Después de pasar 2018 y 2019 sin destruir ningún fierro, la Agencia Nacional de Materiales Controlados destruyó más de 10 mil armas de fuego, llegando más de 40 mil armas desmanteladas en los últimos dos años, "incluso en estos tiempos de discursos sensacionalistas e irresponsables".
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) destruyó 10 mil armas de fuego y en los últimos dos años ya suman más de 40 mil. La destrucción masiva llevada adelante se enmarca en el proceso de recuperación de esta política pública, que en los últimos dos años permitió destruir 40 mil armas y revertir una parálisis: durante 2018 y 2019 no se destruyó ni siquiera un arma.
El ministro de Justicia, Juan Martín Mena, celebró la destrucción de las armas: "Es una auténtica política del Estado Nacional que no vamos a cesar nunca. Vamos a seguir destruyendo armas extraídas del delito, incluso en estos tiempos de discursos sensacionalistas e irresponsables respecto de la tenencia y portación de armas de fuego".
Las armas provienen de decomisos realizados por el Poder Judicial y de bajas patrimoniales de fuerzas policiales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, y del Banco de la Nación Argentina. Con este nuevo lote de armas destruidas se alcanza un número de casi 440.000 armas de fuego destruidas desde el año 2000 y más de 10 toneladas de municiones convencionales.
En la última destrucción de armas, venían desde Santa Fe unas 2023, 321 de La Pampa, 520 de Entre Ríos, 430 de Neuquén, 89 del Banco Nación y 7058 del Servicio Penitenciario de Buenos Aires.
El procedimiento de destrucción se conformó de dos etapas: la primera, llevada a cabo en la sede del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC), donde se efectuaron los controles registrales y notariales correspondientes. Bajo la custodia de la Policía Federal Argentina (PFA), se procedió al traslado de las armas de fuego a la planta de la empresa Scrap Service S.A, donde se procedió a la destrucción por triturado y fundición de las mismas, bajo estrictos protocolos de seguridad. Todo lo actuado fue certificado por parte de la Escribanía General de la Nación.
Las armas de fuego provenientes de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Entre Ríos, se destruyeron en el marco de la Ley 25.938 de secuestro y decomiso por comisión de delito; mientras que las de La Pampa, Santa Fe y Banco de la Nación Argentina, en el marco de la Ley 20.429 de bajas patrimoniales de dotación de las fuerzas policiales. La mayoría de estas armas han sido decomisadas por el Poder Judicial en el marco de procedimientos de investigaciones judiciales, extraídas de los circuitos ilícitos y de la comisión de diversos delitos, entre ellos hechos de violencia de genero.
"Sacar de circulación un material de por sí violento, permite reducir la gravedad de los conflictos sociales que suceden en nuestra sociedad civil. Además, muchas de las armas destruidas provienen de bajas patrimoniales de las Fuerzas de Seguridad. Esto nos permite destruir materiales vetustos de las dotaciones policiales, para mejorar las condiciones de trabajo de las Fuerzas, dotándolos de armas y equipamientos nuevos y de mejor tecnología", agregó el ministro Mena.
