Las empresas de transporte público que operan en las provincias pidieron al gobierno central un trato equitativo. Advierten que la mayoría de los subsidios se destinan a Capital Federal y el Conurbano. Mientras tanto, en Santa Fe piden llevar el precio del boleto de 21,50 a 41 pesos.
Los aportes que hace el gobierno de Mauricio Macri para el transporte público de pasajeros se concentran en su gran mayoría en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque se trata de recursos que surgen de impuestos nacionales que pagan todos los argentinos por igual. Por ese motivo, las empresas que brindan el servicio en el resto de las provincias plantearon una situación de “abandono y discriminación” por parte del gobierno nacional y señalaron que bajo el actual esquema “resulta imposible seguir”.
La discrecionalidad en el reparto de los subsidios se advierte a partir de los datos publicados en el Sistema Integrado del Transporte Automotor: hasta diciembre de 2018, las provincias recibían 1200 millones de pesos mensuales por parte del gobierno central para subsidiar a las empresas de transporte; esos fondos fueron eliminados por la Nación –en el marco de la poda de subsidios incluida en el presupuesto 2019– y en parte pudieron ser absorbidos por las provincias con recursos propios. Santa Fe, según datos oficiales, destinará hasta fin de año 1500 millones de pesos para el transporte público.
Con costos en dólares, una caída sostenida en la cantidad de pasajeros y quita de los subsidios nacionales, la situación económica de las empresas de colectivos es más que delicada. Según un comunicado emitido este martes por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), la falta de recursos sumada al aumento de los costos “afecta a usuarios, trabajadores e inversiones”, por lo cual demandan al gobierno de Macri una “urgente respuesta ante la crítica situación del sector”.
El panorama se agravó la semana pasada cuando las empresas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Capital Federal y Conurbano) amenazaron con cortar el servicio durante la noche, los fines de semana y los feriados por “el deterioro de la situación económica”. El gobierno nacional reaccionó rápido y anunció “compensaciones” para esas empresas, que dieron marcha atrás con la suspensión del servicio. Por decisión del gobierno central, se destinarán subsidios por 325 millones de pesos para las empresas de Buenos Aires y el Conurbano, que suman así un total de 2000 millones anuales.
Desde la Fatap acusaron “abandono y discriminación” de parte del gobierno nacional hacia las empresas que operan en las provincias y reclamaron que se equilibre el reparto de los subsidios, cuyos recursos surgen del impuesto sobre los combustibles que se paga el todo el país pero se destina, principalmente, a la ciudad y la provincia de Buenos Aires. La entidad sostiene que se trata de una cuestión de “justicia y equidad”.
Dos países
Las empresas que operan en las provincias denunciaron “discriminación” por parte del gobierno nacional ante la evidencia de que los recursos recaudados en todo el territorio argentino se destinan principalmente a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, gobernados por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, ambos del PRO.
La Fatap le envió una nota al presidente Macri en la que manifiesta su “sentimiento de abandono y discriminación” del sector empresario, de los trabajadores y de los usuarios de los sistemas de transporte público que operan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires debido “a los comportamientos discrecionales efectuados recientemente por el gobierno nacional en la asignación de subsidios”.
“El transporte público del interior del país, invisibilizado por todos, se despliega en el 99% del suelo patrio y soporta sin asistencias suficientes las impericias de una economía dolarizada, los aumentos desproporcionados de insumos vitales como los combustibles y, recientemente, hubo que soportar la imposición por vía resolutiva de un aumento salarial compulsivo y de carácter forzoso, siendo todas funestas medidas del Estado Nacional”, indicaron desde la Fatap en la nota dirigida a Macri.
Ante la desigual distribución impositiva entre Buenos Aires y el resto de las provincias, la entidad pidió como primera medida que el presidente “decrete con carácter de urgencia que parte de lo recaudado por el impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono vuelva a tener justicia y equidad”. Los subsidios surgen de ese impuesto que pagan todos los consumidores del país. “Todo lo que se recauda termina en Buenos Aires –añadieron los empresarios–. Es decir, el impuesto es federal y la asignación del subsidio es centralista”.
Con la firma del presidente de la entidad, Daniel Orell, y de su secretario, José Cano, la Fatap hizo notar que la discriminación no se da solamente en materia de reparto de recursos sino también en la relación institucional entre el Estado y las empresas: “En reiteradas ocasiones hemos expresado nuestro más enérgico rechazo a que se imparta gestión sectorial como si hubiese dos países coexistiendo. Por un lado, están quienes viven y trabajan dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, que ante cualquier reclamo o llamado de atención gozan de atención inmediata y privilegiada por parte del gobierno nacional; por otro lado están quienes han sido librados a alguna suerte que lamentablemente no llega”.
“Ante tanto desorden, los gobiernos provinciales a los se les trasladó la responsabilidad de la asistencia económica no alcanzan a responder en tiempo y forma y sentimos que el gobierno nacional discrimina al transporte público del interior y en consecuencia a sus usuarios y trabajadores”, agrega la Fatap en la nota dirigida al presidente.
Por último, reclaman que la Nación incremente los subsidios e incorpore otras partidas para atender las necesidades del sistema de transporte ante la emergencia que atraviesa el sector, “promoviéndose así el necesario aumento de compensaciones tarifarias que requiere el transporte público del interior para su sostenibilidad en esta penosa realidad”.
En Santa Fe
En la ciudad de Santa Fe todavía está vigente la tarifa de principios de año: 21,50 pesos, congelada por seis meses por el intendente José Corral en el marco de su fallida candidatura a la gobernación. En la última semana, las empresas que operan en la capital provincial pidieron llevar la tarifa a 41 pesos, casi al doble del valor actual, que está vigente hasta octubre. El municipio aún no definió los nuevos precios.
Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires el boleto de colectivo cuesta entre 18 y 23 pesos y el de tren entre 7,75 y 18,50 según la línea y la distancia. En relación a ese punto, la Fatap señaló que los usuarios “no pueden seguir abonando tarifas que casi dupliquen a las vigentes en Buenos Aires, es injusto y sus economías no resisten más aumento”.
(Con información de El Ciudadano)
