Recorte presupuestario y salarios a la baja: detrás de Vidal, el gobierno de Cambiemos planifica una política de educación para las elites. ¿Llegan los pobres a la universidad?
“¿Qué es esto de universidades por todos lados?”. Mauricio Macri, 2014
“Nadie que nace en la pobreza en la Argentina llega a la universidad”. María Eugenia Vidal, 2018
El gobierno de Cambiemos llegó al poder en base a promesas de imposible cumplimiento –pobreza cero, unir a los argentinos– pero al menos en materia de política universitaria los vaticinios sí se hicieron realidad. Durante su campaña el presidente Mauricio Macri había cuestionado la creación de nuevas universidades y, ya en gestión, ha tomado una serie de medidas que apuntan a “achicar” la universidad.
En noviembre del año pasado, mucho antes del acuerdo con el FMI, Macri pidió un “esfuerzo de las universidades” para “reducir entre todos el gasto público” y ensayó un análisis resultadista de la educación superior: “El número de universidades aumentó en promedio más del 30% pero la matrícula sólo el 13%; son incrementos que no se correlacionan con la tasa de graduación”.
En rigor, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se crearon 17 nuevas universidades entre 2003 y 2015, de las cuales nueve están en el conurbano bonaerense. Esa política derivó en una mayor federalización de la educación superior, ya que ahora las 24 provincias del país tienen al menos una universidad pública en su territorio.
Pero la creación de nuevas casas de estudios no apuntó solo a expandir la oferta académica en el territorio, sino también a acompañar el crecimiento sostenido de la cantidad de estudiantes: “Las universidades que se crearon en la provincia de Buenos Aires tienen tasas anuales de crecimiento estudiantil que van desde el 20% hasta el 90%”, informó el CIN.
En marzo el gobierno de Cambiemos recortó 3.000 millones de pesos del presupuesto universitario. Todo un signo en el inicio del año en que se conmemora el centenario de la Reforma Universitaria. Aquel ideal de “democratizar” la universidad ahora está cuestionado desde el propio seno de un gobierno cuyo gabinete casi completo se formó en el sistema educativo privado.
El recorte presupuestario, los conflictos salariales que se profundizaron a partir de 2016 y las nuevas medidas de ajuste a pedido del FMI –como la finalización de los convenios de asistencia técnica a partir de 2019– marcan cuál es el modelo de educación superior que pretende el gobierno de Macri: una universidad chica, de acceso restringido para el pobrerío, y una oferta cada vez mayor de parte de las universidades privadas. Vas a estudiar si podés pagar; si no, a poner el lomo.
Mariu y los pobres
María Eugenia Vidal dijo, ante socios del Rotary Club, que los pobres no llegan a la universidad y que es innecesaria la creación de nuevas casas de estudio. La gobernadora de Buenos Aires mintió: según el Indec, entre 2005 y 2015 el 20% más pobre de la gente que vive en el Gran Buenos Aires aumentó su participación en la universidad en un 61% y su tasa de graduación aumentó en casi un 20%.
El portal Chequeado divulgó un informe de la Universidad Pedagógica Nacional, también basado en datos del Indec, que sostiene que en 2015 había 315 mil personas que residían en el Gran Buenos Aires y asistían a universidades públicas. De esas 315 mil personas, casi el 12% pertenecían al quintil de menores ingresos, es decir, al 20% más pobre de la población del conurbano. En número absolutos, había casi 38 mil alumnos del quintil más pobre en universidades nacionales. En el quintil de mayores ingresos, el 20% más rico, el número llegaba a 83 mil alumnos: el 26% del total.
“La participación de los jóvenes en la educación superior es claramente desigual en función del nivel socioeconómico del hogar. No obstante, en términos relativos respecto de la situación en otros países de América Latina, la Argentina muestra un resultado más equitativo”, señaló investigadora del Conicet Ana García de Fanelli.
Pero el dato más importante lo brindaron los rectores que conforman el CIN: “Los estudiantes en el sistema universitario público crecieron, entre 2006 y 2015, un 19,7%; en el mismo período, la cantidad de nuevos inscriptos trepó un 27% y los egresados aumentaron un 47%. A su vez, la brecha de participación entre estudiantes ricos y pobres en la universidad se redujo de 4 a 1 en los años 90 a 1,5 a 1 en 2014”. En otras palabras: hace dos décadas, por cada pobre había cuatro ricos en la universidad; en 2014, cada dos pobres hay tres ricos.
Una foto de Santa Fe
En la ciudad de Santa Fe hay tres universidades que reúnen un total de 45.381 alumnos, según el informe Santa Fe cómo vamos correspondiente a 2016.
