Otra filtración de audios del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, devino en una nueva exhibición de promiscuidad judicial, espionaje, carpetas y denuncias que convulsiona a toda la política provincial.
En medio del proceso para la selección y designación de las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Provincial de la Defensa Penal, la filtración de una serie de audios del ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, puso de relieve una duda incubada durante la breve y ruidosa gestión del actual asesor de Aníbal Fernández: ¿hay espionaje contra políticos y empresarios en Santa Fe?
La oposición está convencida de que es así. Para sostener esa hipótesis, se basan en los fragmentos de mensajes privados de Sain que forman parte de la causa judicial sobre espionaje ilegal y que fueron divulgados por medios de Rosario pertenecientes a uno de los empresarios supuestamente “perfilados” por el ex ministro. El oficialismo rechaza la hipótesis “porque ese suceso sencillamente nunca ocurrió”, al decir del actual diputado nacional Roberto Mirabella, mano derecha del gobernador Omar Perotti.
Una breve recapitulación de los hechos ocurridos durante el último año puede ayudar a entender la actual situación:
= El viernes 26 de noviembre de 2021, por orden de los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, hubo una serie de allanamientos en las sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad. Ese día se secuestró documentación, celulares y equipos informáticos de ex colaboradores de Sain, quien había renunciado a su cargo en marzo de ese año tras la difusión de audios escandalosos en los que trataba de “negros pueblerinos” a los agentes de la Policía de Santa Fe.
= Tras los allanamientos, la Fiscalía abrió una causa por asociación ilícita con malversación dolosa, abuso de autoridad y violación a la ley 25.520 de inteligencia nacional contra Sain y otros seis ex colaboradores suyos: el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro, la ex asistente técnica Nadia Schujman, el ex director de Análisis Criminal Sebastián Sánchez, el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Álvarez, el ex secretario de Finanzas del Ministerio de Seguridad Maximiliano Novas y la jefa de Inteligencia zona sur del Organismo de Investigaciones del MPA Débora Cotichini.
= En febrero de este año, los fiscales revelaron que durante la gestión de Sain se confeccionaron al menos 661 carpetas con perfiles de dirigentes políticos y sindicales, empresarios y entidades públicas de la provincia y del país. En ese momento, el fiscal Hernández dijo que los funcionarios identificados formaban parte de una “asociación ilícita” dedicada a cometer “defraudaciones al Estado” y violar la ley de inteligencia nacional: “Estamos ante un caso de delincuencia organizada”.
= Apenas ocurrieron los allanamientos, Sain advirtió que la competencia sobre el delito de espionaje ilegal no es provincial sino federal. En aquel momento –primeros días de diciembre de 2021–, pidió que la causa pase a la Justicia Federal. El juez federal Reinaldo Rodríguez desestimó el pedido de Sain.
= La misma petición hizo días atrás el diputado Mirabella, salpicado por algunos de los audios de Sain donde aparece mencionado como operador de Perotti en el marco de presuntos actos de tráfico de influencias. Mirabella apeló el fallo de Rodríguez y ahora el tema está siendo analizado por la Cámara federal.
Las querellas
El actual diputado provincial y ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aparece en la lista de las 661 carpetas o “perfiles”. Cuando se conoció ese dato, Pullaro pidió ser admitido como querellante en la causa. “Es gravísimo lo que se está investigando. Que Sain, Montenegro y Schujman estén sospechados de haber recabado información de manera ilegal mientras deberían haber estado cuidando a los santafesinos, es algo nunca se vio en la historia de la democracia santafesina”.
“Queremos saber para qué el gobierno recopilaba esa información, si es cierto que se recolectaba información sobre empresarios, queremos saber con qué fines, si es cierto que se investigaba a dirigentes políticos, no solo opositores también integrantes del propio gobierno enfrentados a Sain, cuáles eran los fines y conocer también si es verdad que había periodistas investigados y para qué”, sostuvo en aquel momento Pullaro.
En paralelo, el propio gobierno provincial también fue admitido como querellante en la causa por espionaje tras un pedido del fiscal de Estado de Santa Fe, Rubén Weder. En los hechos, esto significa que el Estado santafesino forma parte de la acusación contra el ex ministro Sain, que había integrado el gobierno hasta pocos meses antes.
