Dirigentes de pueblos originarios reclaman asumir sus cargos como consejeros en el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos. No los reconocen desde octubre de 2019. Acompañan el reclamo organismos y organizaciones locales y nacionales.
Representantes de los pueblos originarios de la provincia reclaman por el funcionamiento interrumpido del Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS), ya que su consejo, electo en octubre de 2019, todavía no pudo ponerse formalmente en funciones pues los consejeros no han podido tomar posesión de sus cargos. Hoy le presentarán una nota al gobernador Omar Perotti en Casa de Gobierno, demandando una audiencia y respuestas ante el incumplimiento. Este pedido se suma a otros dos realizados con anterioridad frente al Ministerio de Desarrollo Social, del cual depende el IPAS, y el propio gobernador.
Las y los consejeros del IPAS se eligen en asamblea soberana de pueblos. La última elección fue en octubre de 2019, en Recreo. Con 50 votos, en la última asamblea fue reelegido como primer consejero Orlando Sánchez, de la Comunidad “El Pignik” en Guadalupe Norte, del pueblo Qom. A Sánchez lo acompañan en el reclamo Gumersindo Ariel Navanquiri, de la Comunidad "Ialek Lav'a" pueblo Mocoví, Marta Choque, de la Comunidad "Chaykuska" del pueblo Kolla, Máximo Santos, de la Comunidad "Pedro José" del pueblo Mocoví y Luis Pereyra, de la Comunidad "An-Añaxaq", del pueblo Qom. Solicitan que las autoridades les permitan ejercer sus funciones y subrayan en un comunicado que “no existe obstáculo legal por el cual se siga demorando el nombramiento de manera oficial y la toma posesión de los cargos para empezar a trabajar en las políticas públicas y demandas de las comunidades de los pueblos indígenas en la provincia de Santa Fe”.
El reclamo de los consejeros cuenta con el apoyo de la Organización de Comunidades aborígenes de Santa Fe (OCASTAFE), el Centro de Acceso a Justicia Santa Fe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, el Programa de Derechos Humanos de la UNL y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI). Al respecto, María José Bournissent coordinadora del eje Pueblos Originarios del Programa de Extensión de Derechos Humanos de la UNL señaló que “acompañamos el reclamo y esperamos que pronto pueda solucionarse esta situación. Durante el último año, no recibieron información fehaciente y completa sobre el estado del amparo, defensa desarrollada por el IPAS y gobierno de Santa Fe; así como tampoco se les explicó porque no eran puestos en posesión de sus cargos”. Bournissent resaltó que el contexto de la pandemia acrecienta la urgencia por la resolución de esta irregularidad ya que por la emergencia sanitaria las comunidades aborígenes vieron profundizadas sus diferentes situaciones de vulnerabilidad.
El IPAS fue creado por ley en 1993, reglamentándose en 2005 y puesto en funcionamiento en 2009. A partir de diciembre de 2011 se conforma el Consejo del IPAS, integrado por cinco consejeros electos por Asamblea de Comunidades Aborígenes.
A partir del principio de autodeterminación, en la provincia de Santa Fe el Censo de Población, Hogares y Viviendas de 2010 identificó que 48.265 personas se reconocen pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena, de las cuales 24.751 son varones y 23.514 son mujeres organizados en comunidades indígenas, pertenecientes a los pueblos Qom, Mocoví, Corondás, Collac, Mapuches, Olongastas Diaguitas y Guaraníes.
