Carlos del Frade ingresará una iniciativa para crear una mesa "de seguimiento y estudio del juicio a Esteban Alvarado", a fin de "convocar a todas las personas con responsabilidad institucional que fueron nombradas" durante las audiencias judiciales que se desarrollan en Rosario. "La política debe ser transparente o la democracia se vuelve una farsa", señaló el legislador.
El diputado provincial Carlos del Frade (Frente Social y Popular) ingresará este miércoles un proyecto de Resolución para conformar "una Comisión de información, investigación y seguimiento de los hechos de público conocimiento que derivaron en imputaciones penales y potenciales complicidades institucionales desarrollados en el juicio a Esteban Lindor Alvrado", que se celebra desde febrero de 2022 en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
A Alvarado se lo acusa de liderar una organización criminal desde mediados de 2012 —cuando fue condenado por robo de autos en el conurbano bonaerense— hasta fines de 2018, cuando ocurrió el asesinato de un prestamista informal, Lucio Maldonado, que dio origen a la investigación que desbarató a la banda y derivó en el juicio en curso.
Puntualmente se lo acusa por "dos casos de homicidios (el de Maldonado y Carlos Arguelles, un ex-socio), atentados contra edificios judiciales, atentado contra una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cinco causas de lavado de activos", según explicaron los fiscales a cargo de la causa, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, en declaraciones recogidas por Telam en el inicio del juicio.
Allí destacaron además que "uno de los estamentos de la compleja organización estaba integrado por personas encargadas de administrar, organizar y gestionar el funcionamiento de un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permiten la colocación de los bienes obtenidos a partir de hechos ilícitos, disimularlos y ocultarlos tras el amparo que brindan las estructuras societarias".
En tal marco, Del Frade sostiene que Alvarado "está siendo juzgado de manera pública en un proceso abierto en donde las personas que declararon aportaron muchos datos, hechos y nombres de diferentes funcionarias y funcionarios, como también ex funcionarias y funcionarios que pasaron por la administración pública en los tres poderes del estado santafesino".
"Más allá de lo que promueva y condene el servicio público de justicia es menester que la política asuma su responsabilidad a la hora de llevar explicaciones de lo sucedido en los últimos quince años en la provincia de Santa Fe y que fuera expuesto en las audiencias públicas del proceso a Alvarado", agregó.
Es por ello que Del Frade propone conformar una mesa de once legisladores de la Cámara Baja provincial encargados de indagar "alrededor de los hechos y personas nombradas en el debate vinculadas a distintas áreas del estado santafesino".
Los diputados serán "designados en base a propuestas de los distintos bloques parlamentarios, respetando la representación política proporcional y la equidad de género", pero ya tendrían su silla asegurada el radical Juan Cruz Cándido y la socialista Lionella Cattalini, por presidir las comisiones de Seguridad Pública y de Derechos y garantías, respectivamente.
Allí deberán elaborar "un informe mensual" sobre los hechos relatados durante el juicio, para lo cual podrán acceder a información judicial y recibir pruebas y/o denuncias de interés para el MPA, así como la posibilidad de entrevistar a quienes "puedan brindar información relativa a los hechos investigados".
