Desde Colombia, un análisis sobre las razones de la rebelión popular y la masiva acción represiva con la que responde el gobierno de Iván Duque.
Por Marcela Parada Gamboa [1] [2]
Desde el 28 de abril del 2021, Colombia vive una de las más graves crisis sociales y políticas de los últimos 40 años. El principal detonante para decretar el Paro Nacional en el país fue la discusión de la Reforma Tributaria que cursaba en el Congreso de la República. Una iniciativa del Ejecutivo que pretendía ampliar la base gravable a la clase media y decretar impuestos en alimentos de primera necesidad, en los servicios funerarios, entre otros. Si bien la reforma tributaria permitió movilizar a las calles a distintos actores sociales, políticos, sindicales, campesinos, indígenas, afros, estudiantes, entre otros y otras, los problemas sociales y la amplificación que ocasionó la emergencia sanitaria por la pandemia, permitió poner en la discusión política y pública temas trascendentales como: la exigencia de una renta básica, la reforma a la salud, el cumplimiento del plan de vacunación, la educación pública superior pública y gratuita, la ampliación de la matrícula cero [3], y la necesidad de detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato en el campo colombiano. Desde el 28, la protesta social y las movilizaciones sociales, a través de diversas expresiones artísticas, se tomaron innumerables lugares del país: Cali, Bogotá, Neiva, Pereira, Ibagué, Bucaramanga y Cartagena entre los más visibles, pero también otros tan apartados y poco escuchados como Riohacha, Sincelejo, Pasto, Popayán, Cúcuta.
Frente al derecho legítimo de la protesta y la movilización social, comenzaron a circular algunos discursos por parte del gobierno nacional afirmando que las marchas estaban siendo infiltradas por guerrillas urbanas como el Ejército de Liberación Nacional, ELN o grupos disidentes de las extintas FARC, que no se acogieron al Acuerdo de Paz de la Habana. Si bien en algunos lugares existió violencia sobre bienes públicos o privados, es decir, violencia sobre cosas como: bancos, buses de transporte masivo, supermercados de cadena, paredes, entre otros; la respuesta del Estado fue llevar a las calles las Fuerzas de seguridad. El incremento de la indignación social se produjo cuando agentes del Estado, particularmente miembros de la policía nacional, comenzaron a ejercer violencia institucional sobre muchos manifestantes.
La Organización No Gubernamental “Temblores ONG” ha documentado desde el año 2018 la violencia policial en el país. Además de integrar la “Red Global contra la violencia policial” [4] en medio de esta grave coyuntura política y social, ha documentado –con fecha hasta el 13 de mayo de 2021– 2110 casos de violencia policial repartidos de la siguiente manera: 362 personas víctimas de violencia física, 39 víctimas de violencia homicida cometida presuntamente por la policía, 1055 detenciones arbitrarias, 442 intervenciones violentas por parte de la policía, 30 víctimas de agresión ocular, 133 casos de disparo de armas de fuego por parte de la policía, 16 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública y 3 víctimas basadas en género. Otras organizaciones sociales como Human Rights Internacional (HRW) no sólo han hablado de violencia policial sino de distintas graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales. Con fecha del 8 de mayo el reporte de HRW señalaba que: había 1023 personas detenidas, 980 personas reportadas como desaparecidas, 43 homicidios (no especifican el actor de la conducta), 1330 personas heridas (1040 civiles y 290 policías), 160 ataques a la Misión Médica y 6 ataques de violencia sexual. Estas cifras permiten señalar la grave crisis social e institucional que vive la ciudadanía en los distintos territorios colombianos.
