Alberto Fernández anunció la creación de organismos dentro del Poder Judicial santafesino para combatir el narcotráfico.
Más relevante que encarcelar perejiles con disfraz de agente de la DEA, la apertura de nuevas instituciones judiciales federales en la provincia de Santa Fe es un pedido de larguísima data y de todo el arco político provincial, por fin atendido por el poder nacional.
Se prometió fortalecer a través de fiscalías la acción contra las redes narco en Rosario y Santa Fe. Puntualmente, se creará una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito y la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar orientada a la investigación de la trata de persona, el lavado de dinero y el narcotráfico.
Por un lado, lo dicho por Fernández es un reconocimiento de la crisis de seguridad en la provincia. Por el otro, se asume que la responsabilidad sobre los delitos siempre fue federal y que la provincia fue abandonada en este sentido. Pero, sobre todo, se pone la atención en una zona sobre la que siempre se miró al costado: para comprender las balas que llueven en Rosario no hay que ir a reventar los bunkers de sus villas, hay que ir a reventar los containers del principal puerto cerealero de Sudamérica. No hay sangre en Rosario sin barcos zarpando desde San Lorenzo.
