Finalmente, tras más de un año y medio de negociaciones, este jueves el Gobierno cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para reemplazar el programa Stand By acordado en 2018 por un nuevo programa de Facilidades Extendidas. En formato de proyecto de Ley, el acuerdo se envía al Congreso de la Nación.
El Gobierno Nacional anunció este jueves el envío al Congreso de la Nación del acuerdo alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda récord de aproximadamente USD 45.000 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio. El proyecto de ley para aprobar el “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional” incluye el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, documentos que forman parte del acuerdo alcanzado para refinanciar los compromisos con el organismo, que incluían vencimientos de deduda concentrados principalmente en 2022 y 2023.
"Durante los meses de negociaciones se ha logrado llegar a entendimientos con el staff del FMI acerca de la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica", afirman desde la cartera en el comunicado de este jueves. Califican al acuerdo como "pragmático y realista".
Lo mismo dice el FMI al confirmar el acuerdo alcanzado a nivel técnico, que deberá ser refrendado por el Congreso argentino y luego por el directorio del Fondo. "Los profundos desafíos socioeconómicos de Argentina fueron exacerbados por la pandemia global" afirma en su propio comunicado el organismo, y afirma que se acordó un "programa prágmático y realista con políticas económicas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar los desafíos estructurales para el crecimiento sostenible de Argentina". El comunicado de Economía menciona la importancia de impulsar "políticas de mitigación y adaptación ambientales", más no hace ninguna otra salvedad sobre la cuestión del medioambiente.
El programa de Facilidades Extendidas -conocido como Servicio Ampliado del FMI o EFF por sus siglas en inglés- incluye 10 revisiones trimestrales durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI; y el resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, es decir que Argentina comenzará a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
En cuanto a la inflación, el comunicado afirma que hay entendimiento con el FMI en definirla como un fenómeno multicausal y "uno de los principales desafíos de la política macroeconómica que debe ser abordado desde un enfoque integral". Para bajar la inflación, se establecen como pautas la acumulación de reservas con "compromiso de estabilidad cambiaria" y la reducción gradual del déficit fiscal, en el marco la mentada recuperación de la actividad económica. El proceso, apunta el comunicado de Economía, deberá estar acompañado de políticas monetarias que fortalezcan el crédito en moneda nacional y políticas de precios e ingresos hacia "una continuidad de la recuperación de los ingresos reales".
El acuerdo alcanzado no prevé ninguna reforma previsional y, en cambio, apunta a que" las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía", mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609.
En el comunicado, el Palacio de Hacienda ratificó esta tarde que en el programa el Gobierno “está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios”, lo que incluye la implementación de "tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso”. También entre los objetivos del acuerdo figuran la pobreza infantil y la inclusión en el mercado laboral, particularmente de las mujeres y las personas con menor calificación.
Para la mayoría de los usuarios residenciales, los aumentos de luz y gas irían del 21% al 42%