Esta magnificación de la violencia institucional ejercida por parte de la policía, pero particularmente por el grupo de control de multitudes Escuadrón Móvil Antidisturbios, (ESMAD) debe verse en perspectiva histórica. La represión de las Fuerzas de Seguridad en el marco del Paro Nacional y popular no sólo corresponde a una decisión de distintos actores sociales y políticos actuales, sino que también a algunas configuraciones de la institución policial desde la segunda mitad del siglo XX. De esta manera, la Policía colombiana pertenece a las Fuerzas Armadas desde el año 1953 mediante el Decreto Legislativo 1814. Una cuarta fuerza incorporada por el General Rojas Pinilla[5] bajo el argumento de robustecer las fuerzas de seguridad debido a las condiciones del Conflicto Armado Interno. Desde entonces, la Policía ha sido atravesada por un sin número de rigores y prácticas propias del Ejército Nacional justificadas para prevenir y controlar las graves consecuencias de la conflictividad social y armada en el país. La policía también ostenta el fuero penal militar que tienen los miembros del Ejército: una Justicia Penal y Militar con autonomía propia distinta a la justicia ordinaria. Esto permite, por ejemplo, que se juzguen como “actos del servicio” graves hechos de violencia homicida, física o sexual por parte de integrantes de la fuerza pública.
Todas las Fuerzas Armadas reciben órdenes desde el ejecutivo a través del Ministerio de Defensa. Si bien con la Constitución de 1991 –actual marco constitucional– se intentaron algunas modificaciones en la doctrina, organización y jerarquización, la “zona gris” de la policía nacional siguió siendo evidente. Esta zona gris ha permitido la participación en tareas conjuntas entre el Ejército y la policía en cuestiones de seguridad ciudadana y en el ejercicio de una abierta discrecionalidad policial en el trabajo cotidiano. Por ejemplo, en las jornadas de protestas y movilizaciones en Colombia, el gobierno de Iván Duque autorizó desde el 1 de mayo la "Asistencia Militar". Si bien, es una figura legal que está en el actual Código de Policía, (Art 86 al 95 ) permite la utilización de operaciones conjuntas entre el ejército y la policía para manejar “graves alteraciones de seguridad y convivencia”. De esta forma, el Ejército está en las calles junto con los grupos de operaciones especiales de la policía, sin conocer el número real de fuerza de seguridad desplegada -por razones de reserva militar- en las ciudades del país.
Desde los años 90 comenzaron a producirse una serie de modificaciones internas orientadas a pensar la policía desde espacios comunitarios y de seguridad ciudadana, mediante la creación de algunos programas gubernamentales. Como consecuencia de las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, se ejecutó el Plan Colombia (1999-2002) que en sus recomendaciones al Estado colombiano establecía la necesidad de un “grupo de control de multitudes”. De esta manera, para el año 1999 se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, un grupo orientado hacia el control de multitudes y movilizaciones sociales que comenzó con 200 hombres a su cargo. Actualmente –según cifras de la policía nacional– lo integran 3580 personas en 26 “unidades móviles”. Cuenta con unidades mínimas de intervención que se estructuran con 1 oficial y 50 integrantes. Cada unidad se divide en tres escuadras y dos equipos, que van desde una escuadra de intervención, otra escuadra de apoyo y una escuadra de reserva. Tienen también un equipo de seguridad, protección, intervención (SPI) o manos libres y un equipo de gaseadores dedicado exclusivamente para ello. Desde entonces, el ESMAD ha sido al interior de la policía la estructura encargada de intervenir en las movilizaciones y protestas en el país.
Bajo estas premisas, la violencia actual por parte de la policía –particularmente del ESMAD– está mediada por fuertes procesos de discrecionalidad otorgados en los últimos años y por las condiciones de militarización adquiridas en el marco del Conflicto Armado Interno. Además, durante estos días de movilización y protesta social han aparecido algunas modalidades de violencia institucional de carácter específico. La primera –y con mayor visibilización en redes sociales y en consejos de participación ciudadana[6]– son las actividades de carácter represivo enmarcadas en operativos de investigación y procedimientos por “grave excitación social” en medio de las protestas sociales. Aquí la policía ha dejado a un lado la excepcionalidad de los “ataques letales” (utilización de armas de fuego) y los ha convertido en acciones sistemáticas. En gran parte de los casos, uno de los principales argumentos justificando dicho accionar (que no sólo esgrime la cúpula policial a cargo sino también actores políticos importantes afines al gobierno) es que han sido enfrentamientos o accidentes “aislados” en los que el accionar del arma de fuego se dio en el marco de “hechos confusos “o en el ejercicio de la legítima defensa ante un ataque inminente.
