El retiro del Estado nacional alienta a los gobernadores a cubrir sus funciones. La foto Pullaro-Kicillof y las nuevas relaciones de poder en un país que ya no se puede leer desde la lógica de la “grieta”.
Vínculos directos entre provincias siempre hubo. Forman parte de una lógica antigua que consiste en el armado de bloques de poder para enfrentar adversidades o para avanzar en forma integrada hacia objetivos comunes. Lo inédito de este momento histórico en la Argentina de Javier Milei es que esos vínculos ahora se multiplican para tratar de ocupar el vacío de un Estado nacional en permanente retirada.
En apenas cinco meses de gestión, el gobierno nacional de Javier Milei dio sobradas señales de su intención de abandonar sus funciones básicas. Y en muchas áreas, ya está ocurriendo. Ante ese desplazamiento, los Estados provinciales empiezan a asumir roles cada vez mayores.
Por eso no llama la atención el vínculo que forjaron los gobernadores de Santa Fe y de Buenos Aires, Maximiliano Pullaro y Axel Kicillof, más allá de sus diferencias partidarias. En los últimos dos meses, ambos mandatarios se reunieron dos veces y pusieron en marcha convenios de cooperación mutua en materia de seguridad pública.
Cuando le preguntaron al bonaerense por los motivos que derivaron en esa visible cooperación, impensada hace solo unos pocos meses, respondió breve y contundente: “Lo que cambió está a la vista. Cambió que Milei es presidente”.
Motosierra a las provincias
Desde su asunción, Milei paralizó la obra pública nacional y dejó a las provincias libradas a su propia suerte. Una de las primeras medidas de la Nación fue eliminar los fondos fiduciarios que las provincias usaban para ejecutar obras públicas. Se trata de un recorte de 2.000 millones de dólares sumados el Fondo de Integración Socio Urbana (obras para los barrios más pobres), el de Infraestructura Hídrica y el de Infraestructura Regional.
También cerró el grifo de los subsidios para el transporte público, salvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una decisión que le valió críticas de todos los mandatarios provinciales más allá de los colores políticos. Tras la eliminación del Fondo Compensador para el Transporte del interior del país, en la ciudad de Santa Fe el boleto aumentó de 220 a 700 pesos en solo un mes. Ahora, el intendente Juan Pablo Poletti anunció que la tarifa volverá a subir en los primeros días de junio y dijo que el Municipio trababa para que no supere los 1000 pesos.
La continuidad de la obra púbica y los aportes para sostener el precio del boleto de colectivos quedaron a cargo de las administraciones locales ante la deserción del Estado nacional. Lo mismo ocurre con las políticas sociales: desde que Nación cortó el envío de alimentos, son los municipios y las provincias quienes deben afrontar esos gastos.
Con la decisión de Milei de cortar las transferencias no automáticas a las provincias, se terminaron las partidas para financiar el déficit de las cajas jubilatorias. En Santa Fe, la “solución” a ese problema consistió en la conformación de una comisión especial que tendrá a su cargo el estudio de una serie de reformas para volver “sustentable” el régimen jubilatorio. El déficit, una vez más, lo pagarán trabajadores y jubilados.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en los primeros cuatro meses de 2024 las transferencias no automáticas a las provincias cayeron casi un 90% respecto del mismo período de 2023.
A todos esos ítems hay que sumar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente que representaba alrededor del 10% de los salarios del sector. Como en todos los casos anteriores, los Estados provinciales debieron hacerse cargo de cubrir ese recorte con fondos propios.
En todos los distritos del país se han registrado conflictos salariales porque los recursos son finitos y no alcanzan para satisfacer todas las demandas. La situación en Misiones, donde la Policía salió a la calle a reclamar mejoras salariales, es una imagen que sintetiza en toda su complejidad la Argentina de Milei.
Sin grieta en seguridad
El único aporte concreto que hizo hasta ahora la Nación en nuestra provincia fue el envío de fuerzas federales y equipamiento para enfrentar a las bandas narcocriminales en la ciudad de Rosario.
Pero no solo la Nación hizo su aporte: también la provincia de Buenos Aires, que envió 80 camionetas de la Policía por decisión del gobernador Kicillof, lo que le valió un sinfín de críticas al mandatario peronista por ceder a otro distrito equipamiento adquirido con recursos de los bonaerenses.
