El gobierno de Milei llamó a licitación más de 700 kilómetros de seis vías que atraviesan Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires y son parte de un corredor vial clave para el comercio con el Mercosur.
El gobierno de Javier Milei publicó el llamado a licitación de más de 700 kilómetros de seis rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires y son parte del Corredor Vial 18, clave para el comercio con el Mercosur. El argumento es que "resulta conveniente delegar en el sector privado" su mantenimiento para "reducir el gasto público".
La privatización de las vías se oficializó hoy en el Decreto 28/2025. Se trata de tramos de las rutas 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay), 14 (desde Ceibas hasta Paso de los Libres), 135 (de Colón a General Artigas), A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande), 117 (de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional entre Argentina y Brasil), y 174 (de Rosario a Victoria), y serán licitados en un plazo de un año.
El corredor conecta cuatro provincias distintas y comprende también tres pasos fronterizos con otras naciones: el Puente Internacional General Artigas, que une Colón (Entre Ríos) con Paysandú (Uruguay), el acceso a la Represa Binacional Salto Grande, entre Concordia (Entre Ríos) y Salto (Uruguay), y el Puente Internacional Paso de los Libres, que comunica dicha ciudad correntina con Uruguaiana (Brasil).
En este sentido, el decreto reconoce que el corredor vial "es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercosur", e informa que se otorgarán las concesiones "para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales".
Hoy las rutas dependen de la Dirección Nacional de Vialidad y están concesionadas a Caminos del Río Uruguay (CRUSA), con un contrato que vence el próximo 9 de abril. La empresa, que reclama al Estado unos 300 millones de dólares aduciendo un incumplimiento del contrato y atraso de tarifas, ya propuso extender la concesión a cambio de dar de baja la demanda.