La ministra de Seguridad anunció que las fuerzas federales intervendrán para neutralizar las manifestaciones en la vía pública. Buscarán identificar a quienes participen y cobrarle los gastos de los operativos a las organizaciones.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó hoy el nuevo "protocolo para el mantenimiento del orden público" y advirtió que "si se toma la calle va a haber consecuencias". En concreto, anunció que "las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal" intervendrán "frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales".
"La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple", manifestó Bullrich al presentar el nuevo protocolo, que abarca la identificación de las personas que participen de los cortes, la aplicación de leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos de los operativos a las organizaciones. El mismo, según la ministra, fue elaborado "por instrucción del presidente" Javier Milei.
"Si hay un delito flagrante" las fuerzas podrán intervenir "de manera inmediata" de acuerdo con "los códigos procesales vigentes", aseguró Bullrich, que adelantó que se presentará "una nueva ley" en el corto plazo y que, hasta entonces, los delitos se determinarán "de acuerdo al artículo 194 del Código Penal", que contempla la prisión de tres a dos años para las personas que entorpecieren "el normal funcionamiento de los transportes".
Según el protocolo, la actuación de las fuerzas federales se circunscribirá a las zonas federales. En este sentido, Bullrich instó a las fuerzas provinciales a "actuar en las zonas de su competencia para tener un verdadero trabajo en común". "Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz", expresó la ministra, que recalcó que "serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos" y prometió también "sanciones a aquellos que lleven niños" a las manifestaciones.
Aun si los cortes contemplaran vías alternativas, las fuerzas podrán intervenir para liberar las principales, según expresó Bullrich, que aseguró que "las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, y será graduada en proporción a la resistencia".
Además, el protocolo contempla la creación de un registro de las organizaciones que participen en las manifestaciones, e incluso el cobro a las mismas de los gastos que demanden los operativos. "El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos", afirmó Bullrich.
Volvieron mejores
La iniciativa de Bullrich no resulta sorpresiva teniendo en cuenta su prontuario -no, no estamos hablando de eso-. En su anterior gestión en la cartera de Seguridad había promovido un protocolo similar de represión a la protesta social -que, cabe recordar, es un derecho humano fundamental garantizado constitucionalmente-, que puso en práctica por primera vez el 22 de diciembre de 2015 -sólo 12 días después de iniciada su gestión- en la represión de Gendarmería a los trabajadores de Cresta Roja en Ezeiza.
Otra de las represiones más recordadas de la gestión Bullrich fue la de diciembre de 2017 en el Congreso, en el marco del debate por la Reforma Previsional, que dejó decenas de heridos, incluyendo legisladores y periodistas. En el mismo mes, Bullrich recibió con honores a Luis Chocobar, un policía porteño que había asesinado por la espalda a un ladón mientras huía. "Estamos a su lado y al lado de todos los policías que cuidan a la gente y actúan según su deber", declaró Bullrich, que un año después aprovechó al impulso para dar pie a un nuevo protocolo de reglamentación de uso de armas de fuego en situación de fuga que permitía el uso de armas sin agresión previa y sin dar la voz de alto.
La criminalización de la protesta y el auspicio estatal de la violencia de las fuerzas de seguridad que fueron el signo de la gestión Bullrich tuvieron su corolario en los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en los que la ministra defendió activamente el accionar de los gendarmes y prefectos implicados y culpabilizó a las víctimas asociándolos a supuestas facciones armadas. Cuatro años después, la doctrina Bullrich está de vuelta, y cuenta con un respaldo aún más homogéneo al interior de la fuerza gobernante.
"Es ilegal e inconstitucional"
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el nuevo protocolo de represión a la protesta y lo calificó de "ilegal e inconstitucional". "Ante el anuncio de implementación de un protocolo antiexpresión por parte de la cartera de Seguridad la ATE no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y de protesta", afirmó el secretario general del gremio Rodolfo Aguiar.
"La medida anunciada por la ministra se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios", añadió Aguiar, que recordó que el derecho constitucional a la huelga está amparado por tratados internacionales de derechos humanos de los que la Argentina es parte.