El trabajo articulado entre las gestiones de Pullaro y Kicillof comenzó en el verano y salió a la luz en marzo, en medio de la asolada criminal que sacudió a Rosario. El mandatario bonaerense pasó por alto las diferencias políticas que puede tener con su par santafesino –un peronista y un radical, al fin y al cabo– y Pullaro valoró el gesto, cuando lo recibió el Rosario el pasado 17 de mayo. En materia de seguridad pública, no hay grieta posible, coincidieron.
Durante la visita de Kicillof a Rosario, Pullaro le agradeció por el aporte en materia de seguridad y reveló que el trabajo conjunto entre ambos gobiernos consiste en “compartir inteligencia criminal que nos permitiera a nosotros adelantarnos al delito, pero fundamentalmente tener la información necesaria porque los límites jurisdiccionales no son los mismos que tienen las organizaciones criminales”.
Según Pullaro, “hay organizaciones de Santa Fe que cometen delitos en la provincia de Buenos Aires y hay organizaciones de Buenos Aires, fundamentalmente de los límites, que cometen delitos en la provincia de Santa Fe”.
El gobernador santafesino recordó que, en los primeros días de marzo, cuando se sucedieron los ataques narcoterroristas en Rosario, “recibimos el acompañamiento del gobierno federal, que estuvo trabajando al lado nuestro, pero también de los gobernadores. Y en particular, quiero destacarlo, el acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No fue menor para ordenar esta discusión, que es una discusión federal y nacional”.
Kicillof mandó 80 móviles a Rosario y puso 400 policías, drones y helicópteros a disposición
Pullaro no pasó por alto el costo político que debió pagar Kicillof en su provincia por haber ayudado a Santa Fe ante la anémica respuesta del gobierno de Milei: “Los móviles que hoy están patrullando en Rosario fueron comprados con recursos de la provincia de Buenos Aires. Y yo vi críticas, incluso de nuestra propia coalición, al gobernador de Buenos Aires, que ha tenido que pagar un costo político por eso”.
Kicillof tiene un diagnóstico similar: “Estamos destinados al fracaso si combatimos los problemas de narcotráfico de Buenos Aires como si afectaran solamente a Buenos Aires o los problemas de Santa Fe como si afectaran solamente a Santa Fe”.
“Les sorprendería saber los contactos que hay entre gobernadores. Había un prejuicio sobre las capacidades de poner una agenda y temas en común entre los gobernadores de diferentes espacios. El gobierno de Milei se inauguró, con un nivel desconocido hasta ahora, de violencia con respecto a los gobernadores, diputados y senadores”, agregó el dirigente peronista.
A su vez, recordó que luego de esas expresiones violentas contra los Estados provinciales “empezaron a cortar recursos que no eran discrecionales sino basados en leyes, normativas y acuerdos”, y agregó: “Ante estas situaciones, se hicieron más asiduos los intercambios, a veces, en materia de cooperación”.
La rueda de auxilio
Por el tamaño de su población y de su economía, Buenos Aires es –por lejos– la provincia con mayores recursos propios del país. Eso le permitió a Kicillof convertirse en una especie de rueda de auxilio de sus colegas. El aporte de equipamiento de seguridad para Santa Fe no fue la única movida política del mandatario bonaerense.
La provincia de Buenos Aires también firmó un acuerdo con Chubut a través del cual le cedió 15 ambulancias en comodato. El gobernador sureño, Ignacio Torres, pertenece al PRO-Juntos por el Cambio y había sido uno de los primeros en enfrentar las políticas unitarias de Milei. Como ocurrió con Pullaro, Kicillof dejó de lado su pertenencia política y asistió a su colega de Chubut.
En el mismo sentido, el gobernador de Buenos Aires hizo colaboraciones concretas ante las inundaciones en Entre Ríos, otra provincia gobernada por el PRO de la mano del ex ministro Rogelio Frigerio. Cuando le preguntaron el motivo, Kicillof le apuntó directo a Milei: “Hay una idea de disolución nacional y de que las provincias se tienen que arreglar como puedan”.
Las diferencias políticas entre Kicillof y Pullaro son notorias. Lo mismo ocurre con Torres y Frigerio. Esas diferencias quedaron a la vista durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional y también cuando los propios gobernadores debieron sentar posición respecto al proyecto de país que impulsa el presidente.
La gran incógnita en esta Argentina hiper fragmentada de 2024 es cuánto durará la cooperación entre las provincias y qué va a pasar cuando los proyectos políticos de los gobernadores entren en conflicto y terminen colisionando.
