La provincia prevé un reconocimiento simbólico y político por los abusos de la dictadura.
“Fue muy difícil. Fue alevoso con el Código de Faltas. Existía el artículo de travestismo y ya te ponían vagancia, prostitución, ofensa al pudor. Aprovechaban para llevarte. Era un plan sistemático en contra de lo que no fuese ‘la buena moral’. Le dieron un poder muy especial a la policía, hacían lo que querían con nosotras. Era mirarte y mínimo 15 días detenidas”. La voz es la de María Noelia “Noly” Trujillo, una de las tantas integrantes del colectivo trans que sufrió vejaciones, abusos y fue detenida en varias oportunidades durante la última dictadura. Su historia de vida refleja que entre 1976 y 1983 la identidad de género fue una de las causas de la persecución política. Y por esa razón desde la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual –dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia– se impulsa la inclusión de personas trans en la Ley Provincial de Reparación Histórica.
Se trata de “personas del colectivo trans, mayores de 52 años. A raíz de lo que nos contaron empezamos a notar que había una persecución sistemática, un ensañamiento especial de las fuerzas represivas del gobierno militar. Había una consideración de la sexualidad como un hecho político”, argumentó Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual. Desde esa visión, lo que se puso en práctica fue “un plan sistemático de normalización que buscaba instaurar la civilización occidental, capitalista, cristiana, heterosexual y machista. Había una ‘normalidad’ que perseguía el Proceso de Reorganización Nacional, su propio nombre lo indica. Por eso hubo un ensañamiento particular”, añadió el funcionario.
A partir de los testimonios recabados, desde el área se emprendió un trabajo conjunto con el equipo de Derechos Humanos para agrupar la documentación necesaria. Las etapas a seguir contemplan presentar las declaraciones sumarias y que la justicia acredite la persecución. “Estimamos que antes de fin de mes van a estar presentadas las sumarias de Rosario y los primeros días de octubre, las sumarias de Santa Fe. Una vez acreditada las situaciones, la Secretaría de Derechos Humanos emite un dictamen y con eso se tramita después en la Caja”, precisó Paulón.
Sobrevivientes
Si se considera que la expectativa de vida de una persona trans es de 42 años, resulta significativo el número de sobrevivientes del colectivo. En Santa Fe se calcula que son unas 10 y en Rosario cerca de 12. “Son personas de 52 a 65 años. En ese rango etario son muy pocas en una población como la de Santa Fe que es de tres millones de habitantes, estamos hablando de cerca de 20 personas. Ese rasgo denota que hubo un plan sistemático que se llevó muchas vidas”, recalcó el subsecretario. Y consignó: “Tal vez porque el colectivo trans es muy pequeño socialmente, hoy son unas 1.200 personas en la provincia de Santa Fe, no se pudo percibir cómo esto impactaba sistemáticamente”.
A instancias de la mentada reparación, las beneficiarias podrán percibir una pensión. “A ninguna de ellas le sobra el dinero, muchas no han podido trabajar, algunas todavía siguen ejerciendo el trabajo sexual, algunas cobran pensiones por discapacidad o por vivir con VIH. Por lo tanto, la reparación económica es importante. Pero lo fundamental –enfatizó Pualón– es el reconocimiento simbólico y político del Estado santafesino en relación con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que sufrió este colectivo”. En otras palabras, la cuestión no se limita a “la exclusión, la discriminación y la vulneración de derechos”, sino que la dictadura ejecutó “una política pública en el marco de construir un país de personas ‘derechas y humanas’ y estas sexualidades disidentes no entraban”, definió.
Los desafíos de la inclusión integral como política pública
El colectivo trans sobrelleva dificultades para la inserción social. A partir del decreto 2.332 de 2016 se creó el Programa Provincial de Inclusión Integral para el Colectivo Trans. Fue diseñado conjuntamente con el Sistema de Naciones Unidas y con organizaciones sociales, en especial con la Federación LGBTI. “Creemos que para sacar del nivel de exclusión grave que sufre el colectivo trans no alcanza con una política sólo en Salud, sólo en Educación, sólo en Trabajo, sino que tiene que haber una batería de recursos y la dimensión del colectivo nos lo permite porque es pequeño”, fundamentó Paulón. De esa forma se promueve el Programa de Becas Educativas “para que las personas trans terminen sus estudios primarios o secundarios. Ese programa hoy llega a 124 personas trans en 25 ciudades” de Santa Fe.
