El Concejo aprobó un proyecto de comunicación de Jorge Fernández solicitando la reapertura de la sede local del Registro Nacional de Armas y la implementación efectiva del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en la región.
El Concejo de Santa Fe aprobó ayer un proyecto de comunicación del edil Jorge Fernández (PJ), con coautoría de su par Jorgelina Mudallel (PJ), solicitando al Municipio gestionar ante las autoridades nacionales la reapertura de la oficina del Registro Nacional de Armas (RENAR) en la ciudad. Además, el proyecto pide gestiones para la implementación efectiva del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en la región.
"La ausencia de una sede operativa del RENAR en la ciudad impacta directamente en la política de control de armas y en la implementación de programas como el de Entrega Voluntaria, que ha demostrado ser una herramienta eficaz para retirar armas de circulación", manifestó Fernández. "Sin estos instrumentos, se pierde una línea concreta de intervención para reducir riesgos y limitar la disponibilidad de armas en la sociedad", agregó.
En esa línea, Fernández sostuvo que "este proyecto busca recuperar capacidades que el Estado no puede resignar: una oficina del RENAR en Santa Fe facilita los trámites, mejora los controles y fortalece la presencia institucional en una materia especialmente sensible". "La seguridad se construye con políticas sostenidas, con regulación y con control efectivo sobre la circulación de armas", sintetizó.
En los fundamentos del proyecto se destaca que la sede local del RENAR no solo atendía demandas de Santa Fe y el centro-norte de la provincia, sino que operaba como punto de referencia para toda la región del Litoral, con alcance sobre Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
El repliegue del Estado
Respecto del Programa de Entrega Voluntaria, Fernández y Mudallel destacaron que el mismo constituye "una de las herramientas más relevantes del Estado argentino para reducir la cantidad de armas en circulación", y que desde su implementación permitió retirar una cantidad significativa de armas y municiones -muchas en condiciones inadecuadas de almacenamiento o sin registración-, disminuyendo riesgos asociados a conflictos interpersonales, hechos delictivos y accidentes domésticos.
"La decisión de desarticular capacidades estatales en materia de control de armas no solo debilita herramientas concretas de prevención, sino que transmite un mensaje equivocado en contextos donde la violencia armada exige más Estado y mayor presencia institucional", reza el texto del proyecto. "Cuando el Estado se repliega en áreas sensibles, no se genera vacío: se amplifican los riesgos y se deteriora la capacidad de respuesta frente a fenómenos complejos", concluye.
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