Buenos Aires es la gran beneficiada del Pacto Fiscal.
Excepto San Luis, todas las provincias firmaron el 16 de noviembre un nuevo Pacto Fiscal con la Casa Rosada. El objetivo central del gobierno de Mauricio Macri es reducir el déficit fiscal a fuerza de un fuerte ajuste en el gasto público. Para ello, la Nación avanza con la triple reforma (previsional, laboral y tributaria) lanzada después de las elecciones intermedias.
El gobernador santafesino Miguel Lifschitz rubricó ese acuerdo, pero de inmediato advirtió que “Buenos Aires será la provincia más beneficiada”. La administración de María Eugenia Vidal es la gran ganadora: recuperará en dos años más de 100 mil millones de pesos del Fondo del Conurbano. “Si bien Buenos Aires resulta la provincia más beneficiada, podemos decir que Santa Fe sería la segunda”, sostuvo en primera instancia Lifschitz.
El optimismo del mandatario socialista se debe a la inclusión, en el acuerdo, del pago de la deuda que la Nación mantiene con la provincia por descuentos indebidos sobre la coparticipación federal realizados entre 2006 y 2015. “Le planteé con claridad al ministro (Rogelio) Frigerio que si no había una definición concreta sobre este tema, nosotros no estábamos en condiciones de firmar”, explicó Lifschitz.
Pero mientras las provincias se llevaron una serie de promesas a condición de reformular sus esquemas tributarios en consonancia con las políticas fiscales del gobierno nacional, Vidal logró recursos frescos para la segunda mitad de su mandato: en 2018 habrá una compensación extra de 40 mil millones de pesos para la provincia de Buenos Aires y en 2019 recibirá otros 65 mil millones.
Desde la óptica de Santa Fe, el Pacto Fiscal es apenas un compromiso de parte de la Nación de revisar la deuda por coparticipación. La provincia llevó su demanda por segunda vez ante la Corte Suprema para exigir la devolución de la deuda: unos 23 mil millones de pesos a valores históricos, aunque según la actualización que hizo el Ministerio de Economía la cifra actualizada supera los 50 mil millones. El compromiso firmado por Macri y Lifschitz apunta a lograr un acuerdo antes del 31 de marzo de 2018.
Como contrapartida, en la provincia habrá retoques impositivos a pedido de la Nación. Por un lado, Santa Fe busca eliminar la alícuota diferencial que pagan los contribuyentes que no están radicados en territorio santafesino en concepto de Ingresos Brutos. Ese es uno de los cambios que establece el proyecto remitido por el ministro de Economía Gonzalo Saglione a la Legislatura provincial.
La iniciativa también establece la prevalencia de la llamada Ley Pymes: “En todos aquellos casos en los cuales la modificación tributaria pueda dejar al contribuyente en una situación de mayor presión, eso no entrará en vigencia en tanto y en cuanto la Ley Pymes le garantiza estabilidad tributaria. Por ello, todas las Pymes van a pagar igual o menos que lo que venían pagando en términos de Ingresos Brutos hasta el momento”, indicó Saglione.
La iniciativa no contempla cambios en cuanto a los rubros que hoy están exentos de Ingresos Brutos, como la industria (hasta una facturación anual de 150 millones de pesos) y el sector agropecuario. El objetivo es mantener lo más baja posible la presión tributaria, una de las demandas centrales que planteó la Nación a las provincias.
