Ni la Ley de Humedales ni la Ley de Acceso a la Tierra para familias campesinas están entre las prioridades del gobierno. En el contexto de generar las condiciones para negociar el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el Frente de Todos apuesta a la economía extractiva para generar divisas. Mientras tanto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible celebra en las redes sociales.
Alberto Fernández envió al Congreso de la Nación el temario para las Sesiones Extraordinarias que se desarrollarán durante febrero. Entre los tópicos dados a conocer ayer, brillan por su ausencia el tratamiento de los proyectos de la Ley de Humedales y de Acceso a la Tierra para familias campesinas, que pierden estado parlamentario el 1° de marzo -es decir, ya no podrán ser tratados hasta una nueva presentación. Otros envíos parlamentarios sí fueron incluidos en la agenda propuesta por el gobierno nacional: la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce en la Laguna Mar Chiquita, la creación del Parque y Reserva Nacional Islote Lobos en Río Negro y la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, ubicada donde se hallaron los restos del ARA San Juan.
Horas después de hacerse público el listado de temas priorizados por el gobierno nacional para su avance en el Congreso, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié literalmente celebró la decisión política del Ejecutivo Nacional, que omite reclamos históricos de organizaciones socioambientales y de las familias campesinas que piden créditos para acceder a su tierra propia, en la lucha contra un modelo agrícola de plaguicidas y transgénesis.
"Celebramos que en las Sesiones Extraordinarias del Congreso esté incluido el tratamiento de proyectos ambientales de creación de áreas protegidas. Esto es muy importante para el país", valoró el ministro a través de Twitter.
Celebramos que en las Sesiones Extraordinarias del Congreso esté incluido el tratamiento de proyectos ambientales de creación de áreas protegidas. Esto es muy importante para el país. pic.twitter.com/6tkiWS1NWW
— Juan Cabandié (@juancabandie) January 26, 2022
Un ministro es un ministro y un movimiento social es un movimiento social. No era de esperar que Cabandié salga a repudiar a su propio frente de gobierno por desoír el reclamo popular que viene exigiendo la sanción de la Ley de Humedales y de Acceso a la Tierra, pero el uso del verbo celebrar en el contexto de tamaña omisión es, como mínimo, poco feliz. Entre los "proyectos ambientales" que constituyen un hecho "muy importante para el país" no figuran aquellos que eventualmente puedan frenar la expansión de la frontera agropecuaria a costas de territorios antes considerados "marginales" para actividades como la ganadería. Por caso, las islas del Delta del Paraná, en llamas hace años.
Un proyecto urgente para los sectores más poderosos del agro
En Extraordinarias sí se tratará en el proyecto de Ley de Promoción Agroindustrial, que propone alcanzar las 200 millones de toneladas de cereales y oleaginosas para 2030. El plan busca "consolidar al país como líder agroalimentario" mediante "beneficios fiscales e impositivos". Es decir: generar divisas a través de las exportaciones con reducción de impuestos para el sector más concentrado del agro.
La urgencia en tratar en período extraordinario un proyecto presentado hace poco más de tres meses no solo profundiza las prerrogativas de sectores como las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados, sino que además va a contramano de los objetivos que Argentina asumió en el marco del Acuerdo de París para afrontar la crisis climática.
En 2020, nuestro país se comprometió a limitar las emisiones de gases invernaderos a un nivel de 25,7%. El último Inventario de Gases de Efecto Invernadero en Argentina (2019) señala que el 37% de las emisiones de GEI en nuestro país corresponden a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra.
Argentina ratificó su compromiso con la reducción de gases de efecto invernadero
En 2019, la superficie sembrada en Argentina era de 40.507.400 hectáreas totales, de las cuales 41,7% correspondía a soja; 23,4% a maíz y 17,1% a trigo. En 2020 se faenaron 52,9 millones de cabezas; en 2019, 13,9 millones. Los números conducen a una pregunta: ¿cómo piensan Alberto Fernández y su ministro de Ambiente cumplir lo prometido, aumentando los índices de una producción que supone casi el 40% de las emisiones en nuestro país?
Los hechos conducen a la respuesta. La agenda oficial apunta todas sus fichas productivas y ambientales a un solo objetivo: el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No es ninguna sorpresa que para el Frente de Todos empezar a pagar la deuda histórica que dejó el macrismo es el punto de partida para pensar en un modelo económico de soberanía. Ocurrió con Néstor Kirchner desde 2003 y Cristina Fernández lo afirma cada vez que tiene oportunidad. Pagada la deuda vendrán tiempos mejores. Pero, ¿cuál es el costo para las comunidades campesinas que producen las verduras que comemos y para las y los pobladores de las zonas afectadas por los extractivismos?
