Equipos de salud reciben capacitaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. El objetivo es brindar información accesible que permita tomar decisiones libres.
La sexualidad de las personas con discapacidad forma parte de ese cúmulo de tabúes que rodean el imaginario colectivo, razón más que suficiente para abrir los interrogantes en torno a las políticas públicas que se llevan a cabo teniendo en cuenta la vital importancia que cobra el acceso a la información adecuada. Y más aún: los derechos de esa población. En tal sentido, una pieza fundamental se centra en los equipos de salud, entre otras cosas con el fin de “saldar una deuda”.
En efecto, el gobierno provincial promueve talleres que desarrollan “aspectos normativos, teóricos y prácticos que hacen al acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas en general, y de las personas con discapacidad en particular”. Así lo precisó Paola Gross, directora provincial de Programas de Salud Sexual y Reproductiva y de Diversidad, en diálogo con Pausa. Según comentó la funcionaria, “esta línea de trabajo comenzó a principios de 2020”. ¿Por qué?
“En los últimos años, organizaciones comenzaron a poner este tema en agenda y desde diferentes instituciones se comenzó a trabajar. Fundamentalmente, las organizaciones que alzan la voz reclamando por situaciones en las cuales sus derechos no han sido respetados, como así también por barreras de acceso físicas y simbólicas”, explicó Gross. En función de ello, desde el Estado provincial se consideró “sumamente necesario reflexionar desde la salud y encontrar respuestas colectivas que permitan mejorar el acceso de las personas a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos”.
Esta política tiene su correlato legal en la ley provincial 14.046. El jueves 25, el Concejo de Santa Fe, aprobó la adhesión a esa norma y, con ello, la capacitación obligatoria en perspectiva de diversidad para agentes municipales.
Dejar atrás los prejuicios
Las capacitaciones constan de aspectos normativos, teóricos y prácticos sobre los derechos sexuales y reproductivos, que se refuerzan con materiales audiovisuales, locutados, con audiodescripción e intérprete de lengua de señas. De esta manera, la premisa no es otra que “sensibilizar y concientizar”. Así lo manifestó Victoria Echevarría, responsable del Área Géneros y Sexualidades de la Subsecretaría de Inclusión -también dependiente del Ministerio de Salud- en virtud de la importancia de la formación del personal de salud. La idea es que “abran la cabeza, para que las personas con discapacidad puedan recibir el trato y la información como los demás”.
El trato y la información devienen los pilares de una cuestión que, en palabras de Echevarría, se presenta como “ambigua”. Vale decir: la barrera actitudinal es la más fácil y también la más difícil de derrumbar. “Es fácil porque es la que depende de uno. No se necesita presupuesto, no se necesita comprar nada. Sin embargo, es la que más cuesta. Estamos en el siglo XXI y, a veces, parece que estamos en el siglo XX. O aún más atrás, cuando la persona con discapacidad no era sujeta de derechos”, dice la funcionaria de la Subsecretaría de Inclusión.
Para Echevarría, “hay que hacer entender a la sociedad que nos deben tratar como personas y no a nuestra discapacidad”. En ese sentido, explicita: “Mi discapacidad es una característica más en mí, como la de tener ojos marrones café. Con la sexualidad pasa lo mismo. Nos tratan como si no tuviéramos sexualidad, como si no deseáramos ni nos deseasen o no pudiéramos tener hijos”. Y agrega: “Algunos profesionales o familiares realizan esterilizaciones a sus hijas sin su consentimiento. La esterilización es un derecho; pero sin el consentimiento de la persona, es un tipo de violencia”.
"Es importante que dando estos talleres haya una persona con discapacidad porque es ella la que mejor sabe por su experiencia, por las barreras que ha pasado o pasa”, sintetiza Echeverría. De esa manera, el paradigma que orienta las capacitaciones a los equipos de salud (que dictan las áreas de Salud y de Inclusión de forma articulada) se corresponde con el lema por el que bregan las organizaciones:“Nada de nosotros (es), sin nosotros (es)”.
Hacia la autonomía
Frente al cuadro de situación expuesto por Victoria Echeverría, y el desafío que representa en términos de igualdad, la capacitación integral a los equipos de salud busca pensar qué ajustes son necesarios "para garantizar información clara, accesible y oportuna que permita a las personas con discapacidad conocer sus derechos, como así también tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad. Ese es el objetivo que orienta esta línea de trabajo”, define Paola Gross.
La autonomía de las personas con discapacidad y dejar atrás las perspectivas prejuiciosas sobre ellas supone plantarse sobre el paradigma de “la diferencia”. Esto es, “en lo que sí las personas con discapacidad pueden hacer, aceptar las diferencias e incorporar los apoyos necesarios para el desarrollo de sus vidas”, fundamenta Echevarría. Al respecto, un factor decisivo se ubica en los entornos y en su desconocimiento. “Hay mucha sobreprotección de las familias y quizás también de los terapeutas”, remarca la integrante de la Subsecretaría de Inclusión. Es precisamente la inclusión la clave del acompañamiento que se brinda a personas con discapacidad desde ese ámbito estatal.
“Uno de los objetivos es que todas las personas utilicemos los mismos dispositivos, tengamos o no discapacidad. Los distintos espacios tienen que ser accesibles y deben ofrecer apoyos, si es que la persona los necesita. Garantizar la accesibilidad y seguir dando estos tipos de talleres sirve para alentar una mayor autonomía de las personas con discapacidad", conceptualiza la funcionaria.
