ANUARIO 2024 | A pesar de las órdenes judiciales, el Gobierno nacional se empecinó en provocar el hambre a los sectores más desprotegidos y no entregar toneladas de alimentos a comedores.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue protagonista de una de las políticas más crueles del Gobierno nacional: suspender el reparto de alimentos a comedores que asisten a los sectores más vulnerables. Esta decisión provocó una causa judicial con resultados judiciales adversos para el Gobierno nacional.
La causa inició luego de que el dirigente Juan Grabois advirtiera que Capital Humano había dejado de entregar alimentos a las organizaciones sociales. De este modo, se conoció que había más de 5.000 toneladas de productos guardados.
Por este motivo, a fines de mayo, el juez Sebastián Casanello le ordenó al ministerio que presente un plan de reparto de la comida. El juez le ordenó a Pettovello que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”. En tanto, en junio, la Cámara Federal porteña confirmó la medida cautelar ordenada.
La causa iniciada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) continúa siendo tramitada como un amparo colectivo, de acuerdo a los dispuesto por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa. A su vez, el expediente solicitó una medida cautelar para que la cartera que comanda Pettovello entregara la provisión necesaria para el sostenimiento de los comedores registrados.
Sin embargo, la resistencia judicial continúa ante el ataque del Gobierno nacional, que ha intentado apelar constantemente sus decisiones al impugnarlas por entrometerse en política. La UTEP denunció al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en particular a Sandra Pettovello, por la destrucción de las políticas alimentarias y sociales. La organización pidió esta audiencia luego de que el gobierno nacional ignoró ocho fallos judiciales que le ordenaron al ministerio de Capital Humano garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable.
Después de la presentación de la denuncia, la CIDH otorgó al Gobierno un plazo de 30 días para que presente una respuesta escrita respecto a las denuncias, con el objetivo de evaluar si se están vulnerando los derechos humanos de los sectores más afectados por las políticas actuales.
Por último, la Justicia Federal intimó a Capital Humano para que incorporara a 66 comedores comunitarios en el Programa Alimentar Comunidad, después de la medida cautelar presentada por la UTEP y el CELS.