El Senado dio media sanción a la adhesión de Santa Fe a la nueva ley de ART. Buscan reducir los litigios laborales. Rechazo de los sindicatos.
El Senado provincial dio media sanción, por unanimidad, al proyecto por el cual Santa Fe adhiere a la nueva ley nacional de Riesgos de Trabajo (ART), que modifica los procedimientos ante casos de enfermedades o accidentes laborales. El objetivo central es reducir la cantidad de litigios en el fuero laboral y lograr resoluciones más rápidas.
En la sesión del jueves 25 de junio, los senadores aprobaron por segunda vez la adhesión de la provincia a la nueva normativa nacional, sancionada en febrero de 2017 por impulso del macrismo. La primera media sanción del Senado, a mediados de 2019, naufragó luego en la Cámara de Diputados.
Si se aprueba la ley, la principal modificación será el reemplazo de la instancia judicial ante un accidente de trabajo o una enfermedad laboral por una comisión médica, que será la encargada de analizar la situación del trabajador y tomar las decisiones en cuanto a indemnizaciones, reparaciones o declaraciones de incapacidad.
La adhesión de Santa Fe es resistida por sindicatos, abogados laboralistas y por los cinco colegios de abogados de la provincia. Sostienen que, si se aprueba la normativa, habrá un retroceso en materia de derechos laborales. No obstante, por segunda vez en un año, los senadores del PJ y de la UCR avanzaron con la media sanción y giraron el tema a la Cámara de Diputados, donde el Frente Progresista tiene mayoría.
El proyecto establece la creación de 13 comisiones médicas (ocho fijas y cinco móviles), cuya actuación será supervisada en forma conjunta por el Poder Ejecutivo provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación. Los senadores subieron de cinco a 13 la cantidad de comisiones para garantizar la cobertura territorial.
Para su correcto funcionamiento, el proyecto indica que las comisiones deberán tener “una adecuada cobertura geográfica” para asegurar “la accesibilidad a la prestación del servicio en todo el territorio de la provincia, contemplando la posibilidad de creación de comisiones médicas jurisdiccionales móviles”.
Los argumentos
El senador Alcides Calvo (PJ) justificó el proyecto en “la defensa de los intereses de los actores del sistema de seguridad social” y aclaró que es fruto “de la compilación de experiencias de adhesión en otras provincias” a la nueva ley de ART.
Según Calvo, el objetivo es “lograr un equilibrio entre intereses y derechos de los actores que forman parte, sin desechar los derechos laborales y garantizando la protección de los trabajadores”.
A su vez, el senador Felipe Michlig (UCR-Frente Progresista) afirmó que “la vía administrativa deviene en un mejoramiento y optimización del sistema” porque “tiende a reducir los plazos de los reclamos y los limita a cuestiones técnicas”.
Hasta ahora, 12 provincias adhirieron a la nueva normativa nacional. El senador Michlig remarcó que si Santa Fe sanciona la ley “estará en sintonía con lo que ya ha ocurrido en otras provincias del país”.
Del litigio a la concertación
La ley nacional 27.348 fue aprobada por el Congreso en febrero de 2017 y gradualmente la mayoría de las provincias legislaron su adhesión a la nueva normativa, que actualiza la ley nacional 24.557 de Riesgos del Trabajo, vigente desde 1995.
Sobre el convenio que firmarán el gobierno provincial y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, se sostiene que “este mecanismo de cooperación y concertación es la clave para el funcionamiento de las comisiones médicas y la intervención del juez laboral ordinario como contralor efectivo”.
En los fundamentos se afirma que “la vía administrativa propuesta deviene en un mejoramiento del sistema en tanto tiende a reducir los plazos de los reclamos, los limita, se centra en cuestiones netamente técnicas (tipo de enfermedad, relación con el ambiente de trabajo, grado de incapacidad), mejora el sistema estableciendo la gratuidad del patrocinio del trabajador, respeta la competencia territorial y permite la revisión de las decisiones administrativas ante el fuero laboral, estableciendo la acción judicial más expedita en defensa del trabajador”.
Por último, se remarca que “el procedimiento administrativo asegura que el trabajador cuente con asistencia letrada gratuita y, en lo esencial, otorga la posibilidad de requerir la revisión judicial de lo que decidan las comisiones médicas. El sistema previsto otorga a la comisión médica jurisdiccional un plazo para decidir de 60 días, disponiéndose la perentoriedad de los plazos y que a su vencimiento queda expedita la vía judicial”.
