Ayer se supo de un porteño de 35 años de Palermo, que se fue a vacunar a Miami y sacó a pasear la variante Delta en su país. Hoy se supo de otros 144 canallas denunciados por violar las cuarentenas, que en Capital Federal y Santa Fe apenas son una orden de quedarse en casita.
Cada día queda más claro que Papá Noel es más real que la responsabilidad social. La Dirección Nacional de Migraciones realizó 144 denuncias nuevas contra personas por incumplimiento de cuarentena tras haber regresado del exterior. En Capital Federal y Santa Fe eso es apenas una orden de quedarse en casa, en la provincia de Buenos Aires hay una estadía obligatoria en un hotel, bajo control del gobierno. Las demandas se suman a las de 287 irresponsables que fueron detectados hace dos semanas.
A fines del mes pasado se supo que el 38% de las personas que ingresaron a la Argentina no cumplieron con el aislamiento obligatorio. Pese a esa cifra altísima y a la circulación mundial de la variante Delta, que está generando una nueva ola de casos en Europa y Norteamérica, los requerimientos de aislamiento obligatorio quedaron en manos de cada provincia. Migraciones reforzó sus controles y, en uno de sus recorridos, detectó a un infame que, en su egoísmo, sacó a pasear por el país la variante Delta que se contagió afuera.
Gracias a los nuevos operativos, Migraciones pudo constatar que los niveles de incumplimiento se redujeron a la mitad, de un 40% al inicio de los operativos –a partir de los cuales se hicieron las primeras 287 denuncias– a un 20% en la actualidad. Las 144 nuevas denuncias cayeron en el juzgado federal de Daniel Rafecas y comprenden también al despreciable palermitano. Las penas posibles son muy variables de acuerdo a los jueces que luego se hagan cargo de los casos. Los antecedentes muestras que van de multas por algunos miles pesos a sablazos de $500.000. Las denuncias de Migraciones son por violar los artículos 205 y 239 del Código Penal. El primer artículo refiere a “violar las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la propagación y la introducción de una epidemia” y el segundo refiere a la desobediencia a la autoridad. Al tener penas de seis meses a dos años de prisión, los deforestados mentales zafan porque la ejecución es condicional y se puede salvar con plata y tareas comunitarias.
Los últimos datos que se manejan desde el gobierno indican que Capital Federal –donde seguramente la gente no toma mate y es más culta, de acuerdo al análisis de Yanina Latorre desde Miami– registra un nivel de incumplimiento superior al promedio general (alrededor de un 30%) y que en la provincia de Buenos Aires la tendencia es inversa: 17% de incumplimiento contra un 20% de promedio general.
