El Estado reconoce la necesidad del trabajo intersectorial para dejar atrás las lógicas del manicomio.
En 1948 la Organización Mundial de la Salud estableció que “salud” no significa sólo la ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar físico, mental y social. En otras palabras: no hay salud posible sin el equilibrio entre estos factores. Más de medio siglo después, la pandemia de Covid 19 evidenció la crisis civilizatoria que transita la humanidad y que, para gozar de buena salud, es necesario gozar del derecho a comer, a estudiar, al trabajo digno y a un proyecto de vida.
Las causas del coronavirus se vinculan con el sistema global de producción agroindustrial. Y entre las consecuencias se cuenta un aumento de la desigualdad a escala planetaria. En 2021, mientras crecía el número de personas afectadas por la pandemia, 828 millones de personas padecieron hambre: 46 millones más que en 2020 y 150 millones más que en 2019. El evidente desequilibrio entre los factores que mencionaba la OMS hace más de 50 años afecta a la salud mental: el organismo multilateral informa que las consultas por padecimientos psíquicos aumentaron un 25% en la llamada pospandemia.
¿Cómo se aborda esta situación desde el Estado provincial? Recientemente, Santa Fe sancionó su plan de salud mental, que ordenará las directrices en políticas públicas de la provincia. Se trata de un trabajo colectivo, en el que participaron el Estado y la sociedad civil. “La política de salud mental es intersectorial. Por eso la propuesta concreta fue diseñar un plan construido participativamente”, explica Celina Pochettino, titular de la Dirección provincial de Salud Mental.
El plan tiene por objeto avanzar en el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2009. Es decir: transicionar desde el modelo hospitalocéntrico, que durante años abordó la salud mental desde la perspectiva del encierro y la medicalización, a un modelo integral y comunitario, que busque la garantía de derechos como un rasgo imprescindible del bienestar mental.
Esto implica, explica Pochettino, una reformulación del sistema de atención y cuidados, que incluya el fortalecimiento de la atención primaria y de los hospitales generales, estos últimos como ámbitos de atención de las situaciones de crisis graves. La funcionaria también apunta hacia la sustitución de los hospitales “monovalentes” —aquellos “especializados”, como los hospitales psiquiátricos— por servicios comunitarios, con un sistema de apoyos para las personas que lo requieran. Como ejemplo, cita la necesidad de una política habitacional que dé respuestas a quienes aún permanecen internados en los hospitales por situaciones de salud mental, destacando que “el hospital no es un lugar para vivir”.
Pochettino sostiene que “la pandemia permitió poner en agenda a la salud mental porque tuvimos que aislarnos para cuidarnos, y eso es un contrasentido en salud mental, donde para cuidarnos hay que disponer de lazos sociales”. Y añade: “Hay algo de esta época que tiene que ver con la precarización de la existencia, en el sentido de cierto desencuentro de las personas. La pandemia profundizó las dificultades del encuentro social y comunitario. Hay algo muy marcado en esta época, que es la dificultad de hablar”. Según datos relevados en las ciudades de Santa Fe y Rosario por la cartera de Salud, en 2021 se duplicaron las consultas en salud mental respecto a 2019. En 2022, se triplicaron.
La entrevistada sostiene que es fundamental “que la agenda de salud mental sea de todos los ministerios, si queremos transformar la cultura de segregación de quien sufre en salud mental”.
Mariana Bonelli es psicóloga y trabaja en el centro de atención primaria de la salud del barrio Paprocki de Monte Vera, una barriada donde se viven situaciones complejas en términos de acceso a derechos básicos. La profesional recibe situaciones ligadas a la ansiedad, a lo depresivo y al consumo problemático de sustancias. La pandemia de coronavirus dejó —evalúa Bonelli— diversos tipos de pérdidas, “de vidas, pero también de trabajo y de proyectos de vida”. Sobre este punto, sostiene: “También se ven cambios en las dinámicas de las parejas, sujetos que tienen la sensación de un tiempo perdido y personas para las cuales el encierro significó revivir escenas traumáticas de otros momentos de su vida”.
En este contexto, y siempre situando su palabra desde el lugar donde trabaja, considera que “no se han incrementado demasiado los recursos humanos en el territorio”. En un ámbito como el dispensario de un barrio, lugar de acceso para muchas personas al Estado, la dificultad en la articulación intersectorial va en desmedro de una buena atención, porque para que haya buena atención, hay muchas urgencias cotidianas que resolver diariamente. “Los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, están bastante precarizados, entonces hacen un trabajo muy difícil de llevar adelante”, grafica Bonelli. “Además, es difícil ponerse de acuerdo con los compañeros de otros equipos. A veces nos cuesta coincidir y ponernos de acuerdo en algunas cuestiones y ya no disponemos de tantos espacios para conversar algunas cosas”, puntualiza.
La crisis social se traduce en un impacto en la salud mental. A la precarización económica se suman las dificultades para el encuentro con otras y otros. Este desequilibrio incide en la salud entendida como un estado de bienestar que depende de múltiples factores. “Hoy muchos equipos del Estado derivan a las personas a atención psicológica. Todos piensan que eso debería estar a cargo del primer nivel de atención. Quienes trabajamos en el primer nivel de atención entendemos que esto es una parte de nuestra asistencia, pero no la fundamental. Lo fundamental sería poder tener espacios más abiertos, de encuentros comunitarios”.
