Con el matrimonio igualitario y la identidad de género, Argentina se transformó en un país de vanguardia a la hora de otorgar derechos al colectivo de la diversidad sexual. Pero esos grandes marcos normativos no han terminado de asegurar una vida libre de discriminación y desigualdades a gran parte del colectivo LGBTIQ. “Ahora es tiempo de crear igualdades sustantivas, no sólo formales. Trabajar en escenarios muy concretos para que la gente no heterosexual tenga vidas vivibles”, decía al respecto el sociólogo Ernesto Meccia.

En esa búsqueda, más de 20 agrupaciones políticas, estudiantiles, sociales y de la diversidad, estuvieron detrás de la organización de lo que fue, quizás, la mayor Marcha del Orgullo de Santa Fe. Dos cuadras colmadas de gente coparon el bulevar con un reclamo urgente: cupo laboral trans. El foco estuvo ahí, sobre el sector más vulnerable del colectivo LGBTIQ, una población con una expectativa de vida no mayor a 40 años y con la prostitución casi como única forma de subsistencia. El proyecto de ordenanza para crear el cupo en el municipio está frenado desde hace un año, en la provincia ya perdió estado parlamentario.

Los travesticidios y femicidios, la caída del tratamiento de la ley provincial de Educación Sexual Integral y a nivel nacional el no tratamiento de una nueva ley de VIH y Sida, también fueron parte de los reclamos. Y, aún en la diversidad de las agrupaciones que conformaron la mesa organizadora, los pedidos de libertad a Milagro Sala y justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron contundentes.

Fue una fiesta profundamente política, donde una población históricamente vulnerada logró aunar bajo la bandera multicolor a personas y sectores de diferentes ideologías, partidos y visiones, y ese fue, quizás, uno de las mayores victorias del Orgullo 2017.

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