El gremio de la docencia universitaria manifestó su oposición a la adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional en materia de riesgos de trabajo.
Desde la Asociación de Docentes Universitarios del Litoral (Adul) expresaron su postura en relación con la adhesión provincial a la Ley Nacional 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado provincial en julio. Si bien el modelo propuesto por la nueva norma nacional ya se aplica para el universo de la docencia universitaria, desde el gremio manifiestan su posicionamiento “En solidaridad con los trabajadores en relación de dependencia de la actividad privada de Santa Fe”, según indicó Marco Villano, abogado y asesor legal de Adul.
Villano explicitó que la nueva ley “Implica una regresión al modelo de riesgos de trabajo de los años 90”. “Lo que hace es volver al modelo original de la ley 24.557, que obligaba a los trabajadores -siempre que tengan que reclamar sobre un accidente laboral o una enfermedad profesional- a pasar por comisiones médicas, que son organismos administrativos integrados por médicos que dictaminan el carácter laboral de la enfermedad o del accidente. El trabajador no puede, por ejemplo, reclamar por vía judicial las prestaciones de la ley” explicó el asesor legal. Desde Adul cuestionaron además la imparcialidad de la comisión, ya que los honorarios de sus integrantes corren por cuenta de las aseguradoras de riesgos de trabajo, pagadas por los empleadores.
Este modelo de riesgos de trabajo ha sido declarado inconstitucional en reiteradas ocasiones. “Hacer pasar a un ciudadano cualquiera por una instancia administrativa previa y obligatoria para reclamar por un daño injusto que sufre es la principal tacha de inconstitucionalidad” argumentó Villano.
Por su parte, el Secretario General de Adul, Oscar Vallejos, consideró que “La ley nacional construye un sendero de no derechos para los trabajadores. El presidente Macri lo dijo claramente: su objetivo político era bajar la cantidad de juicios laborales para asegurarles a las patronales y a las aseguradoras de riegos de trabajo que no iban a tener que hacer frente a sus incumplimientos”. En este sentido, Villano comentó que “En las provincias donde han adherido a la ley no se redujo la litigiosidad, pero porque no se reduce la siniestralidad. No se incentivan de ninguna forma acciones de prevención de riesgos de trabajo, de capacitación de los trabajadores. Lo único que se busca es establecer impedimentos para que las personas lleguen a la justicia”.
Con respecto a la situación de la docencia universitaria del Litoral, Vallejos describió que “No hay, o hay muy pocos trabajadores que están reclamándole a las ART indemnizaciones por los problemas de salud que han tenido en función de las condiciones de trabajo”. El dirigente gremial entiende que eso se debe a que aún los docentes no vinculan ciertas dolencias con sus ambientes y condiciones de trabajo.
Por otra parte, “Las ART que operan en el mercado de las universidades nacionales están incumpliendo varias cosas: no están haciendo el examen médico periódico, y las obras sociales se están haciendo cargo de las dolencias que tienen nuestros compañeros” refirió el dirigente gremial. Entre las enfermedades profesionales más frecuentes del sector están aquellas asociadas al uso de la voz, dolencias de la columna, y también cuestiones de carácter psicológico que son comunes en la población docente, según detalló Vallejos.
Actualmente, el proyecto de adhesión provincial espera la media sanción en la Cámara de Diputados. Desde el movimiento obrero local reclaman la realización de una audiencia pública, que ya fue suspendida en dos oportunidades. “Hay una avanzada de lobby empresarial para hacer que la provincia adhiera a la ley. A los trabajadores lo que nos queda es organizarnos para hacer contrapeso” concluyó Vallejos.
