Ante los fallos judiciales contra el autocultivo de marihuana, las agrupaciones cannábicas de Santa Fe presionan para que la Legislatura sancione una ley que les otorgue amparo.
“Ese día me despierto y la veo a Narella con un semblante distinto, y que me mira, es la primera reacción que veo. Yo me asusté por el cambio radical, no sabía si estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces llamo a otras mamás de Buenos Aires y les digo: estoy asombrada, asustada, Narella me mira, está distinta, no la conozco”. Ese día del que habla Laura Acosta, mamá de Narella, es el día después de que su hija tomó por primera vez una gota de aceite de cannabis.
Laura es la referente de Mamás del Cannabis Medicinal (Macame) y Narella su hija, una de las tantas niñas y niños que han visto mejorar su calidad de vida con esta planta sanadora. Pero las condiciones en que la gran mayoría de estos pacientes con patologías severas y crónicas acceden hoy al aceite están, en el país y en la provincia, por fuera de las reglamentaciones y el amparo del Estado.
Aunque se cuenta con una ley provincial (Nº 13.602, del 30 de noviembre de 2016) y una normativa nacional (Nº 27.350, del 29 de marzo de 2017), ninguna de las dos habilita el autocultivo -en la ley nacional ese artículo jamás se reglamentó-. Quienes tienen Iapos y padecen epilepsia refractaria, tienen cubierto el 100% del costo del aceite. Para otras patologías, nada.
La batalla judicial
A principios de junio la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el rechazo de un amparo interpuesto por Macame, por el cual solicitaban el permiso para poder cultivar plantas de marihuana con las cuales proveer de aceite a sus hijos, sin que puedan darse allanamientos en su contra.
“Nosotras habíamos pedido este amparo a la Justicia Federal santafesina y luego del rechazo apelamos a la Cámara de Rosario, ahora ese tribunal confirma lo mismo, con el fundamento de que lo tienen que resolver el Poder Ejecutivo y Legislativo, que no pueden superponerse con las leyes ya hechas”, comenta Laura. “Ahora vamos a llevar nuestro pedido a la Corte Suprema de la Nación”. Desde Macame esperaban otra resolución, ya que en provincias como Salta y Río Negro la Justicia sí falló a favor del autocultivo.
En el fallo, los camaristas recomendaron a la asociación “reformular el pedido en cuestión ante los Poderes Legislativos y Ejecutivos, ya que son quienes crean las leyes”, y refirieron, además, que el autocultivo solicitado fue “expresamente excluido hace tres años por los diputados y senadores durante el debate parlamentario de la norma que reguló el uso medicinal del cannabis (Ley Nacional 27.350), luego de un análisis exhaustivo de los legisladores de la evidencia científica hoy existente”.
En esta batalla judicial, el próximo paso es llegar a la Corte Suprema de Justicia, donde ya hay un grupo de madres rosarinas (Madres que se Plantan) en espera de un fallo a favor o en contra de su derecho a cultivar.
La batalla legislativa
A la par de las recorridas por los tribunales en búsqueda de una respuesta de la Justicia, las agrupaciones de usuarios, familiares y profesionales que utilizan el cannabis con fines medicinales siguen batallando para lograr el respaldo del Estado.
Un proyecto para regular el cultivo de la planta está ahora en la Legislatura provincial y, si finalmente se convierte en ley, se podrá cosechar y hacer aceites sin riesgos de persecución.
La necesidad de una nueva normativa en este sentido, reside en que tanto las leyes provinciales como nacionales de cannabis medicinal dejaron fuera o sin reglamentar el autocultivo y limitaron el acceso al aceite a muy pocas patologías. Tampoco hubo grandes avances en cuanto a la producción de los preparados por parte de los Estados, por lo cual los aceites que hoy circulan de forma legal son importados y de una única variedad de planta.
Ante esto, y con la urgencia de atender a sus hijos e hijas, las madres comenzar a investigar por su cuenta, a plantar y cultivar a pesar de la prohibición y con los riesgos de enfrentar hasta 15 años de cárcel. “El proyecto establece un resguardo legal para quienes necesiten autoabastecerse y plantar, para un hijo o persona a cargo con alguna patología, siempre con un pedido médico”, explica Acosta.
El proyecto de ley fue presentado por Igualdad en 2019 –con las firmas de Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger– y autoriza el cultivo y la tenencia de cannabis y sus derivados a quienes le den un uso terapéutico. En su articulado define al gobierno provincial como encargado de garantizar y controlar el abastecimiento de dicha droga a las y los usuarios; además de designar al Ministerio de Salud santafesino como encargado de las tareas de asesoramiento y divulgación sobre los alcances de la ley, y de impulsar convenios de investigación científica sobre los derivados del cannabinoide, tanto en universidades como en laboratorios públicos. El Poder Ejecutivo será también el que definirá cómo las personas autorizadas conseguirán las semillas para poder cultivar.
“El proyecto está en tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales y ya se terminó de cerrar el dictamen”, explica la diputada Agustina Donnet, del bloque Igualdad. “La semana pasada, producto de la convocatoria de las organizaciones cannábicas, el presidente de dicha comisión, Pablo Farías, se comprometió a que la próxima semana este proyecto salga; dijo que la mayoría de la comisión estaba a favor de poder darle despacho para que vaya al orden del día de la próxima sesión. Desde el espacio pedimos la preferencia para que sea tratada, así que deberíamos poder darle media sanción el jueves 2 de julio”.
Los consensos para que el autoabastecimiento de cannabis con fines terapéuticos se convierta finalmente en ley ya estarían consolidados. A mediados de mayo la comisión de Salud y Asistencia Social trató el proyecto y el dictamen favorable contó con las firmas de todos sus integrantes, a excepción de la diputada Natalia Armas Belavi del bloque conservador Somos Vida y Familia.
“El resto de los bloques que forman parte de la comisión de Constitucionales ya manifestaron su apoyo y ahora trabajamos en los consensos necesarios para que se termine de convertir en ley cuando pase al Senado”, afirmó la diputada Donnet. El mismo escenario positivo auguran desde Macame: “Los legisladores ya conocen nuestro trabajo, el de las madres y familias, por eso tenemos expectativas de que se va a resolver. No hay nada que pueda impedir que salga la ley. Es viable y vamos por buen camino”, aseguró Acosta.
“El punto neurálgico que se discute respecto del proyecto es sobre cuál es la potestad del Poder Ejecutivo provincial para poder autorizar este tipo de autoabastecimiento”, explica Donnet. “Desde nuestro espacio sostenemos que hay una ley de drogas a nivel nacional que multa o pena a quienes utilizan el cannabis con fines ilegítimos y, entendiendo que este proyecto de ley tiene como fin último la preservación de la salud pública y eso depende de los estados provinciales, creemos que el uso con fines terapéuticos y medicinales es un fin legítimo según los alcances de la ley nacional. Por tanto proponemos que el Estado dé la autorización por medio del Ministerio de Salud, siempre y cuando haya una recomendación médica, y genere además un registro de inscriptos, asesoramiento, acceso a la información y celebre los convenios contemplados ya en la ley provincial para el control de calidad y la investigación del cannabis y sus derivados”.