La segunda modalidad de violencia policial, en relación al Paro Nacional de Colombia, se desarrolla mediante una utilización de procedimientos “preventivos” como forma de hostigamiento y represión en sectores urbanos. Acompañados jurídicamente por el Código de Policía del año 2016, establecen como necesarias algunas rutinas de vigilancia en las ciudades –especialmente donde se desarrollan las marchas–, operativos de control localizados: detenciones nocturnas en barrios populares que apoyan el paro o que tienen algún tipo de afinidad, y un sin número de allanamientos y requisas a personas como forma de control de la movilización social y popular. Gran parte de las denuncias realizadas por la ciudadanía es que estas gran parte de estas prácticas se hacen en horas de la noche, momento en que detienen o intentan detener a una persona, debido a una supuesta actitud sospechosa o bien como respuesta a un “abuso cometido contra la autoridad o servidor público”. También en estos operativos se ha visibilizado la utilización del “arma Venom”, un lanzador múltiple de proyectiles electrónicos que dispara cartuchos de gas y de aturdimiento de forma sistemática.
Frente a esto, las cifras difundidas por “Temblores” y respaldadas por la Defensoría del Pueblo –institución del Estado– indican una concentración de la violencia presuntamente policial en algunas ciudades, específicamente en el pacífico colombiano. Por ejemplo, desde el 28 de abril hasta el 13 de mayo del 2021, determinaron que de los 40 homicidios reportados, 30[7] se produjeron en la provincia del Valle del Cauca, en especial en la ciudad de Cali. Estas víctimas integraban sectores populares atravesados por realidades en que las condiciones mínimas para el desarrollo vital son inexistentes. En ciudades como Medellín, Floridablanca, Soacha, Ibagué, Bogotá, Madrid Cundinamarca y Pereira está el resto de víctimas de violencia homicida ejercida sobre la ciudadanía en medio de las movilizaciones sociales y populares. Las edades oscilan entre los 13 años de edad y los 37 años. La víctima más joven es Jeisson García, un niño de 13 años que se encontraba en una marcha pacífica en Cali cuando el ESMAD presuntamente agredió a la población. Si bien la cúpula policial ha reconocido 3 hechos de violencia homicida por parte de sus agentes, el resto de denuncias siguen en investigación.
En los 15 días de movilización social en el país y frente a las graves denuncias realizadas por la ciudadanía hacia la policía, desde algunos sectores del Congreso de la República (partidos de oposición) y la academia, se ha instalado el debate de una necesaria reforma policial para que estos hechos nunca más se vuelvan a presentar. Una reforma que desvincule a la policía del Ministerio de Defensa, para darle mayores garantías a la formación policial, que controle el grado de discrecionalidad otorgado a la fuerza y que busque salidas para que el Fuero Penal Militar no cobije a los funcionarios policiales en ejercicio, garantizando la transparencia y la efectiva responsabilización de los comandos por los excesos violentos y las graves violaciones a los Derechos Humanos. Mientras eso sucede, es fundamental seguir denunciando la grave situación que atraviesa Colombia buscando el acompañamiento internacional, entendiendo que el diálogo y la cooperación para transformar las prácticas policiales instaladas es la mejor alternativa para la Defensa de los Derechos Humanos ante la grave crisis social, política e institucional que atraviesa el territorio nacional.
[1] Esta nota fue escrita originalmente en portugués para el Forum de Segurança Publica en Brasil
[2] Docente e Investigadora Colombiana.
[3] Es un pago transitorio que se realiza a las distintas universidades públicas por parte del Estado nacional para solventar los gastos de matrícula para los sectores más vulnerables de la población.
[4] Es una coalición, conformada por 24 organizaciones sociales y presente en 12 países de Iberoamérica, que intenta plantear estrategias para la erradicación de la violencia policial a nivel global.
[5] Comandante del Ejército que lideró la Dictadura cívico militar en Colombia durante los años 1953 a 1957.
[6] Veedurías ciudadanas para el caso colombiano.
[7] 29 eran hombres y 1 una mujer. “Doña Tavita” de 73 años murió asfixiada por la inhalación de gases lacrimógenos que llegaron al patio de su casa en Cali. Ella estaba durmiendo mientras el ESMAD disparó ráfagas continuas de gases al barrio Paso del Comercio.