"Sin la Ley de Humedales, es casi imposible que se pongan a laburar en serio"
Pausa entrevistó a César Massi, integrante de la Red Nacional de Humedales, en la previa a la presentación del temario de las Extraordinarias. "La Ley de Humedales es importante porque es un marco regulatorio, es un marco de trabajo y una oportunidad para empezar a diagramar y a planificar en serio qué se puede hacer en los humedales y qué no, cómo cuidarlos. Sirve para que los que hacen actividades productivas allí empiecen a tener conciencia de que tienen que presentar estudios de impacto ambiental y que tienen que adaptarse a los humedales y no los humedales a la actividad productiva", valoró el activista.
Massi acotó además que "sin la Ley de Humedales, es casi imposible que se pongan a laburar en serio sobre este tema". El entrevistado agregó que tiene confianza en que "una vez que se apruebe la ley, va a haber mucha gente laburando en torno a lo que la ley pide y a tratar el tema de los humedales con la importancia que merece".
No hay datos certeros sobre las quemas
A nivel Ejecutivo, Juan Cabandié informó que en 2021 se fortaleció el Sistema Nacional de Manejo del Fuego con un presupuesto de 3000 millones de pesos. También afirmó que el año pasado se quemaron solo 330 mil hectáreas en todo el país, en comparación con las 1.100.000 incendiadas en 2020. La cifra de zonas quemadas, anunciada desde el gobierno como la menor de los últimos cinco años, es cuestionada por las organizaciones sociales.
Trabajamos con las provincias, municipios y ciudadanos/as en la prevención de incendios. En 2022 renovamos nuestro compromiso con la prevención y combate de incendios, fortaleciendo el SNMF para robustecer las tareas de las provincias. pic.twitter.com/5R73W9eqZC
— Juan Cabandié (@juancabandie) January 2, 2022
"Que salgan a anunciar un récord de menos áreas quemadas en los últimos años, en este contexto donde todo se prende fuego, es literalmente una burla", afirma a Pausa César Massi. El activista lleva sus propios registros de las quemas en la zona del Litoral: solo en la zona Pie Cas (del Delta del Paraná) se quemaron 1.002.576 hectáreas. Massi estudia los planos de la NASA y en base a ellos realiza los cálculos de las superficies quemadas.
"Cualquiera que ve lo que se está quemando ve que esos datos anunciados son una falsedad y que responden más a una necesidad de no informar para poder decir que gracias a los fondos se bajó la cantidad de hectáreas que se quemaron", agrega el entrevistado.
"Eso es falso porque no paran ningún incendio, no es que hay un trabajo preventivo y los combaten, sino que controlan que no se quemen pobladores y lo demás que se prenda fuego todo. En estos dos años no vi que hayan agarrado un fuego de entrada, que ni bien se prenda hayan ido y lo hayan apagado. Todos los focos que vi se desmadraron, se quemaron muchísimas hectáreas y en base a eso se descontroló todo", cuestiona.
El informe nacional se hace en base a los datos que brindan las provincias. En 2021, Santa Fe informó solo 103 hectáreas quemadas. "Mi suposición es que no quieren informar realmente lo que se quemó porque si tienen que informar el territorio quemado fuera del río -o sea, no solo lo que se quema en el río- tienen que empezar a ver que hay responsabilidad de su lado y para ellos es más cómodo, cuando les preguntan, endilgarle la responsabilidad a Entre Ríos", opina Massi. "Lo cierto es que a la altura de Diamante, cuando el río pega la curva, las islas empiezan a estar del lado de Santa Fe y ahí se ha quemado muchísimo. Se ha quemado mucho Jaukanigáas y ellos no tienen ningún interés en que eso se vea reflejado", grafica.
La Ley de Humedales: una demanda que lleva años
Los humedales se caracterizan por la presencia permanente o semipermanente de agua, tienen una flora y fauna muy particular, adaptadas a esas condiciones, y brindan un conjunto de funciones ecosistémicas específicas. Son bienes comunes de la naturaleza. Pero a partir del avance de los extractivismos en las últimas décadas, los humedales comenzaron a ser revalorizados económicamente para actividades agroindustriales, ganaderas, mineras, hidrocarburíferas, urbanísticas y turísticas a gran escala. Así lo explican Patricia Pintos e Inés Maraggi en su texto ¿Humedales al límite
o límites a la devastación de humedales? Entretelones de una Ley postergada.