El gobierno a través de la Fiscalía de Estado y uno de los principales dirigentes de la oposición –el diputado Pullaro– son querellantes en la misma causa. Las derivaciones son impredecibles.
Sin avances
Según el fiscal Hernández, durante la investigación se detectaron “miles” de consultas realizadas por el equipo de Sain a las bases “Sudamericadata” y “Nosis”, dos empresas que recopilan información personal y económica de personas físicas y jurídicas. Esa es una de las principales pruebas de la Fiscalía para sostener la hipótesis de los “carpetazos” organizados por Sain.
Sin embargo, a lo largo de casi un año de proceso, todavía no hay ningún funcionario ni ex funcionario del Ministerio de Seguridad imputado formalmente en la causa por espionaje ilegal. Tampoco se conocieron más avances ni detalles de la investigación.
La primera filtración de las carpetas incluyó solamente los nombres de las personas y empresas supuestamente espiadas, pero ninguna otra información al respecto. Recién ahora, en los últimos días de septiembre, salieron nuevos audios de Sain –que datan de su paso por el gabinete de Perotti– que se relacionan directamente con algunos de los nombres propios que aparecen en el listado de las 661 carpetas.
Hasta ese momento, los audios de Sain no habían generado otra cosa que indignación –en determinados sectores políticos– por el tono de los mensajes y las bravatas del ex ministro contra la Policía y contra los intendentes. La permanencia de Sain en el gabinete de Perotti era difícil de sostener, sobre todo por los escasos resultados logrados en materia de seguridad, algo que se vio agravado por el enojo que generó, en propios y ajenos, la forma en que el ex ministro se refería a los santafesinos en general y a determinados dirigentes en particular.
Sin embargo, en la última filtración aparecieron mensajes concretos en los que Sain aludía a dos empresarios de medios concentrados: el accionista mayoritario de La Capital y Canal 3 de Rosario, Gustavo Scaglione, y el CEO del grupo El Litoral, Nahuel Caputto.
De acuerdo a esas escuchas, que forman parte del material probatorio secuestrado en los allanamientos de noviembre de 2021, Sain habría ordenado investigar a los empresarios de medios en busca de irregularidades que permitieran abrir causas formales en su contra, algo que finalmente no ocurrió durante su paso por el gobierno y tampoco después de su salida.
La última filtración también alude al vínculo entre el ex ministro Pullaro y el ex jefe de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, condenado a 10 años de prisión como miembro de una banda narco. Pullaro considera que se trata de una operación que busca dañar su imagen en la previa de la campaña electoral de 2023 en la que buscará instalarse como candidato a gobernador.
El único elemento de las escuchas filtradas que tuvo consecuencias concretas, hasta ahora, es un mensaje de audio enviado por el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, en el cual le asegura a Sain haber influido para hacerlo “zafar” de investigaciones judiciales y revela que la funcionaria del Organismo de Investigaciones del MPA, Débora Cotichini, “viene complicada por filtraje de información”.
“Estuve peleando con este tema y pude hacer zafar un montón”, le dice Somaglia a Sain en ese extracto de audio que fue divulgado por medios rosarinos. “Con varias escuchas pude hacer con determinadas situaciones que fueron autorizadas por un juez. Es decir, pude limar muchísimo. Hay muchas cosas que yo laburo que vos no tenés ni idea, siempre con el mismo objetivo, que es el paraguas y la protección tuya”.
La divulgación de ese audio desató críticas a coro de todos los sectores de la oposición, que interpretaron que esos mensajes son prueba fehaciente de maniobras de presión sobre la Justicia y tráfico de influencias por parte del Poder Ejecutivo. De inmediato, el gobierno forzó la salida de Somaglia del proceso de selección de postulantes para los cargos del MPA y del Servicio Provincial de la Defensa Penal. Quedó oficializado a través del decreto Nº 1888/22 firmado el 26 de septiembre por el gobernador Perotti y la ministra de Gobierno Celia Arena, quien ahora quedó a cargo –junto al fiscal de Estado Weder– de los concursos para cubrir los cargos jerárquicos de los organismos del sistema penal, cuyos mandatos concluyen en 2023.
