La Asociación Civil Madres del Cannabis Medicinal (Macame), con el patrocinio del diputado Jorge Henn y del abogado Domingo Rondina, presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la penalización del autocultivo medicinal de cannabis y de la norma que habilita a su acceso gratuito solo si el paciente se somete a una experimentación clínica.
La presidenta de la asociación, María Laura Acosta, dijo: “Hace mucho que venimos peleando por esto y lamentablemente hasta el día de hoy, este producto no se encuentra disponible ni en farmacias, ni en Centros de Salud y la única manera de conseguirlo es mediante el cultivo de la planta en nuestras casas y la extracción casera de su aceite” y remarcó: “Necesitamos que la justicia nos acompañe en esto”.
Por otro lado, Henn, quien anteriormente había solicitado formalmente al Ministro de Salud de la Nación destrabe la importación de materia prima proveniente de Uruguay para comenzar a producir cannabis medicinal en el LIF, aseguró que: “La angustia y el padecimiento de cientos de santafesinos y santafesinas que encontraron en el cannabis medicinal una esperanza para morigerar los síntomas de distintas patologías, hoy necesitan una respuesta inmediata y la pronta disponibilidad de esta medicina natural”. Luego comentó que el acceso al tratamiento cannábico de todos aquellos que lo necesiten se trata de una política de salud pública. “Debemos dejar de lado los prejuicios y simplificaciones morales; en todo caso poner por encima de todo, el único valor absoluto que conocemos, que es tener una vida digna”, aseguró el diputado.
El recurso presentado a la Nación advierte que la Ley de Cannabis (N° 27.350) sancionada por el Congreso de la Nación en el 2017, incurre en una arbitrariedad en torno a la gratuidad del acceso al medicamento cannábico ya dispone la provisión sin costo para quienes se encuentren incorporados al Programa Nacional para el Estudio y la Investigación de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales.
“Constituye una grave violación a los derechos de los niños y niñas enfermos, al pretender usarlos como cobayos y consecuentemente tacha de inconstitucional y contravencional la distinción que establece”, expresa el amparo.
