Tras la revuelta iniciada el 18 de octubre de 2019, más de 14 millones de personas están habilitadas para el plebiscito que podrá ponerle fin a la Constitución y al régimen de desigualdades que el dictador Augusto Pinochet le legó a Chile y que la democracia apenas emparchó.
Son dos boletas y un plebiscito no obligatorio, son 47 años de historia que se definen en un día. Chile responderá si quiere una nueva Constitución y con qué tipo de mecanismo debería ser confeccionada. La convocatoria fue anunciada por acuerdo de los partidos políticos el 15 de noviembre de 2019; resulta del formidable estallido social que se llevó puesto al régimen chileno, el país que si no es el más neoliberal del planeta al menos fue el primero, a fuerza de una dictadura sangrienta que dejó una Constitución, en 1980, que todavía sigue vigente.
Desde al agua y las jubilaciones hasta la educación o el transporte, el reclamo general del estallido de 2019 apuntó a derechos básicos, negados por un Estado ubicado en una mera posición subsidiaria en la Carta Magna y en las políticas públicas concretas, donde las más elementales y mínimas necesidades quedaron en manos de la arrogancia indiferente de mercado. El resultado, uno de los países más desiguales del mundo, que reventó como olla presión que ni siquiera pudo amilanar la célebre ferocidad de las fuerzas represivas chilenas, que para la ocasión estrenaron el tiro de balines a los ojos, cegando sistemáticamente a miles de manifestantes. Esas funciones –las de orden público, seguridad y represión– sí están, y de sobra, consignadas en la letra que impuso Augusto Pinochet.
De las manifestaciones mismas salió el clamor por la Reforma Constitucional: cambiar el régimen que expulsa a millones, desde la raíz. Todas las encuestas muestran que el aval a la Reforma es un hecho, resta saber cuál será el mecanismo.
La primera pregunta hoy es si se desea una nueva Constitución. Las opciones son dos: Apruebo o Rechazo. La segunda pregunta –que hay que responder incluso si se elige la opción de Rechazo– refiere a qué órgano debería redactar la nueva Constitución. Las opciones son Convención Mixta o Convención Constituyente.
La Convención Mixta estará integrada en un 50% por parlamentarios y en un 50% por ciudadanos electos especialmente para estos efectos y tendrá un total de 172 miembros. La Convención Constituyente será integrada por personas especialmente electas para el caso y luego de terminar con su mandato se disolverá. Será integrada por 155 miembros con paridad de género.
Dando por hecho que el Apruebo ganará, el 11 de abril se hará la elección de convencionales, en cualquiera de los formato. Es una fecha caliente, pues se eligen alcaldes, concejales y gobernadores. Se prevé que la Convención deberá tener lugar a fines de 2021, tendrá como plazo nueve meses para elaborar la propuesta, con un prórroga de tres meses.
La elaboración del texto es a hoja en blanco: no hay un proyecto previo elaborado en otra instancia. Además, cada punto deberá ser aprobado por dos tercios de los integrantes de la Convención. En caso de no llegar a acuerdo, el tema pasará a tener rango legislativo regular y variable, quedado fuera de la letra constitucional. La clave estará en esas elecciones del 11 de abril, entonces.
Luego que el gobierno reciba la propuesta, deberá convocar a un plebiscito donde la ciudadanía deberá aprobar o rechazar el texto presentado por la convención. Ese plebiscito sí será obligatorio.
A la fecha, algunos parches ya había recibido la Constitución de Pinochet. En 1989 se derogó la parte que prohibía los partidos políticos de izquierda o clasistas. Literalmente, prohibía "propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases". Recién en 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, se derogaron los senadores designados y los vitalicios, otro mecanismo de democracia restringida y tutelada que estaba en el texto mismo de la Constitución. La Corte Suprema designaba senadores, el Ejército también, la Armada, la Fuerza Aérea. Hasta los Carabineros designaban un senador. Peor es el caso de los vitalicios: el mismo Augusto Pinochet tuvo ese cargo entre 1998, cuando dejó su cargo de Comandante en Jefe, aún en democracia, y 2002.
