La Asamblea Nacional de Ecuador despenalizó este jueves el aborto en casos de violación, con un plazo para realizarlo de 12 semanas para adultas y 18 para menores. Ahora el texto pasará a ser considerado por el presidente ecuatoriano, quien se opone al aborto y anticipó que lo vetará.
Con una resultado que fue celebrado como una victoria parcial por los feminismos ecuatorianos, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves un ley para regular el acceso al aborto en casos de violación. En los hechos, el aborto por violación ya estaba despenalizado desde abril del año pasado por una sentencia de la Corte Constitucional. Lo que estaba pendiente hasta este jueves era legislar un texto que fijara los requisitos para hacerlo.
Si el texto aprobado estipula que las víctimas de violación mayores de 18 años podrán abortar hasta las 12 semanas, mientras que las menores de edad, mujeres del mundo rural y de las comunidades indígenas, hasta las 18 semanas. “Las mujeres adultas nos vamos a sacrificar por las niñas violadas de este país”, sentenció la asambleísta Johanna Moreira, autora de la norma.
Es que para poder conseguir los votos suficientes para aprobar la ley, las impulsoras de la misma debieron realizar algunas concesiones y realizar dos votaciones. La propuesta inicial que permitía a las personas gestantes adultas abortar hasta las 16 semanas no consiguió los 70 votos necesarios, le faltaron cuatro. Ante esto, Moreira pidió un tiempo para reconsiderar el texto.
A su regreso al Congreso ecuatoriano llevó una segunda propuesta donde el límite temporal para las niñas y adolescentes quedaba igual en 18 semanas, pero para las adultas bajaba de 16 a 12 semanas. “Hemos tenido que cambiar los plazos, en contra de nuestra voluntad, para dar paso a los consensos”, señaló la impulsora del proyecto.
Con esa modificación la normativa consiguió 75 votos afirmativos, 41 negativos y siete abstenciones. Moreira justificó el sacrificio de las mujeres adultas para “sensibilizar” a la Asamblea Nacional. “Pero, sobre todo, el sacrificio de las mujeres empobrecidas porque son ellas las que no van a poder realizarse una interrupción del embarazo”, recalcó con cierta resignación, agregando que en el ámbito rural y en las comunidades indígenas de Ecuador hay mujeres “que por su condición de pobreza no se dan cuenta de que están embarazadas incluso hasta la semana 20″.
El texto pasará ahora a consideración del presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, quien se opone al aborto y ya anticipó -en declaraciones a la prensa a principios de año- que lo vetará. “No creo ni en el aborto como tampoco creo en la pena de muerte”, dijo el presidente y agregó que “yo estoy decidido a vetarlo, no le puedo decir si será un veto total o parcial, depende de cuál es el texto final de la Asamblea”.
El presidente ya había indicado que la ley sería vetada "si contradecía el mandato constitucional", pero no aclaró hasta ahora qué plazo temporal está, a su juicio, enmarcado en ese criterio, aunque sí ha ratificado su criterio personal de que la vida comienza desde la concepción y termina con la muerte.
Lasso también manifestó que aunque “definitivamente” no comparte la resolución de la Corte Constitucional, su “actitud republicana” le “obliga” a respetar la decisión de los magistrados. Si finalmente veta toda la norma, el Congreso podrá volver a tratar el tema después de un año y aprobarlo con el voto de las dos terceras partes (91 de 137). Pero si objeta solo una parte del texto, Lasso deberá presentar un marco alternativo para su consideración en el Congreso, donde no tiene mayoría.
Siete menores de 14 años dan a luz a diario en Ecuador, tercer país latinoamericano con tasa más alta de embarazo en niñas y adolescentes, según datos oficiales. La organización feminista Surkuna sostiene que, de acuerdo con la Fiscalía, entre agosto de 2014 y noviembre de 2021 hubo alrededor de 42.000 denuncias por violación.
La ONG Human Rights Watch (HWR) señaló que Ecuador destina unos cinco millones de dólares al año a la atención a complicaciones relacionadas con abortos inseguros.
La ley ecuatoriana prevé que la mujer que interrumpe su embarazo por causales distintas a las permitidas será sancionada hasta con dos años de cárcel.
Con información de AFP, EFE, EuropaPress y El País
