Miembros de universidades nacionales y del ámbito científico expresaron la urgencia de que el proyecto obtenga dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados. Además, instaron a "superar las presiones de lobbies" y desmintieron las argumentaciones en contra de su tratamiento.

Más de 1800 académiques e investigadores de universidades nacionales y del ámbito científico manifestaron su apoyo a la Ley de Humedales y expresaron la urgencia de que el proyecto obtenga dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados. Lo hicieron a través de un petitorio en el que, además, instaron a "superar las presiones de lobbies poco interesados en la conservación de humedales" y se ocuparon de desmentir las argumentaciones en contra de su tratamiento por parte de "ciertos sectores de la política contrarios de establecer cualquier tipo de regulación". La lista completa de firmantes se puede ver acá. 

"Desde nuestro lugar como académicos e investigadores de Universidades Nacionales y del Sistema Científico Nacional queremos expresar nuestra profunda preocupación frente a la posibilidad de perder una nueva oportunidad para obtener dictamen en reunión plenaria de comisiones, que habilite al debate del proyecto de ley de presupuestos mínimos de conservación ambiental para el uso racional y sustentable de los humedales", enuncia el comunicado, que resalta que el actual es un "momento clave" para avanzar en la sanción de la ley, "oportunidad que viene siendo largamente postergada, desde la primera media sanción obtenida en 2013 en el Senado".

En este sentido, las personas firmantes instan "a superar las presiones de lobbies poco interesados en la conservación de los humedales y hacer prevalecer el buen criterio de preservarlos", destacando la importancia de considerar "a estos ecosistemas como bienes comunes de la sociedad y no estar sujetos a coyunturas productivistas que sólo privilegian su aprovechamiento económico inmediato y en beneficio de unas minorías".

A continuación, señala que "en los últimos días hemos sido testigos de cómo ciertos sectores de la política han apelado a un conjunto de argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales, claramente contrarios de establecer cualquier tipo de regulación", y se explaya en su refutación.

Desmontando los argumentos contrarios a la ley

En primer lugar, investigadores y científiques rebatieron la postura de aquellos que afirman que no se puede aprobar el dictamen "en un trámite exprés", y afirmaron que "se trata de una clara maniobra dilatoria". En este sentido, recordaron que el proyecto "es el resultado de un largo proceso de sedimentación que inicia con la primera media sanción de 2013, nutrido en 2020 por los aportes de una infinidad de reuniones informativas y por el trabajo conjunto desarrollado por especialistas científicos, técnicos, ambientalistas de las provincias, asesores y legisladores", y que actualmente "cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones socioambientales de todo el país".

En segundo término, negaron que la Ley de Humedales avance sobre las autonomías provinciales y sobre la propiedad privada: "La ley se enmarca en lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el cual las provincias delegan en la Nación la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales. Los derechos de propiedad no se ven vulnerados por la sanción y aplicación de estas leyes, sólo se establecen los marcos regulatorios a los efectos de asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas alcanzados. Las provincias participan activamente de la realización del inventario nacional de humedales”.

Luego, en relación a aquellos discursos que manifiestan su preocupación por un posible impacto de la ley en el "desarrollo productivo" del país, les firmantes del petitorio resaltaron: "La ley no establece prohibiciones a priori a ningún tipo de actividad. Sólo se establece que las autoridades competentes deberán solicitar una evaluación de impacto ambiental de forma previa a autorizar la realización de nuevas actividades o la ampliación de las actividades existentes. Se busca garantizar sustentabilidad de los ecosistemas de humedales en el largo plazo y así evitar formas de explotación que los inutilice o haga desaparecer en el corto-mediano plazo". En el mismo sentido, acentuaron que "asegurar la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos provistos por los humedales [...] colabora en garantizar derechos humanos fundamentales para una vida digna de las poblaciones, como el acceso al agua, al aire limpio y a la producción de alimentos".

Finalmente, contra de aquellos que pregonan que "los pobladores históricos serán desplazados de los ambientes de humedales”, el comunicado considera que las comunidades históricamente se han vinculado de forma armónica y respetuosa con los ecosistemas, y que, "en todo caso, son las prácticas extractivistas desarrolladas en los últimos años las que afectan y expulsan a estas comunidades".