Investigación, producción y salud son tres caminos que deben volver a unirse cuando se habla de cannabis. Sin mezquindades políticas y atendiendo a los tiempos que la salud demanda y a las oportunidades que se presentan.
Por Erica Hynes - Diputada provincial
Esta semana el cannabis volvió a ser noticia en Santa Fe porque la Corte Suprema de Justicia realizó una audiencia para tratar el amparo presentado por la Asociación Madres Cannabis Medicinal Santa Fe (Macame).
Se trata de un nuevo reclamo que desnuda el desamparo que viven las familias frente a la inacción del estado, la especulación de la industria farmacéutica y la falta de coraje de los cuerpos legislativos para avanzar en leyes claves tanto para la salud como la producción. Una versión triste y real de senderos que se bifurcan, como en el cuento de Borges, con líneas temporales que se cruzan y gobiernos que no toman decisiones urgentes.
El laberinto legal
El primer camino a cerrar debe ser el de la ley, es necesario contar con un marco legal nacional que marque el rumbo a seguir por el resto de los estados subnacionales.
En julio del año pasado el Senado aprobó un proyecto enviado por el Ejecutivo que modifica la ley actual y establece un marco regulatorio para la cadena de producción y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal.
Esta iniciativa hace foco en el otorgamiento y control de las licencias a “eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica", como empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles y cooperativas. Para tal fin la ley contempla la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis.
Por la velocidad con que fue aprobada en el Senado y por contar con apoyo del oficialismo y la oposición, se esperaba una sanción rápida de la ley en Diputados, pero eso no sucedió. El proyecto tampoco se trató en las Sesiones Extraordinarias y, vencido el plazo para ser aprobado tras el recambio de legisladores, ahora debe volver a la Cámara baja, la cual está en proceso de conformación de sus comisiones luego de vaivenes políticos inter e intrapartidarios.
El laberinto medicinal
Con respecto al cannabis medicinal, la deuda más urgente a resolver, se deben acelerar los tiempos y garantizar la no criminalización de las personas que necesitan contar con este medicamento para tener una mejor calidad de vida.
Hasta ahora la ley 27.350, única vigente sobre cannabis, se limita a legalizar el cultivo para la investigación científica, pero no incluye un apartado para los derivados medicinales, por lo que la opción de las personas que necesitan este producto es el autocultivo, considerado un delito según el Código Penal.
La aprobación del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) en marzo del año pasado, se presentó como una solución para sacar de la clandestinidad a miles de usuarios de cannabis medicinal. Este registro los habilita a moverse dentro del territorio nacional con frascos de aceite, con hasta 40 gramos de flores (o seis frascos) y pueden sembrar y cosechar en sus casas hasta 9 plantas florecidas en un espacio máximo de seis metros cuadrados. Sin embargo, muchos médicos no avalan el uso de cannabis ni respaldan el autocultivo, algunos por convencimiento basado en cuestiones técnicas y terapéuticas pero otros por temor ante la incertidumbre del marco legal. Esta situación da como resultado que muchas familias no tengan acceso al registro.
La provincia de Santa Fe por su parte, hace varios años avanza hacia el acceso seguro al aceite de cannabis a través de su producción por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Actualmente se fracciona y distribuye un producto que tiene un alto contenido de CBD (uno de los cannabinoides presentes en la planta de cannabis con probados beneficios para la salud humana). Los destinatarios son los afiliados a la obra social provincial IAPOS y quienes se atienden en los hospitales públicos santafesinos.
Con el registro nacional y la producción de aceite provincial se allanan varios muchos obstáculos para las personas que necesitan el cannabis medicinal, pero quedan personas no amparadas por la ley y por eso, colectivos como MACAME van a la Corte, para lograr la despenalización del cultivo con fines medicinales, una movida que de lograrse sentaría importante jurisprudencia.
El laberinto de la investigación
El acceso a nuevo conocimiento sobre cannabis se aseguró con la sanción en 2017 de la mencionada ley 27.350 y su posterior decreto reglamentario 883/20 que trata expresamente la posibilidad de investigar, sin pedir siquiera autorización previa, en temas que no involucren investigación clínica aplicada.
Desde entonces, son varias las instituciones que avanzaron con líneas de investigación. Solo el INTA informó que trabaja en once proyectos I+D del cultivo con fines medicinales distribuidos en siete provincias y ya firmó convenios la provincia de Jujuy, en San Juan, con los municipios de Pergamino, General Lamadrid y San Pedro, con la ONG Ciencia Sativa en la Patagonia y con la empresa privada uruguaya BCBD Medicinal SA.
En lo que al territorio santafesino se refiere, la normativa nacional vino a complementar la ley provincial 13.602, que promueve estudios e investigaciones sobre el uso del cannabis con fines terapéuticos. Además del LIF, las universidades nacionales del Litoral y de Rosario tienen grupos que hace años trabajan en cannabis por lo que nuestra provincia tiene todas las ventajas comparativas para lanzarse a investigar, producir y liderar el mercado del cannabis, tanto desde la provisión pública de medicamentos, como desde la generación de conocimiento innovador y desarrollo industrial.
Investigación, producción y salud son tres caminos que deben volver a unirse cuando se habla de cannabis. Sin mezquindades políticas y atendiendo a los tiempos que la salud demanda y a las oportunidades que se presentan. Santa Fe puede liderar ese camino y tiene las condiciones para hacerlo si hay voluntad política para salir del laberinto.