En relación con el trabajo, se aplican acciones en materia de capacitaciones en oficios y pasantías que facilitan la inserción laboral. Además, se creó el Registro Único de Aspirantes Trans al Empleo “de cara a lo que va a ser el año que viene el cupo trans a nivel provincial”. Es decir, “se van a incorporar personas trans a los distintos ministerios –anunció el funcionario–. Son unas 60 personas trans que se incorporarán a la administración pública. Es una iniciativa muy importante con la que esperamos contagiar al sector privado”.
En materia de salud, hay tres equipos quirúrgicos que funcionan en el CEMAR y en el hospital Centenario de Rosario y en el Eva Perón de Granadero Baigorria. A su vez, están cubiertas las cinco regiones con servicio de terapia hormonal. “El servicio de terapia hormonal implica que cualquier persona trans que vaya a determinado centro de salud pueda acceder a los tratamientos hormonales y, a partir de allí, a las derivaciones necesarias para las intervenciones quirúrgicas”, detalló. El año pasado se hicieron más de 28 vaginoplastías en el sistema público. Este año se conformó una mesa de coordinación con el Ministerio de Salud, Iapos y la Subsecretaría de Diversidad Sexual para una resolución provincial que brinde el marco general del sistema de atención integral al colectivo trans. “Una vez que las personas van accediendo a las prácticas quirúrgicas, desde la Subsecretaría financiamos traslado, alojamiento, comida, materiales no médicos que se requieren para las operaciones”, indicó.
Finalmente, sobre el empleo Paulón señaló que “el Estado tiene distintas herramientas de incentivo (para el sector privado), que salga más barato, que se paguen menos impuestos. Esos programas existen y el colectivo trans es destinatario de esas políticas. Nuestro trabajo es desmontar algunos prejuicios discriminatorios que aún existen. No nos da vergüenza tener una portera trans en una escuela. Que los chicos vean que la diversidad es parte de la vida –alentó–. La realidad es que el colectivo tiene baja calificación. Se incorporarán a tareas administrativas. Nos parece que contribuye mucho a la cotidianeidad. Y tenemos otra autoridad moral para pedirle al sector privado compromiso. Más del 90% del colectivo trans no tiene empleo registrado. Y es el primer punto para no estar en un plan de vivienda”, reconoció.
“Ni siquiera éramos ciudadanas”
Al momento de evocar lo vivido, Noly no titubeó en sostener que a instancias del gobierno de facto “hubo un uso y abuso de poder”. “Caíamos presas, más allá de haber pasado abuso sexual, nos ponían con los presos comunes. También la violencia psicológica, hacerte desnudar delante de todos. Sufrimos vejaciones. Y después pensar ‘por qué la gente sigue su vida y yo acá dentro por ser, no por haber hecho nada malo’. En ese momento ni éramos ciudadanas o éramos ciudadanas de tercera categoría. Creo que éramos menos que seres humanos”.
Por aquel entonces las trans padecían una mirada condenatoria que las rotulaba como “bestia, monstruo, ‘aberrante sujeto vestido de mujer’ como solía salir en el diario en esa época. Eras carne de cañón. También los gays, pero nuestra condición no se podía esconder. Había una satisfacción de decir ‘tenemos tantas, levantamos tantas’. La idea era limpiar la calle de gente que estuviera fuera de lo que ellos creían que eran la moral. Fuimos las más castigadas”.
Noly comenzó su transición siendo adolescente, en 1979. En ese momento fue detenida por primera vez. “Te llevaban directamente a Jefatura y te bajaban a Alcaidía. Después a la mañana nos llevaban esposadas en una camioneta a Tribunales. Empecé con 15 días. Otras chicas tenían un mes, dos meses detenidas. En ese tiempo, te mandaban a cumplir los días en la Comisaría Segunda”. A sus 17 fue nuevamente detenida y enviada ante un juez de menores. El paso siguiente fue una comisaría de Laguna Paiva, donde permaneció casi tres meses. “En el momento en que caí presa como menor, en el 80, mi mamá me sacó y empecé a estudiar. Lo único que me pidió mi mamá era que termine el secundario. Ella pensaba que eso me iba a ayudar. Se lo debía porque estuvo a mi lado todo el tiempo”, resumió emocionada.
Noly viajó a Buenos Aires, hizo shows en cabarets, recorrió otras provincias y enfrentó los prejuicios, aunque no resultó una tarea fácil a pesar del advenimiento de la democracia. “Era hacer seña a un colectivo y que no te parara, que te cerraran la puerta o ir a un negocio y que no te atendieran o te echaran de una heladería”, graficó.
“Siempre me comparo con una boxeadora. Fui peleando, cayéndome, levantándome y aprendiendo. Cuando llegás a más grande, te das cuenta que te sirve haber pasado todas esas experiencias porque te podés poner en el lugar de otra persona. Hoy siento que he logrado muchas cosas y es por eso que milito”.
