Tras 25 años, se conocerá la investigación sobre los responsables del vaciamiento del Banco Provincial.
¿Favoreció Juan Carlos Mercier, desde la función pública, negocios particulares en detrimento del patrimonio del Banco Provincial de Santa Fe? ¿Cuál fue el papel que jugó el ex juez federal Víctor Hermes Brusa en la causa que debía investigar esos posibles delitos? ¿Y el de los 44 ex presidentes y ex directores que cumplieron funciones entre 1984 y 1999 y están nombrados en la causa? Esas son algunas de las preguntas que deberá activar la Justicia si prospera el pedido del gobierno provincial de constituirse como querellante en la causa por el vaciamiento del Banco Provincial, previo a su venta en 1998 a los hermanos Rohm.
El martes 14 el gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto por el cual instruye al fiscal de Estado, Pablo Saccone, a pedir ante la Justicia Federal que la provincia pueda ser querellante en la causa penal. Lifschitz firmó otros dos decretos: uno para desclasificar el informe de la Comisión Nogueras, encargada de investigar, en 1997, el proceso de vaciamiento –ese trabajo será publicado en Internet–, y otro por el cual se reconoce el trabajo de Alfredo Nogueras, quien presidió aquella comisión.
El saneamiento de la entidad le costó 1.000 millones de dólares a la provincia, que se terminaron de pagar en 2010. El banco fue vendido en 57 millones de pesos/dólares. La primera denuncia por vaciamiento fue presentada en 1990 por la comisión interna del gremio. En 1993, el juez Brusa archivó la causa. El año pasado, la Justicia Federal ordenó reabrirla. En la causa están involucrados 44 ex presidentes y ex directores que cumplieron funciones entre 1984 y 1999.
La investigación por el vaciamiento del banco comenzó hace más de 25 años pero ninguno de los directivos fue llamado a indagatoria. El ex fiscal federal Walter Rodríguez había pedido la nulidad de la decisión de Brusa al descubrir que se trató de una “investigación fingida”. La Cámara Federal admitió su planteo y anuló una resolución firmada en junio de 1993 que había dispuesto el “sobreseimiento provisional de la causa” y su archivo.
Tras la decisión de la Cámara Federal, el diputado de la Coalición Cívica Ariel Bermúdez presentó un proyecto de ley para que la provincia se constituya como querellante. El proyecto fue aprobado por la Legislatura y el martes 14 de marzo el gobernador Lifschitz firmó el decreto para avanzar. Ahora la Justicia Federal tiene que decidir si acepta o no que el Estado santafesino se presente como querellante. Lifschitz ya adelantó: “Vamos a participar activamente de la causa, vamos a poner un equipo de abogados y especialistas en delitos económicos para acompañar a la Justicia y vamos a poner a disposición de los ciudadanos toda la documentación”.
“Este banco era la joya de la provincia, un patrimonio simbólico, histórico y cultural, era parte de la historia del desarrollo y la integración de la provincia que soñaron esos grandes gobernadores que lo crearon y lo hicieron crecer hasta convertirlo en uno de los más importantes de la Argentina. Pocos ejemplos hay de un escándalo de semejante magnitud, de un quebranto de semejante impacto sobre una institución financiera sólida y prestigiosa; y de una venta tan absurda por la que tuvimos que pagar 1.000 millones de dólares, para que un grupo privado de dudosos antecedentes (los Rohm) se quedara con esa joya”, dijo el gobernador.
Los hermanos José y Carlos Rohm eran los dueños de la Banca General de Negocios, entidad privada que se quedó en 1998 con el Banco Provincial. La Legislatura también autorizó por ley que el denominado Nuevo Banco de Santa Fe SA siga siendo el agente financiero de la provincia. En 2003 los hermanos Rohm fueron procesados y condenados por lavado de activos. En ese momento, el banco pasó a manos de sus actuales dueños: el Grupo Petersen.
El diputado provincial Carlos Del Frade participó del acto dónde se anunció que el gobierno provincial se presentará como querellante en la causa. Allí dijo: “Recuperar el banco es recuperar todo lo que nos robaron en la provincia”. Y añadió: “Mercier y Brusa son las expresiones individuales de los intereses minoritarios que quieren hacer de esta provincia la propiedad privada de unos pocos y no el derecho de todos de ser felices”.
