró un acuerdo para que los científicos que habían obtenido la recomendación para ingresar como investigadores reciban un estipendio como becarios sólo durante 2017, insertándose en otros organismos públicos que no sean el Conicet. En Buenos Aires hubo adhesión a esos términos sin considerar la opinión de las provincias.
Tras cinco días de toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la asamblea allí reunida decidió unilateralmente el 23 de diciembre acordar con las autoridades nacionales en nombre de todos los científicos del pais. Reunidos en torno a sus Centros Científicos Tecnológicos (CCT), con varias tomas (algunas apretadas por la fuerzas de seguridad, como la de San Luis), movilizaciones y reclamos, los profesionales de las provincias también realizaron sus asambleas para considerar el acuerdo con el gobierno.
Parcial o totalmente, los términos fueron rechazados por, al menos, los científicos de Santa Fe, Rosario, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Entre Ríos, Córdoba, La Plata, Patagonia Norte y Tucumán, algunos con términos durísimos. Sin embargo, en Buenos Aires se votó por "esperar o no" las posiciones de sus pares. El resultado fue de 371 por no esperar y 283 por esperar, por lo que la opinión de las provincias ni siquiera llegó a ser considerada a la hora de aceptar el acuerdo. Los porteños decidieron, además, en nombre de todas de las provincias al firmar el levantamiento de las tomas que hubieren en los CCT del resto del país.
El acuerdo fue exhibido como un victoria por todos los sectores: unos hablan de que el gobierno dio el brazo a torcer; otros tienen una cucarda más en su discurso de apertura al diálogo, aprendizaje y reconocimiento de errores. Lo cierto es que los científicos que iban a ingresar como investigadores a Conicet –con sueldos en blanco y estabilidad laboral bajo las condiciones habituales del organismo– ahora seguirán durante un año cobrando el "estipendio" –así se conoce al pago que reciben los becarios, en una situación de precariedad laboral naturalizada–, sin ninguna seguridad respecto de su futuro ingreso a la carrera de investigador y en lugares de trabajo que explícitamente no son del Conicet. La convocatoria del año entrante, en consecuencia, promete ser una carnicería.
Queda, además, un comentario que circula con mucha fuerza en las redes sociales más restringidas, como en Whatsapp o los grupos cerrados de Facebook: hay una notable asimetría de proporción relativa entre los ingresos a carrera, o más bien en la cantidad de rechazados, entre las exactas y las sociales –en favor de las exactas– y la Capital y su área de influencia respecto de las provincias, en favor de la Capital. Como muestra, un botón: apenas dos investigadores en Ciencias Sociales de toda la provincia de Santa Fe podrán hacer su carrera en Conicet a partir de este año.
De qué se estaba hablando
Para poner en perspectiva el debate, el costo anual de los nuevos investigadores representa, en trazo grueso y tirando para arriba, 200 millones de pesos (500 investigadores con salarios de 30 mil pesos mensuales). Recientemente, el ministro de Infraestructura y Transporte de Santa Fe, José Garibay, estimó que repavimentar la autopista a Rosario tendrá un costo por kilómetro que está entre los 7 y los 10 millones de pesos. Haciendo aritmética simple: el recorte en Conicet equivale a 20 kilómetros de repavimentación de una autopista. No se trata de una cuestión de dinero, sino de demolición real y simbólica del sistema científico nacional.
