De la ONU a la CGT: amplio repudio al “Protocolo Antipiquetes” de Patricia Bullrich

ONU, Madres de Plaza de Mayo, CGT, CTA: el protocolo de Patricia Bullrich contra la protesta social está recibiendo repudios por todos los frentes. Destacados especialistas en derecho de diversas corrientes también rechazan la medida.

El relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, publicó en su cuenta de Twitter una serie de cuestionamientos al “protocolo antipiquetes” presentado esta semana por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”, escribió. Añade que a raíz de esto, seguirá de cerca los acontecimientos en nuestro país.

Fueron múltiples las organizaciones sociales y agrupaciones políticas que esta semana expresaron su rechazo al nuevo protocolo de Seguridad. Madres de Plaza de Mayo se pronunció en un duro comunicado titulado: “Pará la mano, Milei”.

En el mismo repudian al protocolo sobre las protestas que anunció la ministra de Seguridad por considerarlo "violento, inconstitucional y fascista" y advirtió que se trata de un conjunto de directivas que violan "las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura", y sostienen que recuerda al "comunicado N°1 de la Junta Militar del 24 de marzo de 1976".

"Con la medida, el Gobierno asume para sí facultades que son propias del Poder Judicial, violando las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura. Además, consagra el espionaje contras las organizaciones sociales, políticas y sindicales con el pretexto de la seguridad pública", expresaron las Madres.

 

Este viernes, las dos centrales obreras mayoritarias se pronunciaron al respecto: la CGT y la CTA.

La conducción de la CGT, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, aseguró que "la Constitución Nacional es la única garante del Estado de derecho", y denunció que "el protocolo determinado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, es una estrategia para criminalizar la protesta social" en la Argentina.

"La Constitución Nacional es la única garante del Estado de derecho. El protocolo difundido por Bullrich es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social que, luego de los anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo, implica vulnerar el efectivo ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y sindical", sostuvo la central obrera en un documento de prensa.

La CGT denunció ese protocolo de seguridad y aseveró que "la medida vulnera libertades individuales y colectivas y no favorece el clima social, que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, un elemento esencial para la libertad sindical".

Por su parte, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky rechazó la resolución de Ministerio de Seguridad sobre la protesta social al considerar que esa normativa "restringe la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades".

"Utilizando el argumento de establecer un 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación' la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, introduce elementos peligrosos y violatorios del estado de derecho, como la autorización para realizar tareas de “inteligencia” sobre los dirigentes y organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, o políticas, que organicen las protestas", señalaron desde la CTA de los Trabajadores en un comunicado.

Para la central, está claro que con esta iniciativa "se intenta amedrentar a la población para callar las legítimas manifestaciones públicas que surgirán tras los efectos brutales de sus propias políticas de ajuste".

Desde el derecho

Especialistas de corrientes diversas como Oscar Blando, Andrés Gil Domínguez y Roberto Gargarella expresaron su opiniones respecto del protocolo implementado por el gobierno nacional.

Blando es directo en su expresión, además de recordar el lugar que tiene la protesta social en el derecho constitucional.

Domínguez señala la primacía del derecho a la libertad de expresión por sobre otros derechos y, además, indica que su reglamentación sólo puede realizarse a través de una ley del Congreso.

Gargarella recuerda que hay exigencias del sistema interamericano de Derechos Humanos, al cual Argentina adhiere.

 

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