Después de muchos vaivenes, Milei ratificó que volverá a estar a cargo de la cartera que ya ocupó entre 2015 y 2019, en la que dejó como saldo los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y un respaldo ilimitado a la violencia de las fuerzas de seguridad.
Después de muchos vaivenes, y tan sólo dos meses después de acusarla de poner bombas en jardines de infantes, Javier Milei confirmó que Patricia Bullrich volverá a estar a cargo de la cartera que ya ocupó entre 2015 y 2019, en la que dejó como principal saldo los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y un respaldo ilimitado a la violencia de las fuerzas de seguridad.
Luego de varias idas y venidas, ayer había trascendido la versión de que Bullrich iría a la Secretaría de Trabajo, cargo que ya había ocupado entre 2000 y 2001. Pero esta mañana la cuenta de Twitter de la Oficina del presidente electo Javier Milei informó que, finalmente, la ex candidata a presidenta será ministra de Seguridad, lugar para el cual había sonado desde un principio.
En la misma publicación, además, Milei anunció que el ex ministro de Justicia Rodolfo Barra estará al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación. Barra perteneció en su juventud a la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, ligada al movimiento fascista Tacuara, y en 1990 asumió como ministro de la Corte Suprema de Justicia menemista. Cuatro años después pasó a la cartera de Justicia, de la cual debió renunciar en 1996 debido al escándalo provocado por la difusión de su pasado filo-nazi.
— Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 1, 2023
De montonera ponebombas a ministra de Seguridad
El currículum de Patricia Bullrich es extenso y deja entrever una enorme capacidad de reciclaje de su parte para mantenerse en las primeras planas de la vida política. Comenzó militando en la Juventud Peronista en 1973, bajo el ala de Rodolfo Galimberti, y debió exiliarse a Brasil y a España con el golpe de Estado de 1976. Luego del retorno de la democracia volvió al país y siguió militando en el peronismo, y en 1993 se convirtió en diputada por la Capital Federal.
Ya entrados los 90 tuvo lugar el primero de sus muchos cambios de bando, y en 1999 se convirtió en secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo el gobierno de Fernando De la Rúa. En octubre del 2000 asumió el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, desde donde impulsó la Ley de Reforma Laboral, que luego pasaría a ser recordada como Ley Banelco merced al escándalo de coimas en el Senado.
Un año después, en octubre de 2001, pasó a ocupar el Ministerio de Seguridad Social. Duró solo un mes, ya que debió renunciar por el repudio social luego de reducir en un 13% los haberes de jubilados y trabajadores estatales. Durante su gestión el desempleo creció de un 15% a un 25%.
Después de esa experiencia, Bullrich creó el partido Unión por la Libertad, con el que compitió por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2003. Cuatro años después, el partido se integró a la Coalición Cívica y Bullrich se convirtió en diputada.
En 2015, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, Bullrich se transformó en ministra de Seguridad. Su gestión tuvo una fuerte impronta de mano dura y un apoyo irrestricto a la violencia de las fuerzas de seguridad convertida en política de Estado. Promovió un nuevo protocolo de represión a la protesta social que fomentaba el uso de armas de fuego y balas de goma, y lo puso en práctica el 22 de diciembre de 2015 -sólo 12 días después de iniciada su gestión- en la represión de Gendarmería a los trabajadores de Cresta Roja en Ezeiza.
Otra de las represiones más recordadas durante la gestión de Bullrich en Seguridad fue la de diciembre de 2017 en el Congreso, en el marco del debate por la Reforma Previsional, que dejó decenas de heridos, incluyendo legisladores y periodistas. En el mismo mes, Bullrich recibió con honores a Luis Chocobar, un policía porteño que había asesinado por la espalda a un ladón mientras huía. "Estamos a su lado y al lado de todos los policías que cuidan a la gente y actúan según su deber", declaró Bullrich, que un año después aprovechó al impulso para dar pie a un nuevo protocolo de reglamentación de uso de armas de fuego en situación de fuga que permitía el uso de armas sin agresión previa y sin dar la voz de alto.
Otro de los puntos clave de su gestión fue el retorno de las Fuerzas Armadas al rol de seguridad interior. Además, promocionó con bombos y platillos una supuesta guerra contra el narcotráfico que, en realidad, perjudicó solo a los perejiles: según un informe de su sucesora Sabina Frederic, en más del 80% de los operativos la droga incautada no superó los 100 gramos.
El corolario del paso de Bullrich por el Ministerio de Seguridad fueron los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 tras una represión de Gendarmería en Chubut, y su cuerpo fue encontrado flotando en el río Chubut 77 días después. Desde el primer momento, Bullrich se puso al hombro -y, por lo tanto, al hombro del Estado argentino- la defensa de los gendarmes, lo que se tradujo en el ocultamiento de evidencia e, incluso, en el espionaje ilegal a la familia de Maldonado. Seis años, dos causas penales y dos expedientes en la Organización de las Naciones Unidas después, ningún responsable fue condenado, y todos los sospechosos fueron absueltos, mientras la familia de la víctima denuncia un "pacto de impunidad" entre Bullrich, Gendarmería y la Justicia.
Absolvieron a los gendarmes en la causa de Maldonado y la familia denuncia un "pacto de impunidad"
En noviembre de 2017, Rafael Nahuel, miembro de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, fue asesinado por un tiro en la espalda de un oficial de Prefectura, en el marco de un reclamo territorial en el Lago Mascardi, en Río Negro. Al igual que con Maldonado, Bullrich asumió la defensa del prefecto, argumentando que los mapuches estaban armados con "armas de grueso calibre". Sin embargo, en mayo de 2019, la Justicia señaló la falsedad de esta versión y aseguró que "en lugar de una defensa legítima hubo una masacre". Hace unos días, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por homicidio agravado y a otros cuatro prefectos -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- a 4 años y medio como partícipes necesarios por el mismo delito.
