El oficialismo presentó un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad en un ataque sin precedentes contra las personas con discapacidad. "Este proyecto criminaliza la pobreza y la discapacidad", alertó Gabriela Bruno, activista por los derechos de las personas con discapacidad.
El Gobierno de Milei ingresó al Senado de la Nación un proyecto de ley que modifica en forma sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad, que aún incumple a pesar de los fallos judiciales, titulada "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez". Se trata de una arremetida sin precedentes contra contra la universalidad del sistema desde que asumió Javier Milei.
"Su crueldad no tiene límites", dijo sobre el proyecto del oficialismo Gabriela Bruno, activista y referente santafesina por los derechos de las personas con discapacidad.
"Es un proyecto político que convierte los derechos en gasto y a las personas en sospechosas. Pretende recortar pensiones, expulsar personas del sistema y romper el principio de igualdad en el acceso a prestaciones. Es ajuste puro, pero disfrazado de moralidad", opinó sobre la modificación que pretende realizar el Gobierno nacional.
En este sentido, Bruno consideró que el Gobierno "nos quiere hacer creer que el problema somos nosotrxs. Que las personas con discapacidad somos sospechosas. Que quienes necesitan una pensión están abusando del Estado. Que hay que controlarnos, auditarnos, vigilarnos".
Y recordó que aún el oficialismo no ha dado explicaciones sobre el presunto circuito de coimas en la ANDIS, los privilegios de funcionarios nacionales, ni el uso discrecional de recursos públicos. "Ahí no hay sospecha, hay silencio", apuntó.
Según la opinión de Gabriela Bruno, la decisión del Gobierno de nombrar a este proyecto como "contra el fraude" es "una fuerte posición política". "El fraude es un delito. Es engaño, es estafa. Entonces, ¿qué están diciendo? Que quienes acceden a una pensión somos potenciales delincuentes. Es violencia institucional. Es estigmatización. Es capacitismo", sostuvo.
Entre los cambios que involucra el proyecto de la gestión de Javier Milei, Bruno menciona la destrucción del nomenclador nacional, a partir de la eliminación de los valores universales. A su vez, busca terminar con el piso común fundamental para garantizar la igualdad.
"Lo que hoy —todavía— permite que una persona con prepaga y otra con cobertura estatal compartan un mismo espacio, mañana deja de existir. Esto es desmantelamiento", explicó la activista.
Y añadió: "Instalan un régimen de sospecha permanente donde tenemos que demostrar todo el tiempo que “merecemos” vivir, que “merecemos” una pensión, que “merecemos” derechos. Nos obligan a justificar nuestra existencia frente al Estado".
Bruno remarca que el Gobierno nacional pretende implementar políticas que buscan "controlar, excluir y recortar", y denunció que la "la concentración de riqueza y la corrupción se protegen".
"En el fondo, lo que aparece es una lógica brutal: la desesperación por ajustar, incluso si eso implica avanzar sobre quienes más necesitamos del Estado para vivir con dignidad", señaló.
"Es un mensaje disciplinador, pero no vamos a retroceder", concluyó Gabriela Bruno.
El proyecto del Gobierno contra las personas con discapacidad
La iniciativa, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con suspensión automática del beneficio -y eventual baja- para quienes no completen el trámite en los plazos estipulados.
La iniciativa pretende derogar los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia.
Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.
Uno de los puntos más controvertidos es que la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.
Con información de Perfil
