El parlamento español y la Fiscalía General del Estado han comenzado a involucrarse en la investigación sobre casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia católica. En tanto que la Conferencia Episcopal Española contrató un estudio de abogados para realizar una investigación independiente. La decisión se da en un momento en que crecen los pedidos políticos para que haya justicia y reparación de las víctimas.
España ha dado un paso si precedentes en la investigación de la pederastia en el seno de la Iglesia católica y lo ha hecho desde dos perspectivas distintas, política y judicial. Por un lado, el Congreso de los Diputados ha abierto la puerta a una posible investigación parlamentaria de los abusos. Por otro, la Fiscalía General del Estado ha decidido centralizar todos los casos abiertos.
"El principal problema es que el 99,9 % de los casos están prescritos", señaló Miguel Hurtado, víctima de abusos en su niñez, al portal Euronews. Hurtado espera que se logren avances, aunque lamenta que esto suceda tan tarde. "La Fiscalía podría producir un informe que cuantificara la magnitud del iceberg de la pederastia en la Iglesia española: cuántos curas pederastas, cuántos obispos encubridores, cuántos niños violados, en cuántas instituciones se han producido abusos".
Esther Pujol, otra víctima de abusos en la Iglesia, celebró que por fin se escuchen sus voces. "Me parece fantástico porque cada paso en ese sentido, para reparar el dolor que sentimos las víctimas de abusos, es muy bien recibido por nuestra parte, es nuestra lucha", afirma.
El Congreso de los Diputados, la Cámara baja del Parlamento, abrió la puerta a la creación de una comisión parlamentaria que investigue estos abusos. La iniciativa, promovida, entre otros, por Unidas Podemos, uno de los socios de la coalición de Gobierno, es muy probable que salga adelante pese al rechazo del conservador Partido Popular, principal formación de la oposición, así como del ultraderechista Vox, tercera fuerza parlamentaria.
De forma paralela, la Fiscalía General del Estado ha solicitado a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitan en un plazo de diez días todas las denuncias y querellas en tramitación sobre presuntos abusos sexuales en instituciones religiosas.
La Iglesia católica española ha rechazado hasta ahora la creación de esta comisión independiente, pese a reconocer la existencia de más de doscientas denuncias contra religiosos en los últimos veinte años. En su lugar, ha optado por abrir oficinas de atención a víctimas en cada diócesis.
Santiago Bueno, presidente del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Barcelona, pide una investigación más amplia, que no se centre únicamente en la Iglesia católica. "Me parece correcto, pero también me parece necesario que la investigación sea más abierta y que no se enfoque solo en la Iglesia católica como si fuese un problema exclusivo de la Iglesia católica. Es un problema de toda la sociedad", afirma Bueno.
Asociaciones y colectivos de cristianos de base vienen reclamado a la Conferencia Episcopal "que pase de las tinieblas a la luz" y cree una "comisión de la verdad" que investigue la "verdadera magnitud" de los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica española.
Ante esto, la Iglesia católica de España anunció este lunes que un despacho de abogados realizará una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales a menores que recibe la institución.
Un estudio de abogados "abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias, revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos", indicó la Conferencia Episcopal Española (CEE) en un comunicado.
El despacho Cremades & Calvo Sotelo también ayudará a "establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto", agregó la CEE, quien convocó una rueda de prensa el martes para dar detalles del alcance de la auditoria independiente.
Hasta este momento, la Iglesia católica en España descartó una investigación exhaustiva sobre la pederastia en su seno, a diferencia de lo ocurrido en otros países europeos como Alemania, Irlanda o Francia o como sucedió en Australia o Estados Unidos.
La Iglesia, que oficialmente solo reconoce 220 casos desde 2001, alega que no desea hacer un "análisis estadístico" y defiende su estrategia de haber instaurado oficinas en las diócesis para recibir denuncias e implementar protocolos de actuación ante abusos a menores.
Ante la falta de estadísticas oficiales, el diario El País abrió un buzón para recibir denuncias y ha contabilizado 1.246 víctimas desde la década de 1930, en un país de fuerte tradición católica.
El impulso político se produjo luego de conocerse en enero un caso muy sonado, el del escritor catalán Alejandro Palomas, quien denunció haber sido abusado en un colegio católico en los 70 cuando tenía 8 años.
