La diputada socialista Clara García pidió al Poder Ejecutivo provincial que informe sobre el endeudamiento asumido por la Empresa Provincial de la Energía con la proveedora mayorista Cammesa, después de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reportara que supera los 10 mil millones de pesos.
"En sólo 6 meses de gestión, la EPE acumula una deuda de más de 10 mil millones de pesos", sentenció la diputada socialista Clara García para justificar el pedido de informes que, junto a legisladores y legisladoras del Frente Progresista, envió al gobierno provincial respecto de la deuda que la EPE tiene con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), que según confirmó el propio jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, en su último informe de gestión, supera los 10 mil millones de pesos.
"Se está poniendo en riesgo la prestación del servicio", advirtió García sobre la EPE, a la que calificó como "la empresa pública más grande de Santa Fe". La legisladora recordó que en el informe de cobranzas de Cammesa al 29 de noviembre de 2019, la EPE no tenía deuda alguna por la energía consumida. Sin embargo, del último informe de gestión presentado por Cafiero en el Senado de la Nación el pasado 17 de junio, se constata que al 31 de mayo la deuda de la empresa pública santafesina asciende a $10.173.888.902.
"La EPE no solo distribuye un recurso tan esencial como la energía, sino que es una prestadora estratégica e indispensable entre los servicios públicos y a seis meses del inicio de la actual gestión, vemos con preocupación la situación de una EPE injustificadamente intervenida, inexplicablemente endeudada, casi sin inversiones ni mantenimiento y cediendo su remanente financiero al Tesoro provincial para otros fines", ponderó García.
La diputada solicitó que el Ejecutivo provincial informe a través de qué actos administrativos del interventor, Mauricio Caussi, se ordenó a las gerencias General y de Administración de la EPE incumplir los vencimientos contractuales, y los fundamentos para hacerlo. También requirió el detalle de los intereses generados por estos incumplimientos, y de los acuerdos de pago realizados o en instancia de tramitación con Cammesa para evitar la judicialización de la deuda.
Asimismo, García pidió conocer la evolución de ingresos y egresos del corriente año y el saldo en bancos al 31 de mayo, que forma parte del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, 'ya que, al no haberse utilizado los recursos para cancelar las deudas citadas, el remanente financiero de la EPE estaría siendo utilizado por el Tesoro Provincial para otros fines, poniendo en riesgo la liquidez de la empresa y su capacidad de prestar este servicio público esencial'.