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) cuenta, entre sus 14 unidades académicas, con 39.522 estudiantes. La cifra va en aumento año tras año: 36.071 en 2013, 36.644 en 2014 y 38.407 en 2015. Solo entre 2015 y 2016 la matrícula aumentó un 2,9%. La UNL no tiene sistematizados los datos socioeconómicos de la composición del estudiantado. Según indicaron desde la casa de estudios, ese trabajo se hará en los próximos meses, en forma conjunta, entre la Secretaría de Bienestar, el área de Informática y los estudiantes de la Federación Universitaria del Litoral.
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Santa Fe tiene, a 2016, un total de 2713 estudiantes. El aumento de la matrícula, comparado con 2015, fue del 1,2%.
En cambio, en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) se produjo entre 2013 y 2016 un fenómeno inverso: la matrícula bajó en forma sostenida. Eran 3664 alumnos en 2013; la cifra bajó a 3626 en 2014, 3361 en 2015 y 3146 en 2016.
En la tercera Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), que reunió en Córdoba a representantes de 14 mil instituciones académicas de América Latina y el Caribe, uno de los puntos centrales fue “el crecimiento de la participación del sector privado en la educación superior”, según indicaron desde la UNESCO, organizadora de la conferencia. En la apertura, los chiflidos al momento del discurso del ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, revelaron el descontento de la comunidad académica con el gobierno.
De paro en paro
La política salarial para el sector universitario es otro elemento que da cuenta de un modelo de educación superior para pocos. El año del centenario de la Reforma es, también, un año de conflicto gremial permanente.
En abril comenzaron los paros docentes en rechazo al techo del 15% impuesto por el gobierno y en reclamo por el pago de la cláusula gatillo correspondiente a 2017. Ese mes hubo 48 horas de medidas de fuerza. La consigna: “A 100 años de la Reforma Universitaria, defendemos una universidad al servicio de las mayorías nacionales, laica, científica, autónoma, democratizada, con ingreso irrestricto”.
En mayo –ya con la oferta formalizada– hubo otros dos días de huelga. La diferencia porcentual explica la medida: el gobierno ofreció un aumento salarial del 15% en cuatro cuotas –la última a cobrar en enero de 2019– mientras que los docentes pretenden un incremento del 25% con cláusula gatillo. Al momento de lanzar los paros del 10 y 11 de ese mes, los gremios docentes exigieron que la Nación restituya los 3.000 millones de pesos recortados del presupuesto universitario.
En el inicio de junio, y en paralelo a la CRES 2018, en Santa Fe la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL) realizó cuatro días de huelga en línea con las medidas dispuestas por la CONADU Histórica. La oferta salarial sigue siendo la misma y el incremento de la inflación no hace otra cosa que agravar el conflicto.
“Las políticas de este gobierno se expresan a partir de distintos elementos”, indicó Oscar Vallejos, secretario adjunto de ADUL. “Primero, la discusión en torno al ajuste estructural que hay sobre la universidad. Eso tiene que ver con los recortes presupuestarios. La otra cuestión tiene que ver con el fuerte ajuste que pretende una rebaja del salario de los docentes”.
Elites meritocráticas
En respuesta a Vidal, Vallejos opinó: “Para el gobierno, las universidades tienen que ser un lugar de formación de la elites o de aquellos que hayan construido una base de méritos para estar dentro de las universidades. Eso surge de la transformación de las becas Progresar, que se transformaron de becas de ingreso a un sistema meritocrático. Y en realidad las políticas del Estado deben apuntar a revertir esta situación y reparar la imposibilidad de que grandes sectores de la sociedad hagan uso del derecho a la educación superior”.
—¿Estos recortes en el presupuesto y los salarios apuntan a achicar la universidad?
—Sí. Y esos recortes son para achicar el ingreso de estudiantes, bajar la permanencia y achicar la cantidad de egresos. Las políticas de bienestar, que aseguran el ingreso y la graduación, están en riesgo por este ajuste.
Son cada vez más y trabajan
Sumando la UNL, la UTN y la Católica, entre 2013 y 2016 la matrícula total de alumnos subió de 42.346 a 45.381: un 7% más en cuatro años y un 2,1% más que el año anterior, según los últimos datos oficiales publicados en el informe Santa Fe cómo vamos correspondientes a 2016.
En ese informe hay otro dato que da cuenta, al menos en forma parcial, sobre la composición social del estudiantado universitario en Santa Fe: el 30% de los alumnos de la UNL, el 25% de la UTN y el 35% de la UCSF tienen trabajo.