En 2013, el Senado de la Nación sancionó por primera vez un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección y conservación de humedales. Pero no obtuvo apoyos en la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario al año siguiente.
En febrero de 2016, a dos meses de asumir la presidencia, Mauricio Macri anunció que promovería la sanción de una Ley de Humedales. Sin embargo, el senador Alfredo De Angeli (PRO-Unión por Entre Ríos) -una de las caras visibles del lock out patronal de 2008- fue un importante detractor de la ley. Nada es casualidad.
Sin embargo, a pesar de la oposición del oficialismo, el 30 de noviembre de 2016, se aprobó otro proyecto de Ley de Humedales -impulsado por el fallecido Pino Solanas- por segunda vez en el Senado. También ese proyecto perdió estado parlamentario en Diputados.
En el invierno de 2020, mientras ardían los humedales de forma dramática, la demanda de las organizaciones socioambientales y la permanente cobertura mediática con las imágenes de fuegos en todo el país, hizo que varios legisladores y legisladoras de todo el arco político atiendan el teléfono y presenten sus proyectos de presupuestos mínimos de protección a estos ecosistemas. Fueron diez en Diputados y cinco en el Senado.
Desde las Confederaciones Rurales Argentinas no tardaron en cuestionar que se ampliara la superficie nacional incluida dentro de la definición de humedales "para convertirla en un ’santuario’ eliminando a los pobladores y sus familias y restringiendo o prohibiendo las actividades productivas".
No obstante, en la Cámara Baja se avanzó en la unificación de sus proyectos en uno solo. En ese proceso participaron incluso organizaciones y sectores de la academia que mejoraron la iniciativa, que incluía el inventario nacional de humedales y el ordenamiento ambiental del territorio. Ese fue el proyecto que cayó ayer por decisión del gobierno nacional.
Tampoco está en agenda la Ley de Acceso a la Tierra
Junto a la Ley de Humedales, también perdió estado parlamentario la Ley de Acceso a la Tierra. La iniciativa fue presentada tres veces por familias campesinas de todo el país. En octubre de 2020, lo hicieron con el apoyo de los entonces ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. También se sumó entonces el bloque del Frente de Todos en Diputados. En febrero de 2021 Alberto se sacó una foto apoyando la iniciativa, pero fue una de las grandes omisiones en el temario de las Extraordinarias.
En lo concreto, la Ley de Acceso a la Tierra proponía la creación de un fondo fiduciario para que las familias agricultoras pudieran sacar un crédito en el Banco Nación que les permita acceder a la tierra propia. Hoy quienes producen el 60% de las frutas y verduras para el mercado interno lo hacen en condiciones indignas: alquilan terrenos (de tres o cuatro hectáreas) mediante contratos muy precarios, por los cuales en cualquier momento el dueño de la tierra puede desalojarlos.
Procrear Rural: familias agricultoras reclaman una ley de acceso a la tierra
La situación se repite en todo el país, y genera no solo que las y los agricultores vivan en casas precarias -ya que no pueden construir en un lugar donde no saben si mañana estarán- sino que además vuelve inviable un manejo agroecológico de los cultivos, que requiere sobre todo tiempo para la recuperación de los suelos y la adaptación del modo de producción.
Mientras el gobierno inclina la balanza a favor de los sectores patronales del agro y de las empresas agroexportadoras, las 200 familias productoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra de la provincia de Santa Fe emitieron hoy un comunicado para "visibilizar y denunciar la crisis que atraviesa nuestra producción y cómo nos vemos gravemente afectados por la bajada de los ríos, las altas olas de calor y la sequía de nuestros suelos, una problemática que se acrecienta ante la falta de respuestas de las autoridades gubernamentales".
"En este último tiempo sembrar o trasplantar en tierra seca, donde no llega el agua, es cada vez más complejo. A esta dificultad se le suman los incendios que arrasan con nuestros territorios, tanto por falta de humedales como por la ausencia de políticas de protección ambiental, lo cual nos lleva a perder casi la totalidad de los alimentos ya producidos", dicen desde la UTT Santa Fe.
La delegada provincial de la organización, Delicia Zenteno, afirma que "desde hace dos meses resulta muy difícil seguir produciendo ya que frente a la sequía y la bajante del rio Paraná no está llegado el agua que se necesita para el riego y eso provoca que se pierda casi la totalidad de la producción de verduras".
En este marco, volvieron a reclamar por la Ley de Humedales y también por un proyecto de ley que les permita mejorar su calidad de vida.
excelente nota - clarísima-