En el marco de la causa por espionaje ilegal, en la que se investiga al ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain, se filtró un listado con 661 perfiles de jueces, fiscales, políticos, empresarios, abogados, sindicalistas y policías.
La investigación que llevan adelante dos fiscales santafesinos contra Marcelo Sain y otros ex funcionarios del Ministerio de Seguridad por presunto espionaje ilegal a través de recursos del gobierno provincial, incluye una amplia y variada lista de 661 perfiles o carpetas integrada por jueces provinciales y federales, fiscales, políticos, empresarios de diferentes rubros, abogados, sindicalistas, policías, legisladores, medios de comunicación, instituciones deportivas, asociaciones sanatoriales, desarrolladores inmobiliarios, constructoras, ex y actuales funcionarios, entidades gubernamentales, cooperativas y hasta establecimientos educativos, entre otros.
De la nómina de 661 carpetas que investigan los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sobresalen los nombres de la jefa de Policía santafesina Emilce Chimenti, del actual ministro de Seguridad Jorge Lagna, del ex gobernador Antonio Bonfatti, de diputados provinciales como Maximiliano Pullaro, Walter Ghione, Julián Galdeano y Julio Garibaldi, del diputado nacional Roberto Mirabella
También figuran funcionarios judiciales como los fiscales de Rosario Matías Edery, Mariano Ríos Artacho, Adrián Spelta y Aquiles Balbis, el juez federal Marcelo Bailaque y el jefe de Departamento de Inteligencia Criminal -Zona Norte- del Organismo de Investigaciones del MPA Rolando Galfrascoli.
Un informe sobre espionaje ilegal y escuchas telefónicas salpica a Sain
Además, aparecen la vicegobernadora Alejandra Rodenas y otros funcionarios del gobierno provincial como Osvaldo Aymo (Seguridad Vial) y Lautaro Sappietro (del área de Armas del Ministerio de Seguridad de Santa Fe).
Entre los “espiados” del sector privado figuran nombres de profesionales de la salud como Roberto Villavicencio (Grupo Oroño), Pablo, Alfonso y Andrés Quaranta (Sanatorio de la Mujer), Eduardo Javkin (vicepresidente del Sanatorio de Niños y padre del intendente de Rosario Pablo Javkin) y Fabián Fay (laboratorios Cibic). También figura entre los “perfiles” el empresario gastronómico Roberto Dutra y el empresario de turismo Hugo Oldani, asesinado en Santa Fe en febrero de 2020.
En la amplia y variada lista hasta aparecen nombres de víctimas de homicidios dolosos en la ciudad de Rosario, como los casos de Fernando Dipré, el titular de una escuela de conductores asesinado de un tiro en la nuca el pasado 2 de marzo; y del ex pastor evangélico y concejal rosarino Eduardo Trasante, ultimado el 14 de julio de 2020 en su casa de San Nicolás al 3600.
Fuerzas de seguridad como Prefectura Naval Argentina, organizaciones sindicales y entidades gubernamentales como el Concejo de Rosario, las Municipalidades de Baigorria, San Lorenzo, Rosario, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, entre otras, figuran entre las carpetas secuestradas de las oficinas del Ministerio de Seguridad provincial, indicaron.
Entidades deportivas como Newell’s Old Boys, Jockey Club y Provincial; el ex vicepresidente del club leproso Cristian D’Amico, empresas cuyos directivos permanecen bajo la lupa de los investigadores como Petroquímica Bermúdez y Vicentin, instituciones que fueron intervenidas como la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín; e inclusive el empresario y ex dirigente portuario Herme Juárez también integra la nómina.
La causa se enmarca en la investigación que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, quienes el pasado 26 de noviembre ordenaron allanamientos en las sedes de Santa Fe y de Rosario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios y tras los operativos, una decena de funcionarios de la cartera de Seguridad de la provincia renunciaron a sus cargos.
Con información de El Ciudadano y Aire Digital
